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Las otras definiciones del valenciano que no le gustarían a la Generalitat

“Valenciano, na. Variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia” (RAE dixit). “Valenciano. Variedade do catalán falado na Comunidade Valenciana” (Real Academia Galega dixit). “Valencià. Dialecte occidental del català parlat al País Valencià” (Institut d’Estudis Catalans dixit).

Estas definiciones no difieren mucho de la que ha publicado esta semana laAcadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en su nuevo Diccionari Normatiu Valencià, en el que se puede leer que se trata de una lengua románica hablada en la comunidad Valenciana, así como en Cataluña, Islas Baleares, etc., “lugares donde recibe el nombre de catalán”. Y, sin embargo, la versión de la AVL ha abierto una árida polémica en el gobierno de la comunidad, cuyo Estatuto de Autonomía señala que “la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano”.

¿Es incompatible una cosa con la otra? Para la Generalitat, puede que sí. Antes de la publicación del diccionario, la consellera de Educación, María José Català, solicitó al Consell Jurídic Consultiu un informe sobre la legalidad de la definición, y según informaba el diario Las Provincias, arrancó del presidente de la institución, Ramón Ferrer, el aplazamiento de su publicación. De poco sirvió. Tras un retraso de unos días que la AVL atribuyó a “incidencias técnicas”, la institución colgó en su web la versión online del libro, que incluía el polémico término, amén de otros 93.000.

La cuestión que se esgrime es si la AVL tiene competencias para definir esta lengua (o variedad, o dialecto, según se escoja definición), puesto que, según el vicepresidente del Consell, José Ciscar, “hay una parte muy importante de la sociedad valenciana que no se siente representada [con la equiparación del valenciano al catalán]. Entendemos que existe una duda razonable sobre si la AVL está legalmente facultada para dar una definición de qué es la lengua valenciana”. La de fondo, la agitación de la bandera de la identidad por unos y otros, que ha tenido uno de sus temas señeros en el valenciano -ese instrumento “de unión y entendimiento, nunca de confrontación”, en palabras de Alberto Fabra-.

Mientras el portavoz del PP en las Cortes de la comunidad, Jorge Bellver, aseguraban estos días que la AVL “no se creó para generar conflictos, enfrentar posiciones ni alimentar tesis catalanistas”, el vicepresidente de la Acadèmia, Josep Palomero, describía reacciones de ese tipo como “fuegos artificiales” de quienes demuestran “su propia ignorancia” y subrayaba que la AVL se creó para “poner paz en el falso conflicto lingüístico”.

Lo cierto es que la AVL no ha sembrado, precisamente, paz. Mientras la polémica crece, el presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, ha señalado que, en su opinión, “el valenciano es lo que diga la AVL que es”. Y la AVL ya ha dictado sentencia, equiparándolo al catalán. Probablemente al Consell tampoco le gustaría ni la misma acepción de la RAE. Ni, por supuesto, la de otros diccionarios allende estas fronteras (y estas polémicas), como el prestigioso Collins anglosajón que, simplemente, ni siquiera recogen el término.

Publicado en El Confidencial, el 8 de febrero de 2014.

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“Si mi hija hubiera sido víctima de una violación, no le diría que denunciase”

La frase que da título a este reportaje sorprende. Más viniendo de quien viene: un experto en este ámbito, responsable en su día de un organismo gubernamental. No quiere que aparezca su nombre, pero se reafirma en sus palabras: “He visto barbaridades. El trauma que pasa una mujer en un proceso por violación es terrible. Tiene que repetir hasta 18 veces su declaración. Y allí todavía se ve (a la víctima) como una especie de accidente, no exenta de responsabilidad en lo ocurrido. Si mi hija hubiera sido víctima de una violación, no le diría que denunciase”.

En España, en 2013, se cometieron, al menos, 1.298 violaciones. Una cada siete horas. Eso contando sólo las “agresiones sexuales con penetración” de las que ha tenido noticia el Ministerio del Interior, cuyo titular, Jorge Fernández Díaz, presentaba esta semana los datos de criminalidad en España. La delincuencia está en su nivel más bajo de la última década (46,1 infracciones penales por cada mil habitantes), pero las violaciones, con esos 1.298 casos registrados, repuntan un 1,4% respecto al año previo (1.280). En 2011 hubo también otro aumento, con 1.513. Y si además se tiene en cuenta que, según diversos estudios, las denuncias no llegan al 20% de los casos, se puede llegar a concluir, como hace Tina Alarcón, presidenta del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS), que la violación es un delito que no retrocede.

Las claves para el repunte del pasado año pueden ser muchas. Alarcón señala que en el Centro han detectado un aumento de las agresiones dentro de la pareja. El paro, las dificultades económicas, “pueden generar un clima de violencia en la pareja que puede desencadenarlas”. María Silvestre, socióloga de la universidad de Deusto, añade que “se perpetúan las relaciones sexistas. Y lo que vemos en la población joven es que se incrementa el ejercicio del poder, del dominio”.

Otra causa, en opinión de Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, es sin duda la “impunidad” de este delito: “La violación es una conducta sexual para satisfacer una necesidad no sexual, el poder. Que no se piense que el violador es un desesperado o un enfermo. Puede elegir hacerlo o no. Y cuanta más sensación de impunidad tenga, más libre se sentirá para seguir haciéndolo”, explica. Lorente apunta que la violación se denuncia y se condena poco (entre un 1 y un 5%), lo que aumenta esa sensación de impunidad. A todo esto se añade “la imagen cosificada de la mujer que está apareciendo de nuevo en los medios” y “el mito de las denuncias falsas, que lleva a preguntarse siempre si una mujer que denuncia está buscando algo”.

Un mito que conviene contrastar con la realidad. Porque, como decía el experto que desea mantener el anonimato, corroboran otros y secunda Cruz Sánchez de Lara, socia de Exaequo Abogados, un proceso por violación es muy complicado. Y “durísimo para las víctimas. Una brutalidad”. Sánchez de Lara cuenta un caso de los que ha llevado, en el que la condena al agresor llegó 10 años después de cometer el delito. La víctima, que tenía 18 años cuando sufrió aquella atrocidad y 28 cuando escuchó la sentencia, le decía al salir del juicio: “Quiero que sepas que he estado aquí más por todos los que me habéis ayudado que por mí”.

La dificultad de los procesos por violación estriba en aspectos difícilmente evitables, como el hecho de que estos delitos se suelan llevar a cabo bajo amenaza y sin dejar lesiones graves (en algunos juicios dichas lesiones siguen entendiéndose como parte del ‘juego pasional’, según denuncia Lorente), con lo que los indicios (ADN, por ejemplo) no sirven más que para probar que hubo relación. La respuesta de la mayoría de los agresores es que sí la hubo, pero porque la mujer quería. Así, todo se reduce a palabra contra palabra. “Los agresores juegan con un elemento clave, el consentimiento. ¿Cómo demuestras que no ha sido consentido, si las lesiones no son brutales? La actividad probatoria es dificilísima”, explica Sánchez de Lara.

Sin embargo, aparte de esa dificultad, hay otros puntos en el largo camino de denuncia y juicio (al que se llega después de dos o tres años, según cuantifican en CAVAS) que podrían hacer menos espinosa la experiencia de las víctimas. Por ejemplo, en algunos casos el juez pide careos, y no siempre acepta que un simple biombo evite a la mujer estar cara a cara con su agresor. Tina Alarcón defiende que “las fuerzas de seguridad y los agentes judiciales cada vez son más sensibles en este ámbito, y los protocolos de actuación se cumplen bastante bien. Puede que te encuentres con un policía o un juez con poca sensibilidad, pero que una mujer tenga que declarar 18 veces es una excepción”.

