LucÃa tiene 40 años y lleva más de 10 ejerciendo la prostitución. Cuatro de ellos en la carretera, hasta 2010, y hoy en las afueras de un polÃgono cerca de Madrid. Sabe bien lo que vende y lo que quiere: “Quiero libertad. Quiero tener la libertad de ejercer en lo que quiero, sin molestar a nadie, y de no hacerlo si no quiero. Los que legislan no nos escuchan. ¿Hablan con nosotras?  Nunca. Y, sin embargo, cuando aprueban un reglamento, dicen que es por nosotras. Que quede claro que no vendemos nuestro cuerpo: vendemos un servicio. Igual que si limpio una escalera no estoy vendiendo mis manos”, recalca.
Desde Europa ha llegado esta semana una resolución que compromete uno de los proyectos del Gobierno español que aborda el tema de la prostitución. Se trata del polémico anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que, entre muchas otras cosas, tipifica como infracción grave “el ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos” en espacios públicos de uso de menores o en los que estas actividades puedan suponer un riesgo a la seguridad vial, es decir, en las carreteras. Según esta redacción, las multas, de 1.000 a 30.000 euros, se impondrÃan no sólo al cliente, sino también a la prostituta.
Es ese punto precisamente el que ahora rechaza Europa, que en la resolución aprobada el pasado miércoles “subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva” contra ellas, además de instarles a no desarrollar nuevas medidas en ese sentido. La primera conclusión es clara: el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, atacada desde muchos otros frentes y por muchos de sus artÃculos -ha sido bautizada como ‘ley mordaza’-, no respeta esta disposición del Parlamento Europeo.
Sin embargo, esta resolución no sólo contradice el camino por el que querÃa ir el Gobierno, sino que tampoco contenta a las asociaciones de trabajadoras sexuales y a algunas organizaciones implicadas en el tema. “Es de una hipocresÃa mayúscula. Si no prohÃbes vender a un centro comercial, pero sà les prohÃbes comprar a sus clientes, estás penalizando al centro comercial”, resume Carmen Briz, portavoz de Hetaira. “En esa resolución se habla de la dignidad de la mujer, pero se da a entender que la prostitución es indigna. El problema es que por mucho que hable de los derechos sexuales de las mujeres, no se les consiente que sean libres de decidir si intercambian sexo por dinero. Y además se aboga por el modelo sueco [de persecución al cliente, con pena de prisión], que lo que consigue es clandestinizar la actividad y estigmatizar a la prostituta”, recalca. La resolución, de hecho, considera tanto la prostitución como la prostitución forzada “formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona”.
“Esto es un trabajo, lo quieran ver o no. Y nosotras siempre hemos demandado un sitio en el que trabajar sin molestar ni ser molestadas, porque tampoco es plato de nuestro agrado incomodar a los vecinos o estar donde hay niños”, narra LucÃa, que no cuenta con más ‘chulo’ que sus obligaciones:“Mis proxenetas son mis facturas del gas, de luz, de alquiler… Este no es un trabajo fácil, y no tiene nada de glamour, por mucho que algunos intenten dárselo: el único glamour está en el momento en que pagas la factura y tienes con qué calentarte”, recalca. LucÃa asegura que en la calle, bajo el sol y la lluvia, hay muchas como ella, con libertad para hablar con el cliente y pactar con él el servicio, y con capacidad para decir: ‘Esto lo hago; esto no’. Las hay también con proxenetas y vÃctimas de la trata. Pero asegura que esa libertad que pueden tener en las carreteras algunas como ella es algo que no existe, ni de lejos, en los clubes: “Allà quien pone las normas es el dueño”, señala; “allà tengo que compartir con él el 50% de las ganancias, y allà se imponen determinadas cosas como normas de la casa: hacer ciertos trabajos, por ejemplo, sin preservativo”.
LucÃa asegura que desde hace un tiempo se siente menos segura, y no más protegida, por las leyes. “Ahora nos acosan. No podemos hablar tranquilamente con el cliente de qué vamos a hacer o qué no, y cada vez tenemos que ir más lejos para prestar un servicio”. De 9 a 3, o de 11 a 7, según la estación del año y la luz que la acompañe. Es el horario de la carretera, que evita la noche “porque la desgracia puede ser a cualquier hora, pero la oscuridad puede ser más propicia”. LucÃa compara su trabajo, como ella defiende que se llame y considere, con el del taxi: “Hay que salir a trabajar, a ver qué tal se da el dÃa. Uno consigues siete clientes y al siguiente, ninguno. Yo el viernes pasado me volvà sin nada a casa, porque las proposiciones que me hicieron no me gustaron”, cuenta. Y dice que sÃ, que a veces bajo la lluvia se plantea que estarÃa mejor en otro trabajo, “pero como cualquier trabajador de cualquier oficio”.
La cuestión para esta prostituta es que tanto el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana -que pena a prostitutas y clientes- como la resolución europea -que propone penalizar sólo a estos últimos- lo que pretenden y consiguen es “aorillar” a las prostitutas, sacarlas de la calles, afincarlas en los clubes. “Al final, quien penaliza al cliente me penaliza a mà también. Estas regulaciones nos llevan a la indefensión. Nos quitan espacios y no nos dan soluciones”, relata esta prostituta. MarÃa José López Armesto,presidenta de la primera cooperativa de prostitutas en España, Sealeer, difiere de la visión de LucÃa sobre la prostitución de carretera -“allà todas tienen su proxeneta”, dice-, pero coincide con ella en las soluciones: “El Gobierno tendrÃa que ver esto desde otra perspectiva. DeberÃan habilitarse sitios para que pudieran ejercer. Y en vez de pagar multas, deberÃan pagar ese alquiler”.
Publicado el 28 de febrero de 2014 en El Confidencial.
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