Se llama Úrsula. Hoy tiene 42 años. En 2010 atesoraba una carrera brillante de 10 años trabajando en diversas consultorías para un mismo cliente, una de las grandes compañías de comunicación de este país. Pasó por varios puestos, hasta el de gestora de presupuestos. Se quedó embarazada. “Mi embarazo no salpicó nada al cliente: me hacía las ecografías fuera del horario laboral, los análisis los sábados, no bajé el ritmo…”, cuenta. Dio a luz, y antes de incorporarse de nuevo, algún compañero le comentó: “Úrsula, ve a hablar con el jefe, que está la cosa fea”. Y tanto.

El cliente decidió prescindir de ella, y comenzó la pesadilla. Volvió a la consultora, y la fueron relegando de la sección de personal a la recepción, con un sueldo y una categoría reconocidos de analista programador. Le propusieron, además, rebajarle a la mitad el sueldo.

Úrsula cuenta escenas dantescas, como la de pasar un día tras otro sin que nadie le asignara una sola tarea, o que, delante de todos, la levantasen de su puesto y la colocasen en una esquina, o que le dijeran repetidas veces que a la semana que viene la despedirían… para luego nunca hacerlo, o que tres jefes la llevasen a un despacho sólo para enfrentarse a ella. Lo pasó como pudo, con Lexatin y una pretendida fortaleza. Al final, denunció a ambas empresas por discriminación laboral y acoso. “¿Era por ser mujer? Pues no lo sé. Es que aún no lo entiendo. Lo que sí tengo claro es que lo que me hicieron a mí no tienen cojones de hacérselo a un hombre”, cuenta ahora.

Por supuesto, casos como el suyo no son la norma. Del último informe (2012) de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desprende que sólo un1,34% de sus actuaciones en materia de igualdad y no discriminación por razón de género delata alguna infracción. Pero las denuncias (de las que el CGPJ carece de datos) sí son el exponente más extremo de una sociedad que, en el ámbito laboral, sigue siendo desigual. Y en la que, con la crisis, se le han cortado las alas a los empeños de igualdad.

Así lo corrobora el Informe del Foro Económico Mundial World Gender Gap Report. Se trata del mayor estudio a nivel mundial sobre desigualdad entre hombres y mujeres. En el ranking que elabora esta institución, España ha pasado de ocupar, en 2009, la posición diez entre los países con mejores condiciones de igualdad hasta la 30 en la que se sitúa en 2013. Una situación que se refleja en la administración central.

María José Ramo, socia del departamento Laboral de Garrigues (una firma que en un 90% de los casos defiende a empresas, aunque también representa trabajadores), enumera las causas más comunes de litigiosidad en el ámbito laboral relacionadas con el sexo. Primero, los temas de la concreción o reducción de jornada, por ejemplo en el caso de mujeres que la reclaman por guarda legal (que se ha ampliado recientemente hasta los 12 años del menor), puesto que da lugar a diversas interpretaciones, incluso en los tribunales, respecto a si esa reducción tiene que afectar a todos los días de trabajo o puede acumularse en uno.

Segundo, por despidos, “aunque por un lado se suele intentar llegar a acuerdos, y por otro todo el mundo está muy sensibilizado con que una mujer embarazada, o, como se dice, ‘blindada’ por haber solicitado determinados permisos de conciliación, es muy difícil de despedir, y que el riesgo de queel despido se declare nulo es muy importante”. Tercero, y poco comunes, los casos de acoso, como el de Úrsula, o discriminación por razón de sexo (el hecho de que una mujer no ascienda entre candidatos de misma trayectoria, por ejemplo), más sutiles y más difíciles de demostrar.

“En general”, opina Ramo, “las empresas están mucho más sensibilizadascon estos temas, lo que no impide que haya personas o compañías que sigan discriminando”. Quizá no lo hagan, quizá todo sea cuestión de una ‘herencia recibida’ cuya inercia aún no se ha subsanado, pero el caso es que los datos indican que la mujer en la empresa sigue ocupando un puesto secundario.

En cuanto al sector privado, los administradores de las sociedades españolas siguen siendo en su gran mayoría hombres, según se desprende del análisis de datos del Registro Mercantil que realiza Dato Capital en colaboración con este diario. En los últimos años, casi no ha habido variaciones en este sentido.