Aun así, “evidentemente es duro. ¿Qué podría mejorar? Primero, desde el secretario del juzgado al juez necesitarían una formación para entender el perfil especialísimo de estas víctimas. Un mero comentario las puede dañar muchísimo. Por ejemplo, a veces le preguntan ‘¿y no gritaste?’, pensando en buscar testigos…, pero lo que eso significa para la víctima es que le están diciendo que no se defendió, cuando, además, su primer síntoma es la culpabilidad”.

Segundo, evitar la ralentización de los juicios, que suponen “años de incertidumbre devastadores”. Tercero, eliminar cierto “síndrome” que pervive en muchos jueces, el de pensar que la mujer tiene que defenderse y jugarse la vida: “A veces se pierden causas porque el juez estima que la víctima, si no fue complaciente, sí fue pasiva. Pero en el Código Penal no está escrito que tengas que defenderte”.

En CAVAS aconsejan, de hecho, no hacerlo, porque es la vida lo que está en juego. Y también denunciar siempre. “La dureza del proceso no justifica no hacerlo. ¿A un asesino lo dejaríamos en la calle?”, se pregunta Alarcón. “Además, el hecho de poder hablar del tema, de tener la posibilidad de que se celebre un juicio y ganarlo, es un enorme avance para la recuperación de la víctima”, concluye.

Publicado en El Confidencial, el 2 de febrero de 2014.

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Los 600 locales en los que se fuma cannabis

“Siempre le he dicho a mi hija que no fume, y a mí no me vio hacerlo hasta que cumplió los 18. ¿Que el día de mañana, con la vida más resuelta y ella más centrada, quiere fumar cannabis o tomarse dos copas? Bien. Pero creo que los jóvenes no deberían consumir ninguna droga”. Quien así habla es Javier Quesada, presidente de OneDream, uno de los cerca de 600 clubes sociales de cannabis que se calcula que existen en España. Son espacios que, entre resquicios y ambigüedades legales (o alegales) “cogidos con alfileres”, según describe el abogado penalista Bernardo Soriano, posibilitan el abastecimiento y el consumo de cannabis a sus socios. Sí, la misma sustancia que esta misma semana reconocía haber fumado el presidente de Estados Unidos (donde el consumo lúdico ya es legal en Colorado, y en Washington lo será en abril), Barack Obama: “No creo que sea más peligroso que el alcohol”, decía. Y sí, la misma sustancia que esta semana levantaba polvareda en España por un tuit de la cuenta de la Policía Nacional sobre la mejor forma de llevar los porros en un viaje.

Un local, algún sofá, una mesa con ceniceros. Una red wifi en algunos casos. Mesas de billar, salas de masaje y pantallas de televisión en otros más sofisticados. En muchos, charlas sobre prevención y control de riesgos en el consumo, e incluso el asesoramiento de expertos legales y médicos. En algunos, plantaciones de cannabis -incluso registradas- con las que se autoabastecen los miembros. Estos clubes, que se constituyen al amparo de la ley de Asociaciones, surgieron en 1993, en Cataluña, con la catalana ARSEC, que cultivaba en Tarragona. Tras el archivo de varios procesos, fueron condenados, pero para entonces la semilla de su iniciativa ya había germinado en el País Vasco, donde comenzaron a surgir en 2002. Hoy, según relataMartín Barriruso, representante de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), en las comunidades donde más presencia tienen, Cataluña y País Vasco, pueden sumar unos 400 (más de 300 en la primera; 60 en la segunda), a los que se añaden unos 200 en el resto de autonomías.

Sobreviven en un limbo legal, o más que eso, “en el purgatorio de la inseguridad jurídica. Hay ambigüedad en la ley y los tribunales nos han dado la razón en decenas de resoluciones, pero luego el fiscal y la policía no se dan por enterados, y cada cierto tiempo entran en los locales, se imputa a los responsables, se incauta el cannabis…”, señala Barriuso, que acumula imputaciones y archivos (hasta tres, en algún caso con devolución de la droga) y está pendiente de otra por su papel en la asociación Pannagh, hoy cerrada.

“La idea principal es que el delito contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal implica la distribución de la sustancia a terceras personas indeterminadas. Los clubes, al hacer un consumo compartido entre los socios sin ánimo de lucro, no entran dentro de ese sentido de distribución indiscriminada. En ellos los socios están previamente inscritos, y cuentan con el aval de alguien que ya es miembro, es decir, ya eran consumidores”, narra Bernardo Soriano, socio de S&F Abogados y encargado de la parte legal de laFederación de Asociaciones Cannábicas Madrileñas (MadFAC). Y continúa: “Según un estudio de varios penalistas, la diferencia estriba en la oferta de drogas. En los clubes se funciona con previsiones del consumo de los socios, es decir, no con oferta, sino con demanda. La asociación cultiva o compra en su nombre y según sus previsiones”. De hecho, “los clubes cuentan con informes de ingenieros agrónomos, inscritos en el Colegio de Ingenieros, que certifican que el cultivo se corresponde con esas previsiones”.

Autoconsumo compartido

Este aspecto es importante, porque, según la jurisprudencia recogida en una instrucción de la Fiscalía sobre estos clubes, el autoconsumo compartido de drogas no tiene relevancia penal si la cantidad corresponde a un consumo “normal y esporádico”, entre un pequeño grupo perfectamente identificable (estos clubes suelen contar con límite de socios) y se realiza en un lugar cerrado. “Desde siempre se ha visto el cannabis desde la perspectiva de la seguridad, y es un error. Debería tratarse desde el punto de vista sanitario y de derechos del ciudadano. El consumo en los clubes siempre es claustral, nunca se hace apología de él, sino que se informa, el filtro para acceder a ellos es muy importante, buscan un consumo responsable, transparente, con libros de cuentas, de dispensaciones…”, enumera Soriano, quien menciona el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que aumenta en un 330% las sanciones por cultivo.

En cualquier caso, por ahora la situación da lugar a realidades contradictorias -como el registro de los clubes como asociaciones y su posterior cierre por actividad ilícita- y poco claras: esta misma semana, se hacía pública ladetención por parte de los Mossos d’Esquadra de cuatro miembros de un club de Martorell por tráfico de drogas. Ignacio Calderón, presidente de la FAD, subraya la complejidad del tema y habla de una realidad que se ha consolidado “por debajo de la mesa, de forma silenciosa. Ya hay centenares de clubes, mucha gente en ellos, y todo el mundo silba y mira al techo.La cuestión no es tanto la legalización de estos clubes, sino su regulación”. Esto es, que se les exijan determinadas condiciones, que sea todo transparente…

Lo mismo reclaman desde la FAC. “Que se regule, que el poder político legisle con claridad. Hasta ahora los clubes son la única alternativa al mercado negro”, señala Barriuso, quien comenta que están colaborando con el Parlamento vasco, que lleva tiempo con una ponencia sobre el tema. La Generalitat catalana tiene una iniciativa en el mismo sentido. Mientras, algunos han optado por la vía de la autorregulación. Es el caso de la FAC, con un código de buenas prácticas que indica, por ejemplo, que los usuarios han de ser siempre mayores de edad (algunos lo restringen a mayores de 21 años) que consumían previamente o tienen necesidad de usar el cannabis de forma terapéutica, que no se entregará éste nunca a personas ajenas, que el límite superior de consumo por persona está en torno a los 60 gr al mes, etc. Algunos clubes no funcionan con lo que la FAC entiende como correcto: “A río revuelto, hay pescadores echando la caña, gente a la que no le importa la salud sino sus intereses económicos…“, señala Barriuso.

