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“Si mi abuela supiera que soy prostituta, me aplaudiría, porque no soy una víctima”

“Si mi abuela supiera lo que hago, me aplaudiría, porque no soy una víctima”. Lo dice Isabel Holgado Fernández, antropóloga, experta en trabajo sexual y también, como ha asegurado en público esta semana, prostituta. En el extremo opuesto, Rosario Carracedo, portavoz de una organización que defiende la abolición de esta práctica, sentencia: “Dice un cliente en un foro: ‘A pesar de mis preferencias, el mejor polvo que he echado es con una china. Se dejaba hacer de todo’. Esas palabras reflejan sin cinismo lo que piensan los prostituidores y la naturaleza de su relación. La prostitución es inaceptable”. Son algunos de los testimonios que se han oído esta semana en una jornada que ha acogido la Fundación Ortega-Marañón bajo el equívoco título de Libertad Sexual y sus Implicaciones en la Actualidad. Equívoco porque de lo que realmente se hablaba allí es de un tema “espinoso”, como refería una de las organizadoras, María José Villaverde, catedrática de Ciencia Política de la Complutense: la prostitución. Equívoco, sí, pero necesariamente, porque el proyecto estuvo a punto de irse a pique por no encontrar sede y financiación y por la negativa de personas con diferentes enfoques sobre el trabajo sexual a sentarse en la misma mesa. Quizá porque la prostitución sigue siendo una palabra y una realidad tabú, que muchos prefieren no ver y de la que muchos quisieran no oír. En esta jornada, sin embargo, se han escuchado, por primera vez frente a frente en España, las posturas absolutamente contrapuestas de quienes conocen este tema. Y, también, la voz de las propias prostitutas:

-“Propongo una solución salomónica, diferenciar entre la esclavitud sexual y el comercio libre de los cuerpos”. Enrique Gil Calvo, catedrático de Sociología de la Complutense, defendió la existencia de dos realidades, la esclavitud y la transacción sexual entre libres e iguales: “En el primer caso, el cliente es un cómplice criminal; en el segundo, no se le puede criminalizar”. En cualquier caso, sostuvo, “en esta sociedad que va hacia una mercantilización generalizada de la vida, percibo que la prostitución va a estar cada vez más liberalizada”.

-“Las organizaciones criminales dedicadas a la trata van en Ferrari; nuestro sistemas represivos, en 600”. Fiscal delegada provincial de Extranjería y Delitos Sexuales de Girona, Sandra Fagil recalcó que las instancias policiales, judiciales, etc. “van mucho más atrás que los delincuentes” e incidió también en que los nexos entre la trata de seres humanos -el “tercer negocio más lucrativo del mundo”- y la prostitución son tales que a la hora de perseguir la primera “sigue habiendo confusiones”. Subrayó que hoy las penas a las que se enfrentan estos delincuentes son “muy graves” (entre cinco y ocho años que los agravantes pueden alargar considerablemente), la ausencia de datos ciertos y fiables en España y la incongruencia de un sistema que pide a las víctimas que colaboren (la mayoría de las pruebas en estos casos son testificales), “pero no les da alternativas para escapar a su red, para tener una vida nueva. ¿Quién quiere volver a Nigeria, cuando además los ‘malos’ conocen a tu familia, a tu hijo…?”.

Colomo, Gil Calvo, Carracedo, Cobo, Villaverde, López Riopedre, Poyatos y Fagil. Colomo, Gil Calvo, Carracedo, Cobo, Villaverde, López Riopedre, Poyatos y Fagil.

-“Mi negocio es como otro cualquiera”. Ni explotación ni coacciones ni comisiones. Es más, cuando la asesora fiscal Patricia Ferrer Rafael, regente y co-propietaria de un club de alterne en Ibiza desde 1999, detecta la huella de las mafias, recurre a la policía. Es lo que sostuvo en su intervención, en la que aseguró que su club proporciona la infraestructura para que las trabajadoras realicen su trabajo, cobrando una tarifa por el uso de las instalaciones. “La prostitución no va a erradicarse jamás y lo que hace falta es regularizarla, normalizarla y que sea una relación mercantil como la de cualquier trabajador”, señaló.

-“La prostitución ha pasado de ser un negocio casi artesanal a una multinacional vinculada a la economía criminal en 30 años”. Para Rosa Cobo, profesora de Sociología de Género de la Universidad de A Coruña, la prostitución “surge de una estructura patriarcal y neoliberal y su lógica de privatizar todo lo que encuentra a su paso. En mujeres de extrema pobreza, se pueden privatizar sus cuerpos”. Cobo insistió en la falta de legitimidad del ‘contrato’ entre cliente y prostituta y en que la prostitución, “resultado de la desigualdad de género y económica, se convierte a su vez en una fuente de desigualdad por su fuerza en el imaginario colectivo”.

-“Se habla de la prostitución como un modelo de sexualidad, cuando sólo es sexual para una de las partes, los prostituidores”. Portavoz de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, Rosario Carracedo abogó por el modelo sueco -donde se penaliza al cliente-, y cuestionó el propio título de las jornadas: “Parece que prostitución y libertad sexual forman parte de una misma realidad, y se parte de una postura ideológica que admite desde el punto de vista teórico y de la actuación política la diferenciación de los grados en que la sociedad permite el consumo de mujeres. Sin embargo, si aspiramos al principio de igualdad entre hombres y mujeres la prostitución es inaceptable”.

-“No somos trozos de carne que se venden y no queremos una protección estatal que no necesitamos”. Así de contundente se mostró Cristina Garaizábal, presidenta del colectivo Hetaira, que, desde una postura antagónica, defendió la prostitución como trabajo, la “libertad y autonomía” de quienes la ejercen, “los derechos de plena ciudadanía” de las prostitutas inmigrantes y la “negociación de espacios” para que trabajan en la calle. En la prostitución, dijo, “hay empresarios, no proxenetas”, haciendo hincapié en la distinción con la trata, y en el sector “puede haber explotación laboral, no sexual”.

-“El ambiente en los pisos de contactos es similar a los pisos de estudiantes”. Así describió José López Riopedre, sociólogo, coautor de Trabajando en la prostitución y abogado (conoce de primera la operacion Carioca) lo que ha encontrado en su trabajo de campo, centrado en la prostitución brasileña y rumana en el noroeste de España: “Pisos de contactos en los que trabajan mujeres que llegaron a nuestro país, muchas veces sabiendo a lo que venían, y que después de un tiempo en locales de alterne se dieron cuenta de que les salía mejor independizarse”. “Las mujeres se juntan en un piso, aúnan esfuerzos y se autoorganizan, y la jefatura suele ser femenina”, describió Riopedre, quien recalcó que sus estudios no pueden generalizarse y defendió “eliminar del Código Penal la palabra prostitución. Ya hay herramientas en él para prevenir abusos y coacciones”.

-“Hay dos falacias: primero, que la prostitución no es un trabajo; segundo, que no está regulada”. Así lo explicó Glòria Poyatos, jueza decana de los juzgados de Lanzarote y autora de La prostitución como trabajo autónomo (libro que escribió tras conseguir darse de alta ante Hacienda como prostituta, y que ha inspirado la primera cooperativa de trabajadoras sexuales en España): “Una resolución del Tribunal Europeo y dos sentencias del Supremo (de una de ellas fue ponente Carlos Lesmes, actual presidente del CGPJ), desmienten que la prostitución no sea una actividad profesional; y el hecho de que no tenga una regulación específica no quiere decir que no esté regulada”. Poyatos dijo partir “de una realidad que ojalá no existiese, pero es la que es. Soy jurista y realista, y mi deber es proteger. Las prostitutas no pueden ser tratadas como infrasujetos, y debe distinguirse la trata, la prostitución coactiva y la que no lo es”.

-“Se piensa que una prostituta no sabe hablar”. Autora del libro y del blog Una mala mujer y “persona que ejerce el trabajo sexual” desde hace décadas, Montserrat Neira se refirió a sí misma -con ironía- como “mujer prostituida”, término usado por los abolicionistas. Sin embargo, para ella la prostituta es quien controla la situación, ya que “los hombres pagan por adelantado, y la trabajadora sexual puede incluso no cumplir el acuerdo”. Neira, de hecho, sostuvo que la trata es un porcentaje mínimo de la prostitución y denunció que sus víctimas son ignoradas por el Estado. Su experiencia arrancó con 29 años, cuando, divorciada, con hijos y sin formación, se quedó en paro y acudió a un piso donde se quedaban una comisión del 50%. Después, llegó el estigma: “No sólo no podía contárselo a nadie, sino que una vez en unas jornadas abolicionistas conté mi caso y me dijeron que necesitaba tratamiento psiquiátrico”.

-“Si la prostitución es un oficio del que trabaja con su cuerpo, habría que prohibir todo tipo de trabajos”. La Asociación Sex Asistent, entre otros fines, tiene el de crear un espacio que posibilite el “acompañamiento sexual, sensual o afectivo” a discapacitados o personas con diversidad funcional por parte de profesionales. Rafael Reoyo González, activista por los derechos de estas personas, habló del doble tabú que existe alrededor de ellos -respecto a sus cuerpos y su sexualidad- y reclamó “el “fin del ‘minusvalidismo’ y de la lástima”.