Pongamos que se llama María, ingeniero de caminos, de unos 44 años. Pidió en su empresa, de palabra, una disminución de jornada para cuidar de su hija.La respuesta, también verbal, fue que se buscaría algún subterfugio para despedirla. Ante la amenaza, decidió no solicitarla. Sin embargo, al año se vio igualmente en la calle, ‘elegida’ no se sabe bien por qué entre otros compañeros… que nunca habían mencionado la posibilidad de una reducción. Su caso lo relata María Fuensanta Salcedo, abogada especializada en derecho laboral de Exaequo Abogados. Recuerda muchos más, que cuenta como un torrente, como el de aquellas mujeres de una empresa de servicios que peleaban por 200 miserables euros sobre un sueldo miserable que no se ajustaba a lo que legalmente les correspondía. Para su jefe, no eran más que ‘carne de cañón’. Parias. Salcedo apunta dos razones: eran mujeres y eran humildes. Sin embargo, se unieron, denunciaron, promovieron una inspección y obtuvieron sueldos e indemnizaciones dignas.

No es lo común. “Las mujeres tienen miedo a ejercer sus derechos”. La frase la pronuncia Rosa María Durango, responsable del área de Empleo de la Federación de Mujeres Progresistas y, con matices y aplicada a diferentes ámbitos, la suscribirían las dos responsables del área de igualdad de los principales sindicatos de este país. Almudena Fontecha, secretaria de este ámbito de UGT, asegura que si bien es cierto que no se han recortado derechos respecto a temas, por ejemplo, como la conciliación, sí ha disminuido el ejercicio de los mismos: “Está relacionado con tus posibilidades en el mercado de trabajo, y en esta situación de amenaza permanente, las mujeres los reclaman menos”. Ana Herranz, secretaria de la Mujer de CCOO, habla, como Durango, de las denuncias: “Es una percepción, porque no hay datos, pero tememos que en este contexto de crisis el miedo a perder el empleo esté retrotrayendo a las mujeres de denunciar casos claros”. Más en los de discriminación indirecta (por ejemplo, que a mayor de cualificación, una empresa promocione a un hombre) que directa (la secuencia embarazo-despido).

Habría que añadir los casos de acoso, tanto sexual como por razón de sexo, los que a las mujeres les cuesta más cuesta llevar ante los tribunales, para cuya denuncia la Federación de Mujeres Progresistas mantiene abierto unbuzón en su web. Durango asegura que en su asesoría jurídica, hoy por hoy, están “viendo cosas que hace tiempo eran impensables”. Por ejemplo, excedencias que se niegan cuando por ley son obligadas. Se niegan, claro está, siempre de palabra: “No es conveniente”.

Devaluación salarial

La precariedad y el miedo a perder el trabajo no son patrimonio de las mujeres, por supuesto. La crisis se ha cebado con los trabajos más precarios y, aunque ha causado más paro entre los hombres, “ha producido un importante quebranto en los salarios de los trabajadores en la parte media y baja de la distribución salarial”, señala Sara de la Rica, catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco e investigadora de FEDEA. En ese nivel más bajo es donde hay más mujeres: “En ese sentido posiblemente las mujeres como colectivo han podido sufrir más la devaluación salarial, pero no por ser mujeres, sino por estar más concentradas en ese colectivo”.

Los trabajos con menores ingresos, los de tiempo parcial, tienen cada vez más peso entre las empleadas. Cambiar esta tendencia, señala De la Rica, es una necesidad para mejorar la igualdad laboral: “Es preciso modificar los horarios, introducir mayor flexibilidad laboral, ampliar la oferta y mejorar el precio de guarderías, y sobre todo, que se deje de considerar que los hijos son algo propio de las mujeres que los tienen”.

“La contratación temporal y parcial, que no es una fórmula elegida por las mujeres, recae mayoritariamente en ellas. La desigualdad retributiva ha aumentado. Y, sin embargo, lo que está ocurriendo es que esta situación se está invisibilizando. Se ve el desempleo de los hombres, y el de las mujeres se considera estructural, y se despacha con un ‘qué le vamos a hacer’”, resume Fontecha, la secretaria de UGT con la que ha hablado este periódico.

Con este panorama, muchas de las mujeres que acuden a la asesoría de la Federación de Mujeres Progresistas “salen del despacho sin saber si estar convencidas de denunciar, aunque les digas que es un caso de demanda clara. Hay más miedo y más vulnerabilidad”, relata Durango. Úrsula, la exempleada de una empresa de comunicaciones, también habla de miedo. Del que siente ante la posibilidad de pisar de nuevo una oficina.

Publicado el 8 de marzo de 2014 en El Confidencial.