En este río revuelto, el presidente de OneDream, Javier Quesada, resalta la “transparencia” de su asociación. En este club existe un límite al número de socios de consumo lúdico (500) y, por ahora, ninguno a los de uso terapéutico. Lo forman ahora unas 130 personas, desde “diseñadores gráficos [lo es el propio Quesada] a gestores, abogados, mecánicos, albañiles… Hay más gente mayor, de entre 40 y 50 años, que joven”. Nacido en mayo pasado, en Móstoles, OneDream se mantiene abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Cuenta con el aval de un ingeniero agrónomo y en él se imparten charlas sobre las consecuencias del consumo, los modos de consumir el cannabis (que no se reducen a fumarlo: hay mantequillas, aceites, se puede vaporizar…). “Yo siempre insisto en que se conozcan bien las consecuencias que tienen las drogas”, remata Quesada, cuya hija, si ha seguido sus consejos, no habrá probado el cannabis hasta la fecha.

Publicado en El Confidencial, el 26 de enero de 2014

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Las ayudas ‘estrella’ a la investigación acumulan un año de retrasos

La convocatoria de 2010 se hizo en febrero de ese mismo año. La de 2011, también en 2010, en diciembre. En 2012 comenzaron los retrasos: hasta octubre no se publicaron las bases. En 2013 los investigadores que pretendían postularse a una ayuda Ramón y Cajal han tenido que esperar nada menos que hasta el 31 de diciembre, cuando la resolución correspondiente a ese año ha aparecido en el BOE. Son las ayudas estrella de la ciencia en España, las que agrupan a “los mejores investigadores que tenemos”, según comentan en la Secretaría de Estado de I+D+i. De su importancia da cuenta también Carlos Andradas, presidente de laConfederación de Sociedades Científicas de España (COSCE): “Suponen la inclusión en el sistema de investigadores casi senior que normalmente son muy competitivos y han tenido formación fuera de España. Es una inyección de gente nueva, muy cualificada y con visión internacional”.

El hecho es que el acuerdo entre la Secretaría que dirige Carmen Vela y muchos colectivos científicos se queda ahí. La fecha de la publicación, 31 de diciembre, supone una “tomadura de pelo” para la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios), desde donde recuerdan que, además, el número de plazas se queda en 175, las mismas que el año pasado (y 75 menos que los previos), por debajo incluso de países como Portugal (210). “A esto se añade que se incluye la cofinanciación por parte de los centros; algo para lo que no es el mejor momento. Y que antes, de alguna manera, a los Ramón y Cajal se les prometía que, terminada la ayuda [que es de cinco años], se facilitaría su estabilización aquí. No se les aseguraba un puesto, pero sí que se crearía una plaza con su perfil. Ahora, con una tasa de reposición del 10%, no se pueden sacar plazas. La situación es límite”, comenta José Antonio Ruiz, portavoz de esta federación.

Concentración a la entrada del CSIC en la ‘Jornada de Luto por la Ciencia’, en octubre.Tanto FJI-Precarios como la COSCE, la Conferencia de Rectores (CRUE) y la oposición parlamentaria en pleno, firmaron en diciembre pasado unAcuerdo por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación que incluía, entre sus caballos de batalla, la normalización de las convocatorias y la eliminación de los límites a la tasa de reposición. Actualmente, la tasa está en el 10% en las universidades (para todo el personal, no sólo investigador) y organismos públicos de investigación (OPIS): es decir, por cada 10 jubilados, entra una persona. Carlos Andradas quiere ver, en la publicación de las ayudas Ramón y Cajal de 2013 el día 31 de diciembre, “un intento, al menos, de que sí existiera convocatoria en 2013, y deja abierta la puerta a que haya otra en 2014. Aunque pueda ser más una operación de márketing, apreciamos el gesto de buena voluntad, aunque en la práctica se ha perdido un año”. En cuanto a la tasa de reposición, en un contexto en que “el número de jubilaciones está siendo alto, por la edad media de los investigadores” y en el que muchos de los jóvenes se marchan por la escasez de opciones,“sufrimos una sangría. Se están vaciando las instituciones y no se están rellenando ni con personal estable ni eventual”. Compárese además el número de las ayudas Ramón y Cajal (175) con la población investigadora del país (130.000 personas, no muy alta en Europa), y quizá lo mínimo que se pueda decir es lo que concluye este catedrático en la Complutense de Madrid: “No es muy alto”.

La estabilidad perdida

“El problema fundamental con las Ramón y Cajal es que son personas que tienen otros puestos, y se trata de hacerles una oferta atractiva para que piensen desarrollar su carrera en España. El daño viene por el escenario de falta de confianza que se genera al ofrecer las ayudas un año sí, otro no, sin seguridad… Además, las expectativas de incorporación al sistema de los que ahora acaban los cinco años de ayuda Ramón y Cajal son bajas. Muy pocos están teniendo esa opción”, señala Andradas. Lo corrobora Óscar Bomati, investigador de la Autónoma de Madrid en el campo de la nanomedicina. A sus 39 años (la media de los Ramón y Cajal en 2012 fue de 36), con un postdoctorado en la Universidad de California Davis (EEUU), un contrato en el CSIC y tres años en la Universidad de Zaragoza a sus espaldas, está en su cuarto año de Ramón y Cajal. Se enfrenta a la Acreditación I3 de su ayuda, que garantizaría la creación de una plaza con su perfil. “Antes en las universidades a casi nadie se la denegaban. Ahora parece que los criterios van a ser muy duros. El compromiso de permanencia, hasta ahora, se estaba cumpliendo en las universidades. Ahora el miedo es que se va a poner más difícil”, narra.

¿Y si no la obtuviese? “Imagino que me iría fuera. Al 95% de los científicos se nos está obligando a ello. La situación es gravísima. Aquí hay gente muy buena, muy formada y en el mejor momento de su carrera. Con 35, 45 años, tenemos posibilidad de arriesgar, mantenemos el contacto con los jóvenes… Y estamos abocados a la inseguridad. A encontrarnos, quizá, con 40 años y en la calle. Sabiendo además que aquí no hay trabajo para nosotros. Todo es ‘váyase al extranjero’. Muy triste”, concluye Bomati.

De “suicidio” califican esa misma situación en FIJ Precarios. Desde la Secretaría de I+D+i defienden que “se quiere solucionar el retraso en las convocatorias. La idea es que las ayudas de 2014 se convoquen tras la resolución de las de 2013 e intentar que en 2015 se haga en el primer cuatrimestre. Lo importante es que no nos hemos saltado ninguna”. En cuanto al número de plazas, señalan las mismas fuentes, “lo que no puede ser es que a los cinco años no tengan plaza. Por eso se ha rebajado su número (a 175), no la cuantía (54.005.000 euros, igual que la de 2012): cuando terminan la ayuda, el centro dispone de 100.000 euros si crea una plaza permanente”. Y en lo referente a la tasa de reposición, “nos gustaría que fuera mayor y somos conscientes de la dificultad para que se dé el relevo generacional, pero es lo que hay. Y a base de trabajo hemos conseguido una enmienda para otros 25 contratos, que pueden no parecer muchos, pero dentro de las limitaciones…”. “Aparte de las jubilaciones, mucha gente se está yendo al extranjero. Y el ritmo al que atraemos a otros investigadores es mucho menor. ¿Esto se puede revertir? Sí, recuperando la confianza internacional, generando seguridad y subrayando la apuesta que se hace en este país por la ciencia. Pero es difícil recuperar el tiempo perdido”, concluye Andradas.

Publicado en El Confidencial, el 26 de enero de 2014.

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Lesmes, el Gobierno y los prostíbulos

“Yo nunca he tenido proxeneta”. Lo dice, contundente Silvia (nombre ficticio), prostituta de los 22 a los 30 años, hoy retirada. Y cuenta: “He trabajado en locales y casas privadas. Funcionan de dos formas: o se llevan el 50% de lo que ganas y de las copas del cliente o el primer servicio que haces cada día. La mayoría de las chicas viven en ellos, en la misma habitación donde trabajan. Tienen un día libre a la semana, y dos horas cada día. El tiempo que el club permanece abierto, unas 12 horas, tienes que estar ahí. En las casas a veces hay también servicios de 24 horas; puedes dormir de madrugada, pero si a las 3 llega un cliente, tienes que levantarte”. Silvia narra que ella ha tenido “suerte” con los dueños y con los locales (por pulcros), pero conoce a otras chicas obligadas a trabajar estando enfermas. En ninguno, sostiene, “decides libremente. Si vas al club tienes que trabajar tus horas; no puedes decir: ‘Ahora no’”. ¿Y el dueño, el que se lucra con la mitad de las ganancias de una mujer y le impone semejantes condiciones, no es un proxeneta? “Sí, claro, quería decir que yo nunca he tenido chulo, ‘novio’, como todas las chicas de la calle…”.