-“La tasa de infección por VIH entre las prostitutas es menor que entre las mujeres que no realizan trabajos sexuales”. Menor, incluso, que entre los hombres heterosexuales, por la práctica extendida entre ellas del uso del preservativo. Es lo que sostuvo Concepción Colomo, pionera en programas de salud sexual. “Desde el punto de vista médico, son ineficaces las medidas represivas y de obligatoriedad de controles sanitarios a las prostitutas”, aseguró.

-La limitación de la prostitución es producto “del mito del amor romántico”.Profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), Purificación Heras es autora de un trabajo empírico sobre la prostitución que puso de relieve “la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales”, debida, según ella, a las políticas restrictivas. Eso en una sociedad que “jerarquiza la sexualidad” y considera que “el sexo es malo y debe ser castigado”.

Reoyo, Sáez, Fernánde-Llebrez (moderador), Garaizábal, Neira, Holgado.Reoyo, Sáez, Fernánde-Llebrez (moderador), Garaizábal, Neira, Holgado.

-“Los que sostienen que las mujeres prostitutas no optan o no deciden no dicen la verdad”. Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ramón Sáenz recalcó que la prostitución voluntaria “es una realidad innegable”, y rechazarla “dificulta la protección de quienes realmente deben ser protegidos”. “El Estado no debe intervenir para criminalizar el intercambio remunerado y voluntario de sexo entre adultos capaces”, y la prohibición incluso “fomenta la trata y la explotación laboral”, aseguró.

-“La prostitución per se no es un mal; es un pacto entre dos personas adultas que consienten de forma libre”. Isabel Holgado, antropóloga, coordinadora de LICIT (Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes Trabajadoras del Sexo) y consultora de la red Sex Workers Project, quiso presentarse también como “trotona”, usando el viejo término castellano que en Cuba significa prostituta. Las prostitutas “somos sujetos actuantes con estrategias de vida distintas”, señaló y narró la anécdota de una inmigrante, Iliana, a la que un periodista le preguntó si tenía orgasmos con sus clientes: “Nunca, ni con mis clientes ni con mis amantes. ¿Sabes cuándo los tengo? Cada vez que voy a Western Union y les envío 300 dólares a mis hijos”. Añadía Holgado: “Si supiera lo que hago, mi propia abuela me aplaudiría porque no soy una víctima, como tampoco se muestra como una víctima Iliana, sino como una persona con voluntad propia”. Y concluyó: “El estigma permite el irrespeto más lacerante”, la “violencia cultural”.

Publicado el 3 de mayo de 2014 en El Confidencial

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Jose Luis Sanchis: “El PSOE, como poco, perderá un millón de votos; el PP, tres”

Noche del 15 de junio de 1977. Cuatro décadas después de las últimas elecciones generales, los españoles habían vuelto a las urnas. El recuento del Ministerio de Interior se paralizó a las 3 de la madrugada, sin acabar. Pero había que dar alguna información. “Nosotros habíamos contratado a mil estudiantes, los habíamos metido en autobuses y los habíamos mandado a ciudades y pueblos. Cada uno esperaba en una mesa el acta de resultados, y después nos llamaba”, explica José Luis Sanchis, pionero y precursor de la consultoría política en España, director de 126 campañas electorales en todo el mundo -con Adolfo Suárez, Aníbal Cavaco Silva, Carlos Menem, Alberto Fujimori, Jordi Pujol, José Antonio Ardanza, Manuel Fraga, Cayo Lara…- y experto en métodos de prospección electoral que se inspiran en la teoría de juegos del Nobel John Forbes Nash -sí, el matemático de Una mente maravillosa-. Hacía pocos meses que Sanchis conocía a Adolfo Suárez, y trabajaba para Presidencia. Él fue el responsable de aquellos primeros resultados que se dieron. Pero ¿lo eran? Sanchis continúa: “Con lo que nos decían esos estudiantes estimamos los resultados en cada provincia. Y metimos la pata, porque algún autobús falló y no teníamos información de Cádiz y Sevilla. Pero en Presidencia necesitaban los datos. Lo que teníamos era 166 diputados para UCD, y eso fue lo que se dijo. Acertamos, lo que demuestra que las técnicas sirven y la casualidad te favorece”.

Han pasado casi 40 años de aquello, y a sus 70, a pesar de haber presidido las asociaciones internacionales más importantes del sector, de haber asesorado a 14 partidos españoles e innumerables en todo el mundo, a pesar de que acaba de recibir en Washington el Honorary Victory Award de sus colegas al otro lado del Atlántico, de su presidencia de honor en la firma de consultores Torres y Carrera y de seguir más que activo en una profesión que le apasiona -y se nota-, Sanchis es “un doctorado primerizo” que hace unos días presentó su tesis sobre campañas electorales. Está dedicada a Suárez, sobre quien prepara un libro (tiene cinco publicados). Es el político que más huella le ha dejado. Y conoce muy de cerca a muchos.

PREGUNTA. Aquel 15 de junio acertaron el resultado. ¿Algún pronóstico para las próximas europeas?

RESPUESTA. Te doy uno, sabiendo que los pronósticos están hechos para equivocarse. Empecemos por abajo. De los pequeños, Vox, Podemos o Ciudadanos se pueden llevar uno o dos escaños. Los nacionalistas, cinco. CiU bajará y ERC subirá. UPyD, también cinco, y subirá en un millón de votos. Izquierda Unida, 9 eurodiputados: aunque ahí es donde tengo más dudas, estará por encima de los tres millones de votos. PSOE y PP se quedarán con el 31-32% cada uno, de 18 a 16 escaños. Su bajada será espectacular: como mínimo, el PSOE perderá un millón de votos; el PP, tres. Es un batacazo para los dos grandes y un muy buen resultado para UPyD e IU.

P. ¿Es el fin del bipartidismo, como se dice?

R. Está totalmente claro que es su final… al menos en año y medio, lo que engloba las europeas, autonómicas y generales. Los dos grandes partidos no pueden tener el 80% de los votos que se consideraban antes. No llegarán al 70%, y probablemente se quedarán en el 62-63%. El voto se desperdigará entre los partidos asentados -IU, UPyD y nacionalistas- y en cuanto a los nuevos, alguno de ellos podemos decir que ‘nacerá’. VOX puede tener su importancia, también Ciudadanos, y Podemos, que es muy relevante para IU.

P. ¿Y la abstención?

R. Superará el 50% y, aunque eso no es sorprendente en unas europeas, supone un agujero muy peligroso. En el PP hace poco decían que los que se marchen del partido irán a ninguna parte, y esa es la clave de la campaña para ellos y para el PSOE: que se queden con ellos, con vergüenza o sin ella. Para IU y UPyD, la clave está en el castigo a los dos grandes. Esa va a ser la pelea: están en juego millones de votos, como mínimo tres. En cualquier caso, la campaña electoral creo que no ha empezado. Tenemos los eslógans, poco más. Una situación y un ambiente general tan malos como los que tenemos acaban con la campaña.

Fotografía de Sanchis junto a un cartel electoral de Sá Carneiro, en 1979.Fotografía de Sanchis junto a un cartel electoral de Sá Carneiro, en 1979.

P. ¿Y qué sentido tiene una ‘jugada’ como la de Mariano Rajoy de guardarse el nombre del candidato… para anunciar después al que todos dábamos por hecho, Miguel Arias Cañete?

R. No tiene nada de jugada. No tenían preparados ni al candidato ni la campaña, aunque luego hayan escogido a la persona más lógica. Mariano Rajoy y Pedro Arriola han elegido el procedimiento del ninguneo al contrario, en Cataluña y en las europeas. Les han dejado hablando solos. Pero, ojo: eso a veces sale bien, como les sucedió en 2011, y a veces mal, como en 2004 y 2008, y ahora se están jugando el futuro de los electores del PP. Siguen la técnica de Mourinho, frenar, frenar, frenar, no jugar, sino dormir el partido, y yo creo que para las europeas va a ser mala. Aparte de que, para mí, la única forma de hacer política es la contraria, la de las propuestas.

P. Vayamos un poco más adelante, a las generales. ¿Tendría futuro Alfredo Pérez Rubalcaba si llegase a presentarse?

R. El PSOE no ganará, pero sí puede gobernar. Y cualquier candidato que no sea Rubalcaba puede llevarse un millón de votos más que él. Porque los electores están cansados de la situación del PSOE, y sólo un cambio les valdría. Rubalcaba sacaría seis millones de votos, seguro, pero López, Madina y Chacón pueden atraer a un millón más. Ojalá yo tuviera a Rubalcaba en otro país, en otro momento: es un candidato positivo, una gran cabeza, muy dialéctico, pero cuando la gente necesita cambio, no le puedes dar más de lo mismo.