Cuestión aclarada. En Cataluña un decreto de la Generalitat de 2002 y la consiguiente ordenanza municipal tipo que lo desarrollaba, de 2003, regulan las condiciones que deben cumplir para obtener licencia los “locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución” (ejercida de manera libre, detalla). Esto es, los prostíbulos. Los burdeles. Contra ella, varias asociaciones alzaron un recurso que llegó hasta el Tribunal Supremo, porque consideraban que contravenía el Convenio de la ONU de 1950 para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, entre otros. En 2010 llegó la sentencia, que daba vía libre a estas disposiciones. Su ponente: Carlos Lesmes, hoy presidente del Consejo General del Poder Judicial.

“Carlos Lesmes fue ponente en esa sentencia que convalidó la legalidad de los locales de alterne siempre que cumpliesen los requisitos de la norma de la Generalitat”, apunta Glòria Poyatos, juez decana de los juzgados de Lanzarote y experta en prostitución. “Si hubiese estado en contra del criterio mayoritario de la sala, hubiese emitido un voto particular. Y no lo hizo”, añade. Desde entonces, Cataluña (en la ciudad de Bilbao existe también una ordenanza al respecto) cuenta con el aval del Supremo a una norma que regula, con las cartas descubiertas, estos locales, por mucho que la sentencia también recoja que la prostitución, “aun siendo libre e independiente, es irreconciliable con el valor de la dignidad humana [art. 10 de la Constitución]” y por mucho que estipule que se trata de una conducta “tolerada por los poderes públicos” que no puede calificarse como “actividad lícita, si por tal entendemos no sólo la que está expresamente prohibida por la ley, sino además es […] conforme a los valores y principios constitucionales”.

Piruetas jurídicas

“La sentencia hace un doble salto mortal. A pesar de tener una introducción que analiza la licitud de la prostitución, convalida la orden de la Generalitat, lo que viene a ser, de facto, un reconocimiento como legales de los locales donde ésta se ejerce por cuenta propia”, señala Poyatos. Locales que, hoy por hoy, no regentan las prostitutas. “Tanto esta sentencia como el Gobierno apuntan en el mismo sentido: acuartelar a estas mujeres en sitios donde sean invisibles a efectos legales y de Seguridad Social, mientras se hacen visibles los locales, que pueden obtener sus licencias. A las trabajadoras sexuales se les niega cualquier visibilización regulativa por pánico moral y bajo un paternalismo institucional que las penaliza”.

Esta magistrada, autora del libro La prostitución como trabajo autónomo, que ha dado pie a la primera cooperativa legal de prostitutas, indica que el Ejecutivo favorece “la proliferación de los locales de alterne” con dos proyectos en trámite, el de Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. El primero, porque “despenaliza el proxenetismo de lucro de una forma sutil, eliminando el delito [art. 188 del Código actual, 187 del proyecto] para quien ‘se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma’ si no se dan ciertas condiciones”. El proyecto añade al Código hoy vigente que en este último caso, sólo se tratará de un delito si la víctima se encuentra “en una situación de dependencia personal y económica que no le deje alternativa” o “le imponga condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”.

En la calle, infracción grave

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana -que prevé multas de 1.000 a 30.000 euros para quienes ofrezcan, negocien o soliciten servicios sexuales en espacios públicos usados por menores o en las carreteras-, la juez asegura que contradice la normativa europea, que dicta que la prostitución libre es una actividad económica, y el artículo 38 de la Constitución Española, el de la libertad de empresa. “No se puede prohibir negociar en espacios públicos; otra cosa es la prestación efectiva del servicio”.

Desde Anela, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, ven con buenos ojos esta segunda reforma. “No debería haber prostitución ni en la calle ni en una finca privada. Lo suyo es que hiciéramos en toda España como en Cataluña, regulando las condiciones que deben reunir los locales”, señala José Roca, su portavoz.

Respecto a las condiciones que señalaba Silvia, la exprostituta, en los clubes, Roca da otra versión: “Hay locales de todo tipo. Los que nosotros representamos -unos 100- funcionan como hoteles. La mujer paga entre 50 y 70 euros por una pensión completa; trabaja en la sala y el 100% de lo que saca es para ella”. Mientras, Silvia continúa su relato: “Yo he vivido en clubes cuando he hecho una ‘plaza’, que es un acuerdo verbal con el dueño por el que, a partir de cierta fecha, trabajas ahí durante 21 días”. 21 días seguidos, con dos horas libres, pagando la mitad del servicio y sin derecho a decir ‘no’. “Lo verdaderamente importante para marcar la frontera de la legalidad no está en el carácter remunerado o no del intercambio sexual, sino en la libertad con la que se presta”, concluye Poyatos.

Publicado en El Confidencial, el 19 de enero de 2014

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El whisky más castizo se hace japonés

“¿Nos acabarán dando sake por whisky?”. La pregunta, lanzada esta semana en el Twitter de la marca DYC, recibe una respuesta de tono mucho más serio: “La nueva situación no va a cambiar nuestra actividad”. Entiéndase por “nueva situación” el anuncio, hecho público esta semana, de la compra de Beam Inc., propietaria de la marca segoviana (y de otro medio centenar de whiskies, bourbons, vodkas, tequilas, rones y ginebras, incluida Larios), por otra de las grandes del mercado, la japonesa Suntory, por 16.000 millones de dólares (cerca de 11.700 millones de euros). Desde la sede española de Beam -Beam Spain- mantienen el mismo discurso: “Seguimos haciendo las cosas como siempre. Una oferta de compra no va a cambiar nada”, señala Jancine Davies, su responsable de comunicación, que detalla que aún hay que esperar entre 60 y 90 días para que el acuerdo se cierre, si lo hace definitivamente, puesto que “puede haber contraofertas”.

No hablan, por tanto, de las repercusiones que este movimiento pueda tener en los 400 trabajadores de Beam Spain, ni en los cien (tampoco lo hacen desde UGT, donde aseguran que el comité no tiene ninguna noticia en este sentido) empleados en las dos plantas segovianas dedicadas a DYC, la dePalazuelos de Eresma, donde se elabora y destila (al igual que Larios), y la de Valverde del Majano, donde se embotella. Ambas tienen mucha historia. La segunda era originalmente la destilería del Anís Castellana; en la primera nació el DYC, en 1959.

Lo cierto es que esa fecha esconde una verdad a medias. Si se escucha el relato hecho en su día por el fundador de Destilerías y Crianza de Whisky, Nicomedes García Gómez, el origen del primer whisky 100% español (que no el único: al sur de Sierra Nevada nació hace unos años el Embrujo de Granada) puede situarse en 1929, cuando era propietario de un almacén segoviano de distribución de Mahou en la zona. Una de las partidas, unos cien barriles, se le enturbió, pero García decidió no tirarla, sino destilarla al estilo del whisky escocés en uno de los alambiques de Anís Castellana y conservarla. “A los tres añossalió un licor bastante bueno, que se parecía al whisky, aunque no tenía tanto sabor a chinches”, contaba el empresario, que a lo largo de su vida patentó la marca Anís Castellana, fabricó turrones, fundó la naviera Nicomedes García S.A., la empresa de transporte Auto Res y una empresa de publicidad, Azor, a la que se le debe otro de los símbolos de la ‘españolidad’: el toro de Osborne.

Con sabor a chinche o sin él, el caso es que aquel brebaje le gustó a don Nicomedes, que se pasó “toda la guerra bebiendo whisky”. “Como cada día estaba mejor”, prosigue su relato, “volvió a mí el interés por fabricarlo”. Se decía, “si los escoceses hacen whisky, por qué no voy a poder hacerlo yo”. Y dicho y hecho. En 1958 constituyó, con varios socios, las destilerías, que dirigió hasta su muerte, en 1989. Uno de ellos aportó la pieza clave: el Molino del Arco, en Palazuelos del Eresma, donde se instaló la sede y que la dotaba de algo excepcional: las aguas puras que bajan desde la sierra de Guadarrama por el río Eresma. En 1959 comenzó la destilación, y en 1963 el producto llegó al público.

Tras el fallecimiento de García, la empresa se puso en venta. Se la llevó, en el 92, Pedro Domeq, que a su vez sufrió una opa amistosa en 2005 por parte de la francesa Pernord Ricard y la estadounidense Fortune Brands, entonces propietaria de Beam Global. DYC se quedó en manos de esta última. Hasta hoy, en que, a 83,5 dólares por acción, está a punto de entrar en la japonesa Suntory.

A pesar de todos estos cambios, “la tradición y la estrategia de DYC han seguido siendo las mismas”, subraya Jancine Davies. Las mismas que le permitieron vender 100.000 cajas en 1963, 1.700.000 en 1988 y 2.300.000 en 1993 (la época en la que se promocionaba para “gente sin complejos”), con una cuota del mercado del 46%. Hoy, Beam Spain no ofrece datos sobre las ventas. Quizá porque el sector atraviesa un momento difícil. “En España somos whiskeros. El whisky es la principal bebida entre las destiladas”, señala Bosco Torremocha, director ejecutivo de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (Febe). La previsión de la caída de las destiladas en 2013, a la espera de los últimos datos, es de un 6-8%, lo que supondría un descenso acumulado desde 2007 del 50%. El whisky, como señala Torremocha, sigue reinando en España, con un 27% de cuota de mercado (en volumen y a pesar de su caída del 9,6% respecto a 2012), por delante del ron y la ginebra, la única en alza. En ese mercado sigue compitiendo el DYC, un whisky con el que, según rezaba la publicidad de los setenta, “se españolea”. Al fin y al cabo continúa alimentándose, como hace 55 años, de las aguas del Eresma, por mucho que su propiedad pueda estar dentro de poco en el lejano Oriente.

Publicado en El Confidencial, el 18 de enero de 2014.

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Nace en Ibiza la primera cooperativa de prostitutas que pagarán su Seguridad Social

“Conocí a una señora en Madrid que, a sus 70 años, estaba haciendo la calle. Se me caía el alma”. 70 años y en la calle. O enferma, y en la calle. O con un niño de teta, y en la calle. Sin ninguna cobertura laboral. La realidad de la prostitución en España, donde hasta la fecha tiene carácter alegal -aunque una multitud de ordenanzas y reglamentos limitan su práctica en determinados espacios de las ciudades-, es que quien la ejerce no tiene derecho a paro, ni a tomarse una baja, ni a un permiso de maternidad ni a asistencia médica en caso de carecer de ‘papeles’. Por una sencilla razón: su situación laboral pertenece a ese mismo limbo, y la Seguridad Social no la contempla. Hasta ahora. En Ibiza un grupo de mujeres ha encontrado un resquicio para romper el círculo de la invisibilidad oficial y lograr su cobertura como trabajadoras.

Son once. Vienen de países del Este, de Italia y de España. Son cooperativistas en tiempos de crisis. Hasta aquí, nada especial, si no fuera porque en el registro oficial de Baleares en el que han logrado inscribirse (después de un primer rechazo y un recurso), la cooperativa que ahora las agrupa -de nombre Sealeer aparece con un ‘apellido’ insólito: “De trabajo asociado para la prestación de servicios sexuales”. Ello les ha permitido darse de alta como autónomas en el epígrafe de “otros servicios”. Hoy, dos meses después de su inscripción en el registro, sobre la mesa de su presidenta, María José López Armesto -la misma que recuerda a la prostituta de 70 años- se acumulan unas 40 solicitudes de otras mujeres para unirse a ellas. María José es la única de las once que no vive del sexo, pero necesitaban que estuviera allí para ser su voz. Porque muchas tienen, según explica ella, hijos, padres enfermos… Una familia, en definitiva, a la que quieren mantener alejada de su medio de vida.

Ellas, según cuenta, han llegado a la prostitución porque “tal y como está la crisis, una madre se agarra a un clavo ardiendo”. Pero hay otras, sostiene, que lo hacen por una elección libre del peso de la necesidad. Sea como fuere, “siempre y cuando no sea coaccionada y no tenga un proxeneta detrás, a la mujer que decide ser prostituta no se le pueden negar sus derechos”, sentencia López. Lo que estas once mujeres han logrado es “su autonomía. Pagar su Seguridad Social. Y sobre todo un respaldo. En la cooperativa tenemos, por ejemplo, un abogado. Aquí encuentran cobertura legal, asesoramiento. Se apoyan entre ellas”.

No es poco. Las once mujeres de Sealeer son pioneras en España porque, con las cartas boca arriba, habiéndose definido como trabajadoras del sexo, han conseguido poder declarar sus ingresos y pagar su Seguridad Social. Hace algunos años la psicóloga social Diana Zapata, entonces ligada al proyecto de investigación Licit, documentó varias experiencias de organización de prostitutas en cooperativas de ahorro en el barrio barcelonés del Raval: denominadas El Cuadro, consisten en la organización de un grupo de mujeres que pagan una cantidad diaria a la cooperativa, que es completamente extraoficial. Una de ellas cobra el total al final de cada semana de forma rotativa, en lo que supone “un método muy práctico para anticiparse a la fragilidad de la economía sumergida”, según Zapata, que añade que ellas lo definen también como un medio de “resistencia” ante la presión policial. Antes aún, los tribunales habían abierto un resquicio al trabajo de “alternadoras”, aquellas mujeres que (Tribunal Supremo, sentencia de 14 de mayo de 1985) “se dedican a la captación de clientes varones mediante su atractivo sexual, al objeto de que procedan al consumo de bebidas”, una actividad que puede tener el carácter de relación laboral por cuenta ajena (sentencia de 3 de mayo de 1981) siempre que no haya acceso carnal. Aquello ha dado lugar a alguna coda surrealista, como la de un juzgado de Granollers que reconoció la actividad de una mujer media jornada teniendo en cuenta sólo el tiempo que estaba como ‘alternadora’ y no como prostituta.

Menciona estos antecedentes Glòria Poyatos, juez decana de los juzgados de Lanzarote y titular del juzgado de lo social no. 1 de Arrecife (Canarias), cuya experiencia inspiró la creación de la cooperativa ibicenca. Cuando realizaba su tesina, Poyatos intentó inscribirse en la Seguridad Social como autónoma, declarando que se dedicaba a la prostitución. Consiguió dar todos los pasos necesarios -también bajo el epígrafe de ‘otros servicios personales’-, aunque finalmente no llegó a darse de alta, puesto que su único objetivo era demostrar que podía hacerse. De aquella experiencia surgió un libro –La prostitución como trabajo autónomo (ed. Bosch)- en el que propugnaba ambas salidas, la del alta como autónomas y la de las cooperativas, para perseguir el que se marca como su objetivo: “Que las trabajadoras, y hablo de mujeres porque en su mayoría lo son- se autogestionen. Que impongan sus horarios, sus cuantías y las condiciones de la prestación sexual. Que puedan decir ‘Aquí no entra el que venga sucio, drogado o sin preservativo’. Que marquen sus normas, y que no lo haga ni el cliente ni el proxeneta”. Es, precisamente, de ese libro de donde surgió la idea de la cooperativa Sealeer.