P. ¿Y quién tiene futuro en el PP?

Rajoy es un pésimo candidato y un magnífico político. ¿Debería ser el candidato del PP? Si el partido quiere estar en el Gobierno, yo le diría que no. Entonces ¿qué personas hay? La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y García Margallo, que ha sido primera fila en el Gobierno, incluso para el tema catalán o el económico, aunque puede tener un pero, la edad. Lo cierto es que en los próximos dos años, el PP no conseguirá la mayoría absoluta. Después de las generales, veo dos posibilidades: una gran coalición de Gobierno PP-PSOE y, con mayor probabilidad, la suma de ‘todos contra el PP’: PSOE, IU y nacionalistas. De lo que no me cabe duda es de que Rajoy no volverá a Moncloa. Y apuesto a que IU estará en el Gobierno.

P. Suárez, Cavaco Silva, Pujol, Fujimori, Fraga, Carlos Menem… Son sólo una muestra de los políticos cuyas campañas ha dirigido. Incluso participó en una de Hugo Chávez. ¿Tiene color un asesor político?

R. Tiene el color que él desea en el momento en que emite su voto secreto. Un consultor político es un técnico, y las técnicas no tienen ideología. Yo he estado con 14 partidos en España, incluidos todos los nacionalistas.

P. ¿Y qué político le ha dejado más huella?

R. En primer lugar, Adolfo [Suárez], que era una persona absolutamente carismática. La campaña de 1977 fue especial y también la peor noche electoral que recuerdo: los resultados que se dieron fueron los que habíamos proporcionado nosotros, e imagínate lo que hubiera supuesto una equivocación en esas elecciones. Pero me he ‘enamorado’ de muchos de mis candidatos: Pujol, Ardanza, Fernando Fernández, Barberá, Zaplana, Fraga, Mayor Oreja… En el extranjero, Sá Carneiro, el primer político no de izquierdas que ganó tras la revolución de los Claveles en Portugal, o Cavaco Silva. Dejan huella, primero, porque cuando vas a ser juzgado la noche electoral te das cuenta de que estás poniendo un poco en la historia de una persona -tu candidato- si pierde, y del país, si gana. Dejan huella por lo que se juegan, ellos y tú. Segundo, porque cuando los conoces personalmente se produce una química especial. Y tercero, por la admiración que despiertan algunos de ellos.

[“Acabo de conocer a un tipo que plantea el tema electoral desde el punto de vista matemático y de márketing. No le entiendo en absoluto, por eso creo que debe de ser muy bueno”. Con esas credenciales le presentó José Mario Armero, presidente de Europa Press y pieza clave en la transición, a Adolfo Suárez en marzo de 1977 a este hombre que dice que la política “lo tiene todo” de matemáticas. Sin embargo, en la charla con Sanchis, aparte de números y porcentajes, sobrevuelan incontables anécdotas, momentos y figuras que poco tienen de aritméticas. Por ejemplo, la de Sá Carneiro, con el que colaboró, enviado por Suárez, desde su primera victoria en Portugal -y el pasado viernes, cuando se celebró esta entrevista, era un día especial para Sanchis por el 40 aniversario de la Revolución de los Claveles- hasta su última conversación, poco antes del accidente de avión que acabó con su vida. O la del hoy presidente de Portugal, Cavaco Silva. O el recuerdo de Manuel Fraga abriendo un paraguas con la bandera española en plena calle Ercilla, de Bilbao (“hoy Sanchis no me deja cenar”, bromeaba el gallego). O la ocurrencia de aquel mandatario de enviar un avión en vuelo raso sobre una manifestación para disolverla. O el instante en que se tomó la fotografía de Suárez lanzándose al agua, que ha servido para Forbes. O… Pero sigamos con la aritmética:]

P. Si la política tiene todo de matemáticas, ¿por qué tienen tan mala fama las estimaciones y prospecciones electorales?

R. La clave está en la ultilización que se hace de ellas. Tú haces un sondeo para saber qué va a ocurrir, y normalmente aciertas. Pero ¿con eso qué haces? ¿Te lo guardas, como recomiendo yo, o se lo filtras a algún medio, en la escuela del PP? El problema es su utilización partidista.

P. ¿Cómo ha cambiado el márketing electoral en estos 40 años?

R. Nada. Los electores se comportan igual, el análisis electoral es el mismo, las campañas son y serán las mismas, se usen vallas o no, como ahora han anunciado. E Internet, sí, lo ha cambiado todo… lo que quiere decir que afecta a un porcentaje de votos muy pequeño, de entre el 3 y el 5%, incluso en el caso de Obama. El primer consultor político fue Quinto Tulio Cicerón, y en suBreviario están todas las instrucciones para una campaña.

P. ¿Y cuánto le cuesta un asesor a un partido?

R. En España, una campaña puede estar entre 20 y 30 millones. Se gasta mucho, no sólo aquí: mi último presupuesto en México fue de 200 millones de dólares. Sin embargo, para los grandes partidos yo creo que bastaría con 10 o 15 millones, y para los pequeños, tres. ¿Y cuánto cobra un consultor político? Uno bueno, en América, cerca de medio millón de dólares, una cifra que sólo dos o tres pueden ganar en este país, donde sólo contratan el PP y el PSOE.

Sanchis, al recibir el Honorary Victory Award.Sanchis, al recibir el Honorary Victory Award.

P. Asesoró a Pujol, Ardanza y Fraga en los 80, cuando se perfiló el mapa de las autonomías. ¿Cómo se ve hoy, desde el márketing político, la consulta catalana?

La campaña, desde el punto de vista catalán, está basada en la ilusión, en el sentimiento. Como en el anuncio de J’Adorede Dior, con Charlize Theron, la ves venir de frente. Y la de Rajoy contra la independencia es la de Don Cicuta. En lo que respecta al sentimiento, la campaña la ganan sin duda desde Cataluña. En lo jurídico, desde España. ¿Y eso qué nos da? Un desmadre.

P. Dice que tiene toda la vida profesional por delante. ¿A quién le gustaría asesorar?

R. En España, para las generales, a Cayo Lara, porque creo que ha llegado el momento en que los ciudadanos e IU convergen en las mismas ideas y en el que la solución pasa por un pacto anti inmovilismo. En la catalana, estoy abierto a quien quiera para lograr un entendimiento mezclando el sentido común y los sentimientos. Y en el exterior, a Marcelo Ebrard, porque pienso que la posibilidad de cambio en México está en el PRD, no en la vuelta del PRI.

Publicado en El Confidencial el 27 de abril de 2014.

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Decapitados, crucificados, electrocutados… y otras tres formas de morir ejecutados

21 de mayo de 2013. Cinco yemeníes, condenados a muerte por robo a mano armada, mueren ejecutados en la ciudad de Jizan (Arabia Saudí) según un rito ancestral: fueron decapitados a espada por verdugos ‘expertos’, más tarde se cosió su cabeza al tronco y sus cuerpos fueron crucificados frente a la universidad para, así expuestos, servir de ‘ejemplo’. El relato lo hace Carlos Heras, responsable de la campaña contra la pena de muerte en España de Amnistía Internacional (AI), y da cuenta de lo macabro de los datos que aporta el último informe de esta ONG sobre el tema.

AI se opone a todos los métodos de ejecución, sin distinciones. En las 778 condenas a muerte llevadas a cabo en todo el mundo en 2013 (un 14% más que el año previo) se utilizaron cinco sistemas: decapitación (con crucifixión posterior en ocasiones, en Arabia Saudí), electrocución, inyección letal, fusilamiento y ahorcamiento. No ha habido constancia de lapidaciones, aunque desde AI señalan que se ha tenido noticia de alguna, pero extrajudicial, realizada por grupos armados en países como Afganistán. Uno de los pocos estados cuyo sistema legal aún contempla este sistema, Irán, está reformando su Código Penal, y parece que la lapidación va a desaparecer de él.

Sin embargo, aunque pueda parecer que existe un grado mayor o menor de crueldad entre todas estas barbaries, Heras cita un ejemplo que puede contribuir a desechar esa idea. En el muy ‘civilizado’ Estados Unidos (el único país de América que ejecutó), este enero se acabó con la vida de Dennis McGuire tras una agonía de entre 10 y 25 minutos, con jadeos y estertores. En 2010, el fabricante estadounidense de tiopental sódico (pentobarbital), uno de los tres componentes habituales de la inyección letal, dejó de suministrarlo, y en 2011 la UE prohibió su exportación para ejecuciones. A finales de 2013, varios estados se quedaron sin reservas, y el de Ohio decidió probar con McGuire un nuevo compuesto, con los resultados descritos, lo que abrió un debate sobre la “humanidad” de este método de ejecución. En EEUU, por cierto, hubo en 2013 tres exoneraciones a título póstumo.

Más allá de estas disquisiciones, están los abrumadores datos. En 2013 hubo ejecuciones todos los días del año, hasta 778 en 22 países, con 1.957 condenas en 57. El ránking de muertes lo lideran Irán, con un mínimo de 369 (reconocidas), Irak (169), Arabia Saudí (79), EEUU (39) y, por encima de todos ellos, China: AI no da cifras exactas desde 2009 porque en este país las ejecuciones se consideran secreto de Estado, y hacerlas públicas “pondría en peligro la seguridad” de sus fuentes. Asegura esta organización, sin embargo, que suman millares, y en cualquier caso se trata de una cifra superior a la del resto del mundo.

Más datos: al finalizar el año, una condena a muerte pendía sobre 23.392 personas, entre ellas, el español Pablo Ibar, que aguarda el resultado de su apelación ante el Tribunal Supremo de Florida. En el planeta hay 98 países abolicionistas para todos los delitos, siete para los delitos comunes y 35 en la práctica (no han llevado a cabo una ejecución en una década). Es decir, existen 140 países que no contemplan la pena de muerte en su legislación o en la práctica en los últimos diez años, frente a 58 que la incluyen para delitos ‘comunes’, entre los que se cuenta el adulterio (Arabia Saudí), la blasfemia (Pakistán), los delitos económicos (China, por ejemplo), la violación (Emiratos, entre otros), robo con agravantes (como en el caso de los ‘crucificados’ en Arabia Saudí) y delitos contra el Estado, entre los que cabe la ‘enemistad con Dios’ (moharebeh, en Irán).

En algunos casos no se ha devuelto a la familia el cuerpo. En otros, las ejecuciones han sido públicas. Ha habido ejemplos de ejecutados por delitos cometidos siendo, presuntamente, menores. Además, “en la mayoría de países, la pena de muerte se impuso por procedimientos judiciales que no cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos. […] En varios las condenas estuvieron basadas en ‘confesiones’ obtenidas posiblemente por medio de la tortura o los malos tratos”, detalla el informe.

A pesar de ello, “la tendencia hacia la abolición se mantiene firme”, apunta el texto, aunque Carlos Heras matiza que “las cifras de 2013 no nos permiten mirar al futuro con optimismo. La pena de muerte se lleva a cabo en menos países, pero cada vez se dan más ejecuciones en ellos”. En marzo, por ejemplo, en Egipto, se condenó a muerte en un mismo juicio a 528 personas.A finales de mes llegará la sentencia formal.

Publicado el 19 de abril de 2014 en El Confidencial.

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Una treintena de óperas creadas en las aulas, a la espera de su próximo estreno

Lía y Adriá, directores de producción. Héctor, Julián, Marta y Mario, compositores. Eva y Emilio, relaciones públicas. Gabriel, Lucía, Beatriz, Eva y las dos Paulas, escenógrafas. Son parte de una compañía de ópera, la Blue Dolphins Band, y antes del verano presentarán su primera pieza en público. Esa, sin embargo, no es su meta. Su meta, aunque no sean conscientes de ella, es crecer. Educarse. Comunicarse, negociar, expresar emociones, enfrentarse a retos y encontrar soluciones a través de la imaginación, la creatividad… Es decir, todo lo que reclamaba la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, al presentar esta misma semana los pobres resultados del último informe PISA, esos que han demostrado la escasa capacidad de los alumnos españoles para resolver problemas de la vida real.

Lía, Adriá y los otros 26 miembros del elenco artístico y técnico de la Blue Dolphins Band tienen entre 8 y 9 años. Componen toda la clase de 3ºA del CEIP Joaquín Costa, el mayor centro de infantil y primaria de la Comunidad de Madrid. Público. Este año, su tutora, Belén Trigueros, decidió asumir ella misma otro reto, el de “utilizar una metodología muy diferente a la que tenemos normalmente, esa que ahora se ha criticado tanto…”. Se refiere a las palabras de Gomendio, que atacaba (y levantaba una nueva polémica) un sistema todavía “demasiado centrado en el aspecto memorístico” en el que los profesores tienen la responsabilidad como “el eslabón más importante”. “Yo no estaba contenta con la metodología al uso… No todo el trabajo es así, pero te das cuenta de que los niños no son embudos que puedas ir llenando de contenidos”. Por eso se sumó, como otros profesores de unos 26 centros este año, en el proyecto Lóva (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje), que nació en 2006 en España (en EEUU llevaba más de tres décadas) con tan sólo tres centros.

Crear para Crecer. Juan Olcina [Extracto del documental realizado por Juan Olcina sobre el proyecto Lóva]

“La ópera es la excusa, pero lo interesante es el proceso”, apunta Trigueros, y añade Pedro Sarmiento, coordinador de Lóva: “Nació como un proyecto de educación artística, pero con el tiempo se ha transformado. Se trata de ofrecerles a los niños [de infantil, primaria, secundaria, bachillerato…] una experiencia educativa que merezca la pena. Que no se trate de ir al colegio para aprender esto o aquello, sino de crecer como personas”. El proceso se resume fácilmente: el profesor se forma un taller de unos pocos días, y con la base de una amplia red de apoyo e intercambio de experiencias, plantea a su clase hacer entre todos una compañía de ópera, repartirse las distintas profesiones, crear la música, el libreto, la escenografía, las luces… y estrenarlo al final de curso en un centro cultural, teatro o incluso el propio Teatro Real de Madrid, una de las instituciones implicadas en el proyecto. Llevarlo a cabo, sin embargo, es más complejo: “Se trata de que se autogestionen ellos, y a los profesores nos cuesta dejar la autoridad. Hay momentos mágicos, y otros que acabas de los nervios”, relata Trigueros. Momentos como este mismo, a pocos meses del estreno, aún sin libreto y con propuestas sobre la mesa que la profesora no ve posibles. “Al hacerlos más responsables, les estás dando también más libertad. Y en esa tensión a veces aparecen problemas que no se dan en una clase al uso”, apoya Sarmiento.

¿Beneficios? “Los alumnos tienen que comprometerse, negociar, comunicarse… Se desarrollan las competencias básicas, por ejemplo, la de aprender a aprender, el ser consciente de sus valores y habilidades, del trabajo con los demás, la lingüística, la matemática… Construyen focos, calculan vatios, presupuestos”, esboza Sarmiento. Hay más: “Es algo que han hecho ellos, por lo que han luchado todos. Se les nota el cambio. Por ejemplo, quizá discuten en clase, pero en el patio van todos a una. Son la compañía, y lo tienen claro. Y los padres me dicen que tienen más estrategias para decir lo que piensan, lo que sienten. Desarrollan también competencias muy prácticas: tienen que hacer un blog, llamar a los directores de centros culturales, comprar telas… y aprenden a escuchar, a empatizar”, cuenta Trigueros.

“Como profesor, es una experiencia muy estresante, pero también un proyecto muy potente. Tienen que tomar decisiones y responsabilizarse de ello. Aprenden a tener en cuenta otras opiniones y a superar la frustración de que la suya no sea siempre la que más se valore”, cuenta Mateo Añover, director y profesor del CEIP Antonio Hernández, de Móstoles (Madrid), donde dos compañías de sexto de primaria (10-11 años) están preparando su obra. Y añade: “El objetivo es trabajar en la pedagogía de las emociones. Conseguimos que la conflictividad entre los chicos prácticamente desaparezca, precisamente porque intentamos que surja y, al surgir, se puede tratar”.

Hay momentos de gritos y otros de silencio respetuoso, como ese que se dio en una de las aulas cuando, en una de las actividades, una niña habitualmente poco integrada en la clase explicó por qué era importante para ella el monedero de su abuela fallecida. Luego, llegaron las manos alzadas: “Todos la intentaban consolar desde la serenidad. Mejor que los adultos“, explica su profesora. “Expresan emociones profundas que muchas veces en el colegio no tienen espacio para sacar”, corrobora Marifé Idoy, del departamento de producción y pedagógico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que colabora con dos proyectos en dos colegios de Las Palmas (Santa Catalina y Timplista José Antonio Ramos).

watch?v=6PkYLfyytBE [La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha desarrolado varios talleres Lóva. El pasado año el estreno se hizo, el 15 de mayo, en la sala Gabriel Rodó]

Existen en España 26 colegios donde todo esto se está dando, en este curso de metodología “anticuada”, según señalaba Gomendio, y a las puertas de la aplicación de una Lomce que, teóricamente, dejará abierta la posibilidad de que un alumno curse toda la enseñanza obligatoria sin dar una clase de música, puesto que esta asignatura y las artísticas quedan fuera de las troncales, al arbitrio de lo que elijan ofrecer comunidades y centros. Señala Blanca Domínguez, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español (COAEM) que su inclusión es necesaria como “experiencia humana de primer orden, que afecta a la cultura general y a la sensibilidad artística del ciudadano y del país” y también por todo lo que aporta “en relación a la creatividad, la sensibilidad y la capacidad de expresión, el pensamiento creativo y divergente del que, precisamente, habla PISA”.

Nada de todo esto saben los componentes de la Blue Dolphins Band, la Compañía de Orión, la Magic Box Junior, la 14 en Raya, el Canto Arcoiris y las cerca de 30 compañías que este año, a iniciativa de sus profesores, se han sumado al proyecto Lóva y llevarán dentro de poco sus piezas a centros culturales y teatros. O no: “Tenemos asumido que quizá no se pueda estrenar. Pero eso tampoco sería una catástrofe. Sería una situación de la que también aprenderían”, dice Mateo Añover.

Publicado el 6 de marzo de 2014 en El Confidencial.