Esta juez sabe que nada en contra de una corriente clásica entre las feministas (como ella misma se considera), la que aboga por el abolicionismo de toda forma de prostitución. Pero cree que “conviene regular expresamente esta actividad, porque se trata de un trabajo eminentemente juvenil y de retiro temprano”. Su salida de la economía sumergida supondría, primero, acabar con su alegalidad y lanzar la primera piedra contra su estigmatización. Segundo, un beneficio para ellas, que podrían optar a bajas, paro, créditos… Y, tercero, hacer aflorar un negocio que, según la últimaponencia parlamentaria sobre este tema, mueve unos 50 millones de euros al día en España.

Sobre la mesa están dos normas pendientes de trámite que alterarán el panorama de la prostitución en España. Por un lado, la de reforma del Código Penal, que, en lo referente al proxenetismo, incluye el concepto de dependencia económica, “lo que dificultará su denuncia”, según Glòria Poyatos. Y dos, la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción grave (de 1.000 a 30.000 euros) “el ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos” en espacios públicos de uso de menores o en los que estas actividades puedan suponer un riesgo a la seguridad vial. “Se puede penalizar que se practique sexo en los espacios públicos, pero no la negociación. Están barriendo la prostitución de las calles hacia los locales, con lo que ello significa: se propicia la explotación, el lucro y que se defraude al fisco”. La propuesta de esta juez es otra: “O cierran todos los prostíbulos y reinsertamos a estas mujeres obuscamos una manera de permitir que ese trabajo que hacen beneficie al sistema y que a ellas les pueda repercutir también algún beneficio”.Por ahora, el primer y tímido ensayo tiene lugar en Ibiza.

Publicado en El Confidencial, el 12 de enero de 2014.

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25 años de la dispersión de presos etarras, una política “que debe continuar”

“La dispersión sigue teniendo sentido”. Lo dice Antoni Asunción, uno de los artífices como director general de Instituciones Penitenciarias (luego sería ministro de Interior), junto a Enrique Múgica (entonces ministro de Justicia), de la política penitenciaria de dispersión de presos de ETA, de la que este 2014 se cumple un cuarto de siglo, con 509 presos repartidos en 51 prisiones españolas y 27 francesas, según el informe de diciembre de 2013 de la asociación Etxerat. “De haberse mantenido el criterio inicial con el que la aplicamos en 1989 estos 25 años, hubiera tenido antes resultados, y más cercanos a nosotros. Se hubiera producido antes el anuncio del cese de la actividad armada [que la banda hizo público en octubre de 2011] y el comunicado de los presos de hace unas semanas. El balance de la dispersión es muy positivo: si no hubiera hecho mella en ellos, no sería una de sus principales reivindicaciones, si no la principal”, asegura Múgica, quien añade: “Hay que seguir con la dispersión. El hecho de que todos los grupos etarras y sus simpatizantes reclamen su fin revela su éxito”.

La dispersión fue efectivamente parte del discurso del comunicado del colectivo de presos EPPK del pasado día de los Inocentes, así como también del acto -o “aquelarre”, según la definición del actual ministro de Interior,Jorge Fernández Díaz– de los liberados de la doctrina Parot el pasado fin de semana en un antiguo matadero de Durango, donde los allí presentes cargaban con un pasado de más de 300 asesinatos. Lo era, también de la manifestación convocada para hoy mismo en Bilbao por la organización Tantaz Tanta (Gota a Gota), que pretendía (ayer la prohibió el juez Eloy Velasco) culminar la jornada con “un mar de decenas de miles de gotas pidiendo el fin de la dispersión”, según sus portavoces, y que será sustituida por una manifestación silenciosa. Todo ello aderezado con las detenciones de esta semana del llamado ‘Frente de abogados’, a los que fuentes de la investigación atribuye la dirección y coordinación del colectivo de reclusos. Esto es, su control.

Los reclusos. Los de los makos. Uno de los “pegamentos”, en expresión de Asunción, esenciales de la banda, que ha basado buena parte de su estrategia social y propagandística, buena parte de su justificación, en su “victimización” y “control” por parte de ETA. Corría la primavera de 1989,dos años después de la matanza de Hipercor, del fin ‘oficial’ de los GAL, e inmediatamente después de la ruptura de las frustradas negociaciones de Argel. Los presos de ETA se agrupaban en las cárceles de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), sobre todo, y Alcalá-Meco (Madrid) o Carabanchel, en el caso de las mujeres. Allí “estaban privados de libertad, pero la banda dictaba sus normas”, según relata Asunción, hoy ligado al Movimiento Ciudadano. Desde su comida, que no era el rancho del resto de presos, a si podían o no recibir visitas. Así lo ve Múgica: “Gobernaban las cárceles. No cumplían ninguna de las normas que el primer grado exigía. Y muchos de ellos vivían en una doble prisión: una, impuesta por los tribunales y otra, por los jefes de la banda. Había presos que querían acogerse a los beneficios penitenciarios, pero los frenaban los duros. La dispersión significaba dividirlos para que se cumpliera el reglamento de acuerdo con las características de cada uno. El criterio con el que la llevamos a cabo entonces, y que ha tenido después altos y bajos, era el de aplicarles el reglamento. Que quien buscara una salida se ajustara a él, esto es, que renunciase a la banda, que pidiera perdón a las víctimas, etc.”.

“Lo que hicimos con la dispersión fue aplicarles el régimen general, haciendo posible que los que abandonasen el delito progresasen en grado. Se les eliminaron los privilegios y se les mezcló con el resto de reclusos. Hasta ese momento estaban en una especie de limbo, en una burbuja controlada por ETA”. A partir de entonces, según el relato de Asunción, dos tercios de estos presos se trasladaron al eje de Madrid al norte; y el resto, “los más radicales”, al sur, lo que valió a esta política el respaldo de un PNV que en breve, según ha anunciado el lehendakari, Iñigo Urkullu, pedirá también al Gobierno el fin de la dispersión. Como en los casos de delincuentes del crimen organizado, los etarras fueron separados. Dispersados. “Si juntas a dos de la misma banda, está claro que se van a vigilar, a controlar. Con los etarras sucede como con los narcotraficantes: nadie pondría a dos miembros de una misma organización juntos”, explica el ex responsable de prisiones, quien también recuerda cómo la dispersión convirtió a los funcionarios de prisiones en blancos de ETA, con Ángel Mota como primera víctima, en 1990.

El balance, tanto para Múgica como para Asunción, fue muy positivo: el primero cifra en 120 los presos que entre 1989 y 1990 se acogieron a los beneficios penitenciarios. “En un par de años, dos tercios abdicaron del instrumento delictivo como medio para lograr la independencia de Euskadi.Rompimos la estructura de ETA, su aglutinante en las cárceles y en el exterior, su estrategia de convertir al victimario y a su familia en víctimas. ETA sólo defiende a sus abogados y a su directiva, porque necesita tener una masa crítica en las cárceles para azuzar el victimismo”, resume Asunción. La dispersión incorporó otras medidas, como el hecho de avisar a las familias de los presos cuándo estos gozaban de permisos y visitas, para que supieran que, si no tenían noticias suyas, era por orden de la banda, no por ninguna “política represiva”, según el lenguaje etarra. Fue aquella la “primera vez que se incorporó el sistema penitenciario a la política antiterrorista, y por qué no hacerlo”, recalca Asunción.