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“Prefiero pasar seis meses en la cárcel que tres en un CIE. Allí hay más libertad”

Personas detenidas que cambian de abogado ante la Policía y distintos jueces. Que a veces no conocen sus expedientes legales. Que no siempre tienen intérprete con el que entender o hacerse entender. Que se encuentran perdidas en un laberinto competencial en el que pueden llegar a intervenir hasta cinco juzgados. Personas muchas veces sin delito penal alguno que están encerradas en sitios que no son cárceles, pero tienen celdas de aislamiento y están custodiadas por la Policía. Que no siempre pueden comunicarse con los suyos. Y que, a veces, reciben la orden de recoger sus cosas para subir a un avión. Kafka escribió El proceso a comienzos del siglo XX, pero hoy, en este comienzo del XXI, en España, se dan situaciones que recuerdan sus palabras. Sucede en los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE, hoy ocho “establecimientos públicos no penitenciarios” donde se priva de libertad a personas extranjeras por una falta administrativa: por encontrarse, en la mayoría de los casos, en situación irregular.

Vienen de las costas, de Ceuta o Melilla (23%) o han pasado ya tiempo en España (el 43% lleva más de siete años aquí, muchos con permisos previos de trabajo y residencia). El internamiento es una medida cautelar (60 días como máximo) y excepcional que debe ser “el último recurso” para garantizar su expulsión (hay otros, como la retirada del pasaporte o la obligación de presentarse en comisaría), según el marco legal, muy garantista, que rige en nuestro país. Lo que sucede, según la ONG Pueblos Unidos, que acaba de presentar su informe sobre los CIE 2013 (bajo el título de Criminalizados, internados, expulsados) es que su aplicación dista de serlo.

La presentación de este informe, basado en la experiencia de esta organización jesuita de más de 1.200 visitas en 2013 al CIE de Madrid y otras muchas al de Barcelona, da para muchos titulares y muchos reportajes. “Se sigue pidiendo identificación en la calle sólo por el perfil racial”. “Se abusa del internamiento, y se está usando de forma arbitraria”. “Pedimos el control de la realidad policial y judicial del internamiento. Se debería identificar a quienes tendrían derecho a protección internacional como menores, refugiados o víctimas de la trata, pero esas personas pasan en 72 horas del calabozo al CIE, hay autos colectivos de internamiento, no se les da información sobre la posibilidad de asilo, y no se valora cada caso como marca la ley”. “Las ONG no tenemos acceso a información de los internos, aun con su permiso”. “Muchos tienen un gran arraigo en nuestro país, un 10% tiene hijos menores españoles a su cargo (otro tanto, no españoles) y entre un 44% (en Barcelona) y un 55% (Madrid) carece de antecedentes penales”. “La gran pregunta es quién hay en los CIE y por qué. Estamos alarmados con el discurso del Gobierno que criminaliza a estas personas, que da a entender que se expulsa a delincuentes, que basa estos centros no en una política migratoria, sino de seguridad”.

Respecto a las condiciones dentro de los CIE, otra avalancha: “Podemos decir que las condicionesatentan contra los derechos de las personas internadas”. “Tienen dificultad para acceder a sus expedientes legales, y están en una situación de incomunicación hacia el exterior, sin ordenador, sin móvil, sin internet, sin acceso al email. No conocen muchas veces ni el nombre de sus abogados”. “Cuando el Estado priva a alguien de libertad se convierte en garante de su salud, pero esto no es así en los CIE. Hay insuficientes reconocimientos médicos, una mala valoración de su salud, no hay enfermería para determinados cuadros, no hay traductores, se les atiende tras una raya en el suelo”. “No son extrañas las quejas por conductas racistas o xenófobas por parte de los policías que los vigilan, situaciones aisladas que el corporativismo impide que se investiguen”. “Es fácil entender su angustia. A veces, las menos, se atreven a poner una queja. Otras, ingieren pilas o detergente. Hay gritos, intentos de suicidio, huelgas de hambre”.

Otras instancias, como el Defensor del Pueblo o la propia Fiscalía han reclamado mejoras en la administración de los CIE. Mientras, el Gobierno acaba de aprobar un reglamento que rige estos centros, lo que significa “un avance, porque limita la arbitrariedad, pero puede quedar en papel mojado”, según Pueblos Unidos. En cuanto a los datos, delatan que no siempre, ni mucho menos, el internamiento garantiza el fin que lo justifica, la expulsión: de las 11.325 personas que en 2012 (últimos datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía) ingresaron en un CIE en España, 5.924 fueron expulsados del país, un 52,3%. El coste de estos centros, en 2011 (sin los sueldos policiales), fue de 8.300.000 euros. Pero el precio no sólo se mide en euros: “El coste humano del internamiento es demasiado alto”, recalca el citado informe. He aquí la letra de algunos de esos “costes humanos”, siempre según el relato de sus protagonistas:

“Mi hijo volvió del colegio y se encontró solo”. Patricia (Nigeria, 32 años) salió de Lagos en 2001. Su hijo, hoy de 10 años, nació en Marruecos. Cuando cumplió dos, después de pasar cuatro días en la playa esperando la patera, llegaron a España. Viven en Madrid, donde él está escolarizado. En noviembre de 2010, a Patricia le pidieron los papeles en la Gran Vía. La internaron. Aquel día, su hijo volvió a casa y se encontró solo. Así estuvo hasta que ella contactó con Pueblos Unidos y se hizo cargo del menor la dueña de su piso de alquiler. “Yo le preguntaba al policía: ‘¿Puedo mandar a alguien a por mi hijo?’. Y él: ‘No se puede’. Yo tengo miedo”. Lo cuenta Patricia en un castellano frágil, pero que se hace entender: “Del 1 al 16 de diciembre yo no sabe nada de él, si está mal, si está bien”. Patricia fue puesta en libertad: “Cuando me preguntó: ‘¿Cómo vienes con la Policía?’, le dije: ‘He estado trabajando con ellos'”.

“Nos hablan mal, como a delincuentes”. Imina (Ghana, 21 años) era menor (16 años) cuando llegó a España oculto en un barco que había partido 14 días antes de Costa de Marfil. Estuvo en Galicia, en Bilbao, en centros católicos, estudió durante años el oficio de operador de máquinas (“hago roscas, arandelas”) y en Cantabria, donde colaboraba (y colabora) dando talleres de manualidades y malabares a niños (españoles) a través de Cáritas. No había podido renovar la documentación que tenía siendo menor, y un día que salió a por material para los cursos, lo detuvieron. Le comunicaron la orden de expulsión y le dijeron que tendría que presentarse periódicamente en comisaría: “Fui a firmar un mes, el segundo… y al tercero me llevaron a Madrid”, cuenta. Al CIE. “Estuve siete días. El juez dijo que yo no tenía que estar ahí. Que no sabía por qué estaba ahí”. Hoy, tiene permiso de residencia por cinco años, y es el único de los entrevistados que se atreve a dar su nombre real. “En el CIE nos tratan como animales. Hay policías majísimos y otros que ni te miran a la cara. No te dejan en paz. Te meten miedos. Y la gente ahí dentro no entiende nada”.

“Prefiero la cárcel”. Ibra (34 años, Senegal) ha pasado tres años de los casi seis que lleva en España en la cárcel. Le condenaron como patrón de la patera que le llevó de Mauritania a Las Palmas. “Es mejor decir la verdad. Era el capitán, eso es correcto. Pero porque yo era marinero, y me lo pidieron porque es muy peligroso estar en el mar con alguien que no sabe”. Cumplida su condena, salió libre, y pensaba que también se había cancelado su orden de expulsión. No era así. Llevaba dos años viviendo en un pequeño pueblo de Castilla y León, en casa de un señor que se la deja y con la promesa de un contrato por parte de otro, a quien a veces cuida los caballos (y que pagó su abogado), cuando lo detuvieron el 18 de enero. A la vista de su internamiento acudieron a testificar en su favor el capellán de prisión, el alcalde y varios vecinos del pueblo, y ante la posibilidad de que fuera expulsado en un multitudinario vuelo a Senegal en febrero, intercedió por él el arzobispo de Valladolid, hoy presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez. Finalmente, no le llevaron a ese avión: “No me dijeron por qué. Tampoco sé por qué me han soltado. No me han dicho nada”, dice. Y cuenta: “Yo llevaba bien estar en el CIE gracias a mis amigos del pueblo y las ONG. Pero quien no los tiene está muerto. Yo me pasé dos noches enfermo, dando golpes en la puerta, y no me hicieron caso. Si ahora me cogen para mandarme al CIE, prefiero la cárcel. ¿Por qué? Por la comida. Por el respeto. Por la libertad, y estoy hablando de libertad en la cárcel. En el CIE sólo podemos pasar dos horas en el patio y bajar a comer; en la cárcel, sólo por la mañana, estábamos cinco o seis en el patio”. Cuando Ibra salió en libertad -hoy espera aún los papeles que le permitan trabajar-, se celebraron dos fiestas: una, de sus vecinos del pueblo; otra, de los miembros de las organizaciones que le han ayudado.