Los colectivos de apoyo a los presos hablan de la dispersión, por supuesto, en otros términos. Mientras Múgica defiende una medida que, simplemente, “está en el reglamento penitenciario. Las autoridades pueden destinar a cada preso al lugar que consideren más conveniente para el cumplimiento de su condena”, el informe de diciembre de Etxerat habla de“derechos pisoteados”, de la distancia que tienen que recorrer sus familiares (más de mil kilómetros en el caso de 76 presos, según sus cálculos), de la “soledad” de los “presos políticos”,“dispersados en cárceles diferentes y, además, en módulos diferentes”. El análisis del mismo colectivo sobre la dispersión retrata una política “de excepción” que pretende “anular” o “terminar” con el preso (literalmente), y que ha provocado, en ocasiones, la muerte de sus familiares en las carreteras, en sus viajes hacia prisión. Hoy, 25 años después de su instauración, en las calles de Bilbao habrá una manifestación silenciosa, no el ‘mar’ convocado en un principio por Tantaz Tanta, en el que, a buen seguro, se entonaría el Euskal Presoak Euskal Herrira [Presos vascos, a Euskal Herria], el lema que nació también en 1989.

Asunción se sonríe ante la mención del comunicado de los presos del EPKK. “¿Qué ha ocurrido? Que quienes estaban haciendo de ‘carceleros’, los que aún estaban cuidando al ‘ganado’, vigilando, controlando, eran otros presos, no los abogados, que nunca han sido más que correveidiles. Y estos‘carceleros’ han salido ahora de la cárcel, y han dicho ‘el último, que cierre la puerta’. Los carceleros han salido y la ‘tropa’ ha pensado ‘hasta aquí hemos llegado'”, relata. “ETA está en sus últimos estertores. Lo lógico es acabar de desvertebrarla”, añade Asunción, que aboga, como Múgica, por que la dispersión continúe. “La opción del ministro Fernández Díaz [que aseguró que el comunicado de los presos “no cambiará la política penitenciaria”] es la correcta. Se trata de acabar con ETA. No de que ellos proclamen el fin de la violencia. Tienen que reconocer el daño, pedir perdón, entregar las armas. Decir que se han equivocado. Y dejar de hablar de conflicto, porque el uso de esa palabra significa poner en igualdad a ETA y al Estado, que supuestamente tienen que negociar la situación de los presos y las condiciones que los condujeron al terrorismo, y eso no es posible”, señala Múgica. Exministro, ex Defensor del Pueblo, Enrique Múgica es además, víctima del terrorismo, tras el asesinato, en 1996 de su hermano Fernando. Se le ha atribuido en ocasiones la frase “que se pudran en la cárcel”. Pero no es esa la cuestión: “El problema no es que se pudran en prisión, sino que se cumpla hasta el final la norma penitenciaria”.

Publicado en El Confidencial, el 11 de enero de 2014.

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Las agencias privadas de colocación, aún en la cola del paro

España es un país con un 25,98% de paro, según la última EPA, esto es, con 5.904.700 personas que no cuentan con un salario a fin de mes. Un país con 1.807.700 hogares en los que nadie trabaja, con 2.898.900 personas que pasan los lunes al sol desde hace más de un año, de los que 2.176.600 perdieron su derecho a ganarse un jornal hace ya más de dos. Un Estado que, dicen, está saliendo de la crisis, y en el que sin embargo el Gobierno prevé gastar el año próximo más de 29.429 millones de euros en prestacionespor desempleo. En el que, según diversos estudios, las oficinas públicas de empleo tan sólo participan en un 2-3% de las colocaciones. Con este panorama, las autoridades europeas han reclamado repetidamente medidas para cambiar el mercado laboral y facilitar la entrada o la vuelta de los trabajadores a él. Entre otras iniciativas, figura la Recomendación del Consejorelativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 en España, del 29 de mayo de 2013, en la que se reclama “reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados […] y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013”.

Lo cierto es que va a ser más que difícil que se cumplan los plazos. En 2010, un Real Decreto abrió la puerta, al menos teórica, a que las denominadas agencias privadas de colocación –que regulaba­– trabajaran con las agencias públicas de empleo para “lograr una más eficaz intermediación, proporcionando a las personas trabajadoras un empleo adecuado”, es decir, para colocar desempleados. Pero aún quedaba, y queda, un largo camino. Desde entonces, las más de 850 organizaciones hoy acreditadas como tales –entre las que se incluyen ETT, sociedades limitadas unipersonales, fundaciones, organismos como la Cruz Roja, firmas como Deloitte, consultoras de recursos humanos…–, han estado a la espera de saber cómo se concretaría esa colaboración. En agosto de este año, el Consejo de Ministros aprobó el inicio de la tramitación de un acuerdo marco que sienta las bases de sus respectivos contratos con las comunidades autónomas, y al que ya se han adherido 14 (todas excepto Andalucía, Cataluña y País Vasco). Establece, por ejemplo, los precios máximos por tipo de desempleado que las agencias pueden percibir por trabajador insertado que trabaje durante, al menos, seis meses (ellas deben hacer ofertas a la baja):

El Acuerdo marco también sienta las bases de otros ‘incentivos’ y pagos a los que pueden optar: por cada persona que se les encomiende, con independencia del resultado (no podrá superar el 50% de la cuantía por inserción ni un máximo de 400 euros); por especial dificultad de inserción (discapacidad, riesgo de exclusión), de hasta 1.000 euros; por elmantenimiento en el empleo (seis meses más), de hasta el 50% del pago; y, el más polémico, por resolución de irregularidades, del 15%. Este último se otorgará cuando la agencia informe a los servicios públicos de irregularidades que concluyan en la imposición al parado de una sanción.

Primavera o verano de 2014

El Gobierno inició también en agosto el procedimiento de adjudicación, por el que las agencias podían especificar sus propuestas de colaboración y recibir una puntuación en base a la cual 60 de ellas podrían seguir adelante en el proceso. Hoy el procedimiento está paralizado, porque de las 204 agencias que se presentaron, 70 quedaron excluidas en sus primeras fases y, según fuentes del sector, todas ellas han presentado recursos. Yojana Pavón, presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), que aglutina al 20% de las agencias, habla de un procedimiento “muy irregular”, que en el último momento impuso unas exigencias que amenazan con dejar fuera a las pequeñas entidades, algunas de ellas con amplia experiencia en el sector. Hoy, todos esos recursos están en alegaciones, y el tribunal espera poder resolverlos en unas seis semanas. Luego, continuaría el procedimiento, y quizá para enero comiencen a salir los convenios con las comunidades. “Yo estimo que las agencias puedan empezar a colaborar a partir de primavera”, prevé Pavón, aunque fuentes regionales de empleo retrasan la fecha de las primeras asignaciones de parados hasta el verano.

Un proyecto “poco ambicioso”

Pero el retraso no es el único problema. El Gobierno prevé destinar a la contratación basada en el Acuerdo Marco un total de 200 millones de euros en dos años y su posible prórroga, por otros dos. Una cantidad “irrisoria”, según Marcel Jansen, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Fedea. “En países como el Reino Unido este sistema se autofinancia: lo que se paga a las agencias se ahorra en prestaciones. Desde esta perspectiva no se entiende muy bien que haya un límite a la cuantía. Vamos a tener un ‘proyecto piloto’”. De hecho, si se dividen esos 200 millones por la cantidad media que pueden percibir las agencias por parado ‘colocado’ (1.500 euros) y por los cuatro años de posible aplicación, el resultado es 33.333 personas reinsertadas al año, un 0,5% del paro actual.

“Si es tan limitado, debemos ser muy estrictos respecto a quién se deriva a estas agencias: en Holanda y Reino Unido reciben los casos difíciles”, señala Jansen, que añade: “Además, no podemos ser optimistas respecto a su repercusión en el desempleo. Veo bien que estos cambios se estén introduciendo, pero no hay un compromiso a gran escala, y el ‘vehículo’ parece muy lento. En el fondo, lo que falta en España es un debate en profundidad sobre cómo atacar el paro de larga duración, sobre el futuro de las agencias públicas de empleo y sobre el diseño de políticas activas de empleo”.