“Le dieron el permiso de residencia cuando ya estaba en Nigeria”. 12 años en Italia, 12 en España. Dos hijos nacidos en este país, de 6 y 4 años. Una mujer con papeles legales para 10 años. Nada de todo esto le sirvió a Roger (49 años, Nigeria) para que se frenara su internamiento en un CIE ni su expulsión de España, como tampoco le sirvió tener en trámite el permiso de residencia (algo que, por ley, debería suspender la expulsión), que finalmente, tarde, le han concedido. Lo cuenta su mujer: “Cuando me llamaba desde el CIE me decía ‘hay un vuelo a Nigeria, que van a llevar a la gente’, pero al resto le avisaron y a él no. Fue el mismo día cuando un policía le dijo que se tenía que llevar sus cosas, que se marchaba. Yo no supe nada hasta el día siguiente. Fue un amigo a visitarlo, y aunque lo llamaron, no bajó. Pensé que estaría en el hospital, hasta que me mandó un mensaje diciendo que estaba en Nigeria”. “Tomó champú porque no quería irse. Y les dio igual. Le expulsaron igual”. ¿Y los niños? “‘Se fue de viaje, papá está en África’, les decía. No quiero que sepan. Son niños, pero lo pasan mal. Ahora la pregunta es: “¿Cuándo vuelve?”. La esposa de Roger sólo puede musitar un “estoy muy mal” antes de echar a llorar. Su marido tiene hoy permiso legal de residencia en España, pero sigue en Nigeria a la espera de un visado que le permita volver.

-“Si se muere, que se muera ahí”. Beth (Nigeria, 29 años) lleva 9 años en España. Tuvo residencia legal, pero le denegaron la renovación por falta de trabajo. En agosto de 2013 la detuvieron y fue internada en el CIE. “Dijo que le dolía el estómago, y le contestaron que estaba diciendo mentiras: ‘Si se muere, que se muera ahí’, dijeron. Y ella llorando”. Lo cuenta su marido, también nigeriano, con permiso, porque ella entiende (“poco a poco”) pero no habla español, a pesar de lo cual, aseguran, no tuvo intérprete. Finalmente, a Beth la llevaron a un hospital, donde se detectó un “mioma gigante”, que producía fuertes dolores y hemorragias. Volvió al CIE, y a los 34 días de internamiento, la pusieron en libertad. Fue operada. Y ellos siguen “con miedo a la detención. No le han dado los papeles, y sin ellos ¿cómo va a trabajar?”.

Publicado el 29 de marzo de 2014 en El Confidencial.

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“Sabotajes” y negociaciones rotas en la huelga de los autobuses de ALSA

24 días de huelga. El conflicto entre la empresa y algunos de los trabajadores de ALSA, la organización “líder” en el transporte de viajeros por carretera, con más de un siglo de experiencia y una actividad guiada por “el principio de la seguridad”, según especifica su web, está enquistado y, según fuentes de los trabajadores, no tiene visos de solución ni este mes ni el próximo: “Con toda probabilidad se alargará hasta Semana Santa, y posiblemente hasta el puente de mayo”, señala Jesús Angulo, presidente del Comité de Empresa y perteneciente a la sección de UGT. En esto, como en todo, la compañía disiente, y señala que no contempla su extensión hasta las vacaciones.

Lo del “principio de seguridad” tiene su miga, porque ahí está, según los trabajadores, el origen del conflicto, aparte de la bajada de salarios. En febrero, Nex Continental (una de las filiales de ALSA) anunciaba una modificación de las condiciones de trabajo que afectaba a 390 de sus 420 trabajadores adscritos al Intercambiador de Avenida de América. La propuesta se basaba en la reducción de los tiempos dedicados a “tareas auxiliares”, según un comunicado de Nex Continental, que en la actualidad, gracias a la tecnología, se pueden realizar “en mucho menor tiempo del que la empresa está abonando”. Los trabajadores señalan que en esas tareas consiste lo que llaman el “toma y deje”, esto es, la hora que hasta ese momento los conductores dedicaban a revisar los sistemas de seguridad de los vehículos -los neumáticos, la dirección, las luces, los líquidos, el funcionamiento de los extintores, los frenos, etc.- antes de emprender la marcha (el ‘toma’), y la hora que empleaban a la llegada en repostar, aparcarlo, entregar la recaudación, etc. (el ‘deje’).

Desperfectos causados por lo que la empresa califica de 'actos vandálicos'. (Foto: ALSA)Desperfectos causados por lo que la empresa califica de ‘actos vandálicos’. (Foto: ALSA)

La pretensión de la firma es reducir el tiempo previo a 9 minutos y las actividades posteriores, a 14, con la correspondiente disminución de salarios, de entre 150 a 300 euros al mes. “En 9 minutos, me da tiempo a mirar las luces y las ruedas, arrancarlo, e irme”, resume Angulo, quien señala que la reivindicación de estos conductores es “total. La medida supone un recorte salarial, pero también una merma en la seguridadde conductores y viajeros”. Fuentes de la empresa señalan, sin embargo, que no tiene relación con la seguridad, asegurando que esos tiempos auxiliares se fijaron en los años 60, cuando el conductor era también una especie de mecánico, y añaden que las tareas de seguridad las llevan a cabo “los técnicos especializados en mantenimiento”, mientras que los conductores “se limitan a realizar una comprobación rutinaria de los elementos básicos”, para lo que la EMT de Madrid, por ejemplo, “tiene establecidos 13 minutos”. “Se trata de que esos tiempos auxiliares se ajusten al trabajo que realmente realizan los conductores”, subrayan.

La empresa abrió en febrero un periodo de consultas sobre el tema, que culminó el día 20 sin acuerdo, y el 6 de marzo aplicó la medida. Un día antes, el 5, los trabajadores iniciaban una huelga que afecta a las líneas de la empresa dependientes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid(Corredor del Henares, pueblos de la sierra) y a todo el largo recorrido del Norte de España y Granada, aunque hay que tener en cuenta que estos trayectos los realizan también conductores de los lugares de destino, y no sólo con los que permanecen en huelga, los adscritos al Intercambiador de Avenida de América.

“Actos de sabotaje”

La firma ha denunciado, desde el arranque de la protesta, 450 “ataques y actos de sabotaje”, que se traducen en 280 lunas rotas y 70 neumáticos pinchados, con un coste de 300.000 euros, y que “impiden la creación del clima necesario para alcanzar acuerdos”. “Condenamos, y ni compartimos ni fomentamos esos incidentes”, asegura el presidente del Comité de Empresa. Jesús Angulo también recalca que los trabajadores han planteado alternativas a la reducción en el ‘toma y deje’, y denuncia que ALSA se ha negado a negociar: “La última reunión se produjo el 11 de marzo, sin acuerdo, y no tenemos noticias de la empresa”. Fuentes de ésta, dicen que es la representación de los trabajadores la que “se niega a abordar una negociación sobre la reorganización”. En un comunicado, además, NEX Continental apuntaba que el expediente de modificación de las condiciones de los trabajadores es recurrible ante los tribunales, y que lo razonable sería esperar a un pronunciamiento, no la convocatoria de una huelga ajena a una empresa “que ha sufrido una importante reducción de su actividad y facturación sin haber realizado reducciones de empleo”.

La huelga, pues, puede preverse larga. Afecta a una compañía, ALSA, que nació oficialmente en 1923 como Automóviles Luarca, y desde 2005 pertenece al grupo británico National Express. Con una flota de 2.573 vehículos y una plantilla de 7.465, en 2012 trasladó a más de 243 millones de viajeros. Tiene un 12% del mercado nacional. Sus beneficios en 2013 -respecto a España, Marruecos, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y Europa del Este- ascendieron a96 millones de euros, un 2,75% menos que los previstos. Con la medida de reducir el ‘toma y deje’ (o los “tiempos auxiliares”, como se prefiera), la previsión de ahorro es de, al menos, 800.000 euros.

Publicado el 29 de marzo de 2014 en El Confidencial.

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Del CETI de Ceuta a la Liga Nacional Juvenil de fútbol

Tiene 18 años. Sueña con dedicarse al fútbol. Tiene un ídolo, el mismo de tantos chavales españoles, de nombre Andrés y de apellido, Iniesta. Ha empezado a entrenar con el club Sociedad Deportiva Unión África Ceutí, y pronto, espera, podrá jugar con sus compañeros en la Liga Nacional Juvenil. Hasta aquí, nada fuera de lo corriente. Sí lo es, sin embargo, que para uno de sus primeros entrenamientos, esta misma semana, le tuvieran que dejar las zapatillas con tacos y unos pantalones. O que, cuando llegue a la Liga Nacional Juvenil, pueda sólo jugar los partidos ‘en casa’, en Ceuta. Y es que este chaval que sueña con el fútbol y tiene por héroe a Andrés Iniesta no puede abandonar la ciudad. Se llama Djelo Keita, y es uno de los inmigrantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, el último bastión -junto a Melilla- de la frontera sur de Europa, la de la tragedia de El Tarajal, la de la polémica.

Se llama Djelo Keita, sí, nació en Mali y llegó en septiembre al CETI. No quiere contar más sobre su vida, sobre su camino hacia Europa o sobre lo que lo ha traído hasta aquí. El pasado lunes participó en una de las actividades del proyecto Un deporte, dos horizontes, del CETI de la ciudad autónoma y de Cruz Roja, ideado por el técnico deportivo dentro del centro, Abel Fernández, que pertenece también a Cruz Roja. El proyecto nace con la intención “de que los chicos vean la realidad de los residentes del CETI. No se les habla de ello, ni de los porqués, sólo del tema deportivo. Porque no valoran, no valoramos, lo bien que están aquí, lo que tienen”.

Abel Fernández, con el equipo, en un encuentro de Fútbol 7.Abel Fernández, con el equipo, en un encuentro de Fútbol 7.

El lunes, 12 de los inmigrantes del proyecto jugaban un amistoso contra los jugadores de la categoría cadete (sub 16) de la Federación de Fútbol de Ceuta. No fue sólo un partido (que acabó, por cierto, 3 a 2 a favor de los primeros), sino un encuentro en el que unos tuvieron “la posibilidad de contar” y los otros, de entender “que lo tienen todo a su disposición, que son unos privilegiados”, según explica el entrenador de los de Ceuta, Evangelos Krios. Los 12 inmigrantes (de Mali, como Djelo, de Camerún, de Guinea) explicaron cómo a los 9 o 10 años sus padres no los dejaban ya jugar, porque debían trabajar. Otro Djelo, Djelo Makarthy, les explicó lo que era jugar descalzo en un campo de piedras, con una bola de trapo como balón. “Debéis valorar lo que tenéis, ya que contáis con botas, buenas instalaciones, material…”, les dijo.

Los cadetes, dice Krios, salieron contentos de la experiencia. La idea original de Un deporte, dos horizontes es, en palabras de Fernández, alejar el tema de la inmigración de las connotaciones negativas que hoy tiene, del miedo. “El miedo se cura hablando”, dice. Los cadetes, y los inmigrantes, tuvieron el pasado lunes la oportunidad de hablar. A Djelo Keita, admirador de Iniesta, le llegó, además, otra: alguien se fijó en su destreza en aquel partido y el entrenador de los juveniles llamó a Fernández para intentar que juegue en la Liga Nacional Juvenil. No podrá competir, como el resto de jugadores del club, fuera de ‘casa’, fuera de Ceuta, porque no le está permitido salir de la ciudad. Pero sí ha dado un paso más que lo aleja de la pelota de trapo y lo acerca al cuero de Iniesta.

Publicado el 22 de marzo en El Confidencial.

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La Federal Trade Commission continúa la ‘cruzada’ de Bill Ackman contra Herbalife

“Conocí a una persona que me habló de la posibilidad de ser distribuidora de Herbalife. Tengo problemas de obesidad, y así podía comprar los productos con descuentos. Comprando un paquete básico, que cuando yo empecé [hace 4 años] fue de unos 120 euros [hoy, la opción más barata es de 44,73 euros], te dan la licencia para vender”. María (nombre ficticio) es uno de los 33.400 distribuidores de Herbalife en España (datos de 2012). Pertenece al 73% de los vendedores que lo son, básicamente, para conseguir mejores precios de los productos para sí mismos o su entorno cercano. Y es, junto a los más de tres millones de distribuidores en más de 90 países de esta firma de productos nutricionales, la base sobre la que se asienta este gigante multinacional que en 2013 batió cifras de ventas netas (4.800 millones, 18% más que en 2012), con unos ingresos de 527,5 millones de dólares (4,91 por acción).

“Antes alguna vez me llamaban clientes para comprar, ahora no hago ni una venta al mes”, concluye María, que vive en Madrid y no sabe nada de negocios de venta multinivel ni de estafas piramidales. Sin embargo, de la diferencia entre unos y otras, y sobre todo de la consideración de Herbalife como una empresa multinivel depende la legalidad de su negocio. Lo está estudiando, en Estados Unidos, la Federal Trade Commission (FTC), después de un año de ataques por parte de uno de los colosos de Wall Street, Bill Ackman.

Juan Manuel Badenas, catedrático de derecho civil de la Universidad Jaume I y autor de La venta multinivel (ed. Comares), no tiene dudas: “Lo que yo conozco de Herbalife es multinivel, y sería el primero en denunciarlo si comprobara lo contrario”. ¿Diferencias entre uno y otra? “La venta multinivel es un sistema de distribución comercial amparado por el derecho por el que una marca crea una red de vendedores independientes que a su vez pueden captar a otros, pero queobtienen su ganancia, principalmente, de la venta de un producto. Un sistema piramidal es una estafa, en la que la venta no es más que una apariencia: la retribución se da mientras siga entrando gente que introduzca dinero en el sistema”. Por explicarlo con sencillez: el producto en venta no importa, lo que importa es captar nuevos ‘vendedores’ que aporten un dinero y que, a su vez, sigan captando personas para seguir alimentando el sistema.

¿Qué ocurre en Herbalife? María, la distribuidora en Madrid, sólo acierta a señalar que “la remuneración es del 25% del precio final de cada producto, y si tienes vendedores por debajo de ti, creo que te llevas un 3% a partir de cierta cantidad”. La política oficial de remuneraciones de Herbalife está publicada en su web, donde se señala que la media de los pagos realizados a sus distribuidores llamados ‘líderes de ventas’ con línea descendente (es decir, con otros distribuidores por debajo) fue de 3.670 euros brutos en 2012. Eso, aparte de lo que ganasen con sus propias ventas, y aclarando que “no se les paga nada por patrocinar a nuevos distribuidores. Sólo se les pagará en base a la compra de productos de distribuidores en línea descendente para su propio consumo o venta a terceros”. Esta cuestión es clave, como explica simplificadamente la Asociación de Empresas de Venta Directa en España, que engloba firmas tan conocidas como Círculo de Lectores, Avon o la propia Herbalife y cuyo presidente es, precisamente, Carlos Barroso, director general de esta última.

La ‘causa’ de William Ackman

La controversia en torno a Herbalife surgió hace más de un año, cuando William Ackman, del hedge fund Pershing Square Capital Management, anunció que su firma había lanzado una apuesta de unos 1.000 millones de dólares a la caída de Herbalife. Relacionaba la empresa con un esquema piramidal que o bien colapsaría o bien sería cerrada por las autoridades. Ackman emprendía así una cruzada, según él, en defensa de los intereses de los pequeños distribuidores, y anunció que sus ganancias irían a parar a alguna organización de caridad. Sus predicciones, sin embargo, no se cumplieron, y ha cosechado críticas por utilizar todos los medios a su alcance para promover una investigación de las autoridades. Pero estos días han llegado sus primeros triunfos: el pasado enero, el senador por Massachussetts Edward J. Markey recogía su testigo reclamando una investigación federal al respecto, lo que provocaba una caída de las acciones del 14%, y la semana pasada se anunciaba la apertura de una investigación por parte de la Federal Trade Commission (FTC), que se tradujo en un descenso del 7%.

Desde Herbalife España no dan más respuesta a estas acusaciones que el escueto comunicado oficial de la multinacional que da la bienvenida a la investigación “dado el tremendo nivel de desinformación en el mercado”, recalca su confianza en que cumple toda la normativa de cada uno de los países en los que opera y anuncia su cooperación completa con el organismo oficial, cuyas conclusiones no tienen, por el momento, fecha. Mientras, las espadas siguen en alto, por mucho que María, y muchos otros de los millones de distribuidores de la firma, sigan ajenos a una batalla que, como señalaba esta semana The New York Times, dice mucho de cómo Washington se está convirtiendo en “un campo de batalla de los titanes de las finanzas de Wall Street”.

Publicado el 22 de marzo de 2014 en El Confidencial.

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Francisco Casero, 25 días en huelga de hambre: “El campo español agoniza”

Francisco Casero (Marchena, 1948) atiende la entrevista, no podía ser de otra manera, en el campo. Viene de plantar tres secuoyas, una por cada uno de sus nietos. Y viene de una semana en la que ha dado fin a una huelga de hambre de 25 días. Más de tres semanas en las que ha recorrido 6.000 km por 10 provincias y se ha reunido con todos los estamentos sociales y políticos, por dos motivos: primero, más etéreo, porque creía que esta sociedad necesitaba un “zamarreo”, una sacudida que la despierte, y, segundo, más concreto, porque quería reivindicar la agricultura y la ganadería ecológicas en un país que es líder europeo y cuyo Gobierno va en su contra o, cuando menos, las olvida.

La producción ecológica en origen, según el ministerio de Agricultura, tiene un valor de 1.065 millones de euros; y el crecimiento del mercado interior, la asignatura pendiente, fue de un 487% de 2000 a 2012. A sus 65 años,fundador del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) de Andalucía en 1976, pionero de la agricultura ecológica cuando aquello sólo despertaba sonrisas incrédulas o condescendientes y defensor, siempre, de quienes viven y trabajan en el campo, escuchar a Casero vuelve a recordar el sentido de ciertas palabras olvidadas -dignidad, derechos- y recordar de dónde venimos y qué nos nutre cada día: el campo y quienes lo trabajan.

PREGUNTA: Nació en Andalucía, pero su familia emigró pronto a Menorca. Volvió a los 24 años, ¿por qué?