Críticas de fondo

Jansen apunta, además, otras preocupaciones: que las agencias dirijan sus esfuerzos a los casos más ‘fáciles’, dejando de lado el resto; el hecho de que quien diseña esta colaboración (el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, y las autonomías) sea el responsable de unas agencias públicas cuya eficacia para colocar parados puede quedar en evidencia precisamente por ella; o la falta de incentivos para las autonomías, porque el ahorro repercute en las prestaciones, que son estatales… Pavón añade otras: “Se está iniciando un buen modelo, pero se ha hecho de forma precipitada para cumplir con los plazos europeos, ha dejado abiertas muchas incógnitas sobre cómo van a trabajar realmente las agencias y se ha realizado con poca visión. Por ejemplo, se tenía que haber tenido en cuenta la situación del mercado laboral, el nivel de empleabilidad de cada persona, porque no es lo mismo conseguir un contrato de seis meses para una persona de 25 años que para uno de 55 salido hace más de dos años de la construcción”.

Hay a quien no le gusta ni la forma, ni el fondo. La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) ha denunciado ante la Defensora del Pueblo el incentivo del 15% que las agencias obtendrán por ‘señalar’ a los parados en quienes aprecien ‘irregularidades’, puesto que “no tienen competencia para hacer estas denuncias, aunque se escuden diciendo que propiamente no lo son”, según explica su presidente, Antonio Valenciano. Pero va más allá: “En general, esta colaboración no es más que una privatización de un servicio público que, si no funciona, es porque no se apuesta por él, cuando lo que habría que hacer sería reforzar las oficinas públicas de empleo. Además, conduce al trabajo precario, un empleo, además, que supondrá un coste para las arcas públicas”.  Marcel Jansen argumenta: “El sistema no se privatiza. El SEPE continúa decidiendo si tienes derecho a prestación, y quién te va a ayudar a insertarte en el mercado. El énfasis debe estar en ofrecer planes individualizados y el sistema público hoy por hoy no es capaz ni tiene recursos para hacerlo”.

Publicado en El Confidencial, el 3 de noviembre de 2013

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El decálogo de la ‘ley Wert’

A la séptima reforma educativa de la democracia, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) la llaman ‘ley Wert’, en honor, o más bien demérito, de su impulsor, y también ‘la breve’, porque casi toda la oposición (salvo UPN, Foro Asturias y UPyD) ha asegurado por escrito que, en cuanto se lo permita el equilibrio parlamentario, será derogada. La aprobó el jueves el Congreso de los Diputados, sorteadas las 11 enmiendas a la totalidad y desestimadas las más de 700 parciales –ha incluido sólo 42 de lospopulares y algunas de otros grupos, la mayoría de UPyD–, sólo con el voto favorable del PP. Ni siquiera sus aliados tradicionales –UPN y Foro Asturias- votaron a favor, y el 24 una huelga de padres, profesores y alumnos le hará frente en la calle. La LOMCE está pendiente aún de su paso por el Senado, donde aún se puede incluir alguna enmienda, en cuyo caso volvería al Congreso. El Gobierno, en cualquier caso, pretende que se apruebe antes de fin de año y que se ponga en marcha para el próximo curso. Estas son sus líneas maestras:

1. Centros, padres, profesores, Consejo Escolar y director. El nuevo texto añade un párrafo al artículo 1 de la LOE, especificando que uno de los principios que inspiran el sistema educativo español es el “reconocimiento del papel que corresponde a los padres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos” y su derecho “a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos”. También ahonda en la autonomía de los centros, que tendrán “la capacidad de identificar cuáles son sus fortalezas y necesidades de su entorno, para así poder tomar decisiones” sobre su oferta pedagógica. En cuanto al Consejo Escolar, formado por miembros de toda la comunidad –padres, alumnos, profesores– pierde funciones, como aprobar la programación general del centro o el despido de profesores en la concertada. Los directores, por su parte, ven reforzado su papel y serán reelegidos en función de una evaluación de su trabajo en la que entrarán los resultados de sus alumnos en las ‘reválidas’.

2. La autoridad del profesorado. Los profesores y directivos de los centros se consideran “autoridad pública”, y los hechos que constaten para adoptar medidas correctoras tendrán “valor probatorio”.

3. Tres tipos de asignaturas. En Educación Primaria, ESO y Bachillerato, se dividen en troncales, específicas y de libre configuración autonómica. En las primeras (Lengua, Matemáticas, Geografía e Historia…), el Gobierno determinará contenidos, criterios evaluativos y horario mínimo; en las específicas, los criterios evaluativos. Las de libre configuración autonómica, además de las clases en la lengua cooficial, serán especificadas por las comunidades en cuanto a contenidos y horarios.

4. Itinerarios. Se adelantan las elecciones de los alumnos. En tercero de la ESO (14 años), los alumnos irán dibujando su futuro, según las opciones elegidas, hacia bachillerato y FP. Cuarto de ESO, sin embargo, se transforma ya en un curso preparatorio para el bachillerato o la Formación Profesional, con caminos completamente diferenciados (“tendrá un carácter propedéutico”, señala la ley). De este modo, el curso se divide en dos opciones: “Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato” y “Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional”. Hay tres modelos de bachillerato: Ciencias, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales.

5. Formación Profesional Básica. A los 15 años (y hasta los 17) o excepcionalmente, antes, tras el segundo curso de ESO (14), los alumnos podrán cursar ya una nueva FP Básica, de dos años de duración, siempre a propuesta del profesorado “cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje”. Dará lugar a un título profesional básico, y esta opción no contabilizará como abandono escolar temprano (que actualmente está cerca de doblar la media europea, con un 24,9%).

6. Castellano, lengua vehicular. “El castellano es lengua vehicular en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas”, reza el texto salido del Congreso. En aquellas comunidades en las que la enseñanza del castellano como vehicular no integre una “oferta docente razonable” en centros públicos y concertados, el Ministerio asumirá la escolarización de los alumnos que lo soliciten en centros privados, aunque luego repercutirá el gasto a la administración autonómica.

7. Adiós a la selectividad, hola a las ‘reválidas’. La norma implanta evaluaciones al final de cada etapa: pruebas de primaria en tercero y sexto y una evaluación externa al término de la ESO y el bachillerato. Las dos últimas son competencia del Ministerio y necesarias para pasar al siguiente tramo u obtener el título, y abren la puerta a los polémicos ránkings de centros. La calificación final de la ESO (última etapa de la enseñanza obligatoria) se obtendrá con un 70% de la media de las calificaciones de los cursos y un 30% de la reválida final; la de Bachillerato se establece en una proporción de 60% a 40%. Se elimina la prueba de acceso a la universidad, aunque los centros universitarios, eso sí, podrán establecer sus propias evaluaciones.

8. Con tres suspensos, se repite. Salvo casos excepcionales, tanto si se obtienen tres suspensos como si estos son sólo dos, pero corresponden a lengua castellana o cooficial y matemáticas, el alumno no pasará curso en la ESO. En bachillerato, el límite para no promocionar queda especificado en el suspenso en tres materias.

9. La religión sí cuenta. La polémica Educación para la Ciudadanía desaparece del sistema, mientras que Religión y sus alternativas –Valores Sociales y Cívicos (Primaria); Valores Éticos (Secundaria)- podrán contar para la nota media de cada etapa y se equiparan en horas al resto, aunque no entran en las reválidas. En Bachillerato, la asignatura de Religión será optativa.

10. Centros concertados. La ley garantiza que todos los alumnos tendrán plaza para cursar la enseñanza obligatoria, pero no señala que tenga que ser en la enseñanza pública, y añade que “las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público”. Sostiene, además, que la enseñanza diferenciada por sexos “no constituye discriminación” y establece que los centros que opten por este tipo de educación no podrán tener desventajas a la hora de suscribir conciertos.

Publicado en El Confidencial, el 13 de octubre de 2013

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