RESPUESTA: Todos mis antepasados han sido gente del campo. Pero mi familia, como tantas, marchó a la emigración. La de volver fue una decisión personal. Y no tenía ni puñetera idea de cómo era eso del campo, me costó muchísimo adaptarme. Pero desde entonces he estado implicado en no sé cuántas cosas, el movimiento por la democracia, el sindicalismo agrario, el ecologismo con visión social, la producción ecológica…

P: Estuvo entre los fundadores del SOC, cuando la dictadura daba sus últimos coletazos. Fue detenido varias veces. ¿Entiende sus últimas acciones, como el asalto de supermercados?

R: Ya no estoy ligado a él. Siempre he intentado evolucionar, ir dando pasos, no vivir de las rentas. El SOC tuvo en su día un papel fundamental en Andalucía, pero sentí que mi aportación ya estaba hecha. Respeto mucho a algunos de sus dirigentes, pero los asaltos me disgustaron muchísimo. El SOC nació con un planteamiento claro de no violencia, y eso no significa no ser contundente, al contrario. Lo que más me preocupa de estas actuaciones es dónde se quiere ir; no sé si se tiene claro cuál debe ser la estrategia ni las reivindicaciones.

P: Ha llevado adelante más de 40 huelgas de hambre. ¿Para qué sirven?

R: En el año 81 conseguimos la firma de un acuerdo entre Calvo Sotelo y Rafael Escuredo, presidente de la preautonomía, para el pago de cuatro días de trabajo a los jornaleros en paro. En otra, en Washington, conseguimos acaparar la atención internacional con lo que estaba ocurriendo en Centroamérica. Hacía muchos años que no había mantenido una… y ha sido muy duro, pero sabía hasta dónde quería llegar.

P: ¿Y esta, para qué ha servido?

Había dos cuestiones. Primero, el zamarreo. Hemos luchado mucho en los 70 y 80, y es verdad que nuestros pueblos han cambiado mucho, pero también el año pasado fue el de mayor desigualdad y pobreza. Se están recortando derechos. Tenemos corrupción transversal y generalizada. No puedo mirar para otro lado. No se trataba de resolver todo esto, pero sí de ir buscando actitudes, y esto le ha llegado a mucha gente de todos los estamentos. Teníamos también reivindicaciones concretas respecto a la producción ecológica, en la que España es un referente. Sólo llevábamos cinco días cuando el Parlamento andaluz nos pidió que les mandásemos nuestros planteamientos para debatirlos. Y el ministro, a los cuatro días, convocó el Plan de Actuación del sector. Sabemos que las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero sí cambia la sensibilidad hacia ellas.

P: Usted fue uno de los pioneros, en los 80, de la agricultura y ganadería ecológicas, ¿cómo se veía entonces esta actividad?

R: Entonces todo eran sonrisas, y hoy somos el sector más respetado. No habrá futuro si el sector ecológico no se asume con total decisión. Es la gran apuesta: aporta un 30% más de puestos de trabajo, conserva el medio, la biodidiversidad, combate el cambio climático, aporta valor añadido y un sentido profesional al campo, lo que asienta la producción. Hay que dignificar la labor de los hombres y mujeres del campo: que los jóvenes vayan a la universidad, sí, pero que vuelvan al pueblo para ponerse al frente, como profesionales útiles y valorados.

Francisco Casero. (Foto: V.M.)

Francisco Casero. (Foto: V.M.)

P: ¿Agoniza el campo español?

R: Sí. En Europa, ocupa a 27 millones de personas, el 30% de más de 65 años. En España, el 56% tiene más de 55. Eso significa que la gente lo abandona por edad, y el relevo se da muy poco. De ahí la necesidad de que este sector sea reconocido y valorado.

P: Dice que el Gobierno ha olvidado lo ecológico. Por ejemplo, en la negociación de la Política Agraria Común europea.

R: Lo menos que se puede decir es que no tiene una apuesta decidida. En investigación, por ejemplo, los fondos son ridículos. Y, por ejemplo, aquí tenemos la misma normativa y requisitos para una gran industria que para una familia que quiere producir su queso. No hay visión.

P: ¿Piden ayudas?

R: No. En ninguna de las intervenciones de estos 25 días hemos hablado de ayudas. Pero si este sector colabora en la defensa del medio natural, o de la cultura, entendemos que debe ser compensado. Por ejemplo, la ganadería extensiva es fundamental para conservar nuestros montes y evitar incendios. Y la sociedad debe compensar eso para que los trabajadores puedan vivir dignamente.

P: Dicen que en Andalucía los políticos le respetan… y no sólo: también que le temen.

R: [Ríe]. No hablo de ninguno expresamente. Pero es cierto que si yo tengo una responsabilidad, mayor es la de un político. Y hoy una parte de la clase política responde como si fueran funcionarios; entienden su tarea como una forma de ganarse la vida. Han perdido su conciencia de qué van a aportar a la sociedad, y hay confusión con los intereses personales.

P: Se ha jubilado… ¿de qué?

R: No es más que la jubilación administrativa. Pero eso no ha significado abandonar nada. Sigo siendo presidente de Ecovalia -una asociación, con 12.000 socios, para el desarrollo y la certificación de la producción ecológica y la defensa del medio rural-, tengo como próximo proyecto crear una fundación para la defensa del compromiso y los valores de la gente del campo… Pero hay una cosa que me reconforta de esta jubilación. Ya no recibo nada a cambio de mi trabajo. Todo lo que he gastado en estos 25 días lo he pagado de mi bolsillo.

Publicado el 16 de marzo de 2014 en El Confidencial.

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La Administración Tributaria en Cataluña dictó una instrucción “ilegal”, según el TSJC

“Si no lo piden, no se devuelve un euro”. La frase la recoge una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del pasado julio, haciéndose eco de la declaración de uno de los testigos que motivaron su fallo, jefe de unidad en la región, que se la atribuía directamente al Jefe de la Dependencia Regional de Cataluña, hoy Delegado Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo David García de Castro (el mismo que ha firmado informes de Hacienda sobre la Infanta Cristina). Según el testigo, García de Castro resumía de forma tan gráfica, y de palabra, el sentido de una instrucción suya -escrita- sobre la devolución de oficio, como recoge la legislación, de los ‘ingresos excesivos’, es decir, aquellos pagados (por el contribuyente) o cobrados (por la administración) de más.

Hace unos días, el portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, registraba una pregunta escrita en el Congreso para que se aclare precisamente si la Agencia Tributaria (AEAT) dio alguna instrucción a la Dependencia Regional de Recaudación de Cataluña para impedir las devoluciones de oficio de estas cantidades y reclamar al Gobierno mejoras en la transparencia.

El origen de la sentencia del TSJC está en un recurso contencioso administrativo interpuesto por Elisabeth Cueto Faus, inspectora de dicha delegación. Cueto -que hoy se niega a hacer más declaraciones y se remite exclusivamente a dicha sentencia- denunciaba en él que, tras negarse a obedecer una instrucción de este superior sobre los llamados ‘ingresos excesivos’, dictada el 3 de mayo de 2011, por considerarla ilegal, la Agencia Tributaria en Cataluña acometió una reestructuración organizativa “en represalia” y “degradándola en el ejercicio de las funciones y competencias” que hasta entonces ejercía.

Los ‘ingresos excesivos’ a los que se refiere la citada orden de García de Castro son ingresos superiores a los legalmente exigibles a los contribuyentes que obran en poder de la administración. Se trata de una categoría contable que se nutre de ingresos indebidos, por error del interesado (que paga de más) o porque Hacienda le cobra de más (en deudas liquidadas por la AEAT o por otros entes, como una multa). Puede darse, por poner un ejemplo, cuando una persona ha pagado una multa y su recargo, pero mientras ese pago ha llegado a conocimiento de la AEAT, esta había procedido ya al embargo de cuentas por un valor superior. Según este organismo, “los procedimientos de devolución [de estos ingresos excesivos] se inician cuando se ha detectado una duplicidad en el pago, se ha ingresado por un importe superior al de la deuda que se trate o el ingreso correspondía a una deuda ya prescrita”. La AEAT devuelve “todo, parte o nada, dependiendo de si existen [otras] deudas pendientes del contribuyente”.

La cuestión está en que estos procedimientos de devolución, cuando corresponde, se realizan “a petición del contribuyente o de oficio”, según la Ley General Tributaria. Y la orden de García de Castro que dio origen al caso (de 3 de mayo de 2011) especificaba la condición de que “el deudor haya presentado una solicitud de devolución de ingresos indebidos”. Cueto, según consta en la sentencia, manifestó que esas cantidades debían devolverse de oficio, y se negó a “colaborar en una conducta que significara a sabiendas laapropiación indebida de cantidades de los contribuyentes”. Uno de los testigos, el citado jefe de unidad, señaló que Castro le manifestó aquello de “si no lo piden, no se devuelve un euro”.

La sentencia del TSJC es muy dura con la AEAT. Señala que la supuesta reestructuración organizativa pretendía “sancionar o castigar de forma encubierta” a la funcionaria ‘rebelde’, que no había incumplido la orden por “capricho”, sino por considerar que “podría ser contraria a la legalidad”. Tacha las declaraciones de Castro en el juicio de “faltas de credibilidad” y, lo que parece más grave, asegura que la citada instrucción de García de Castro, “que viene a proscribir la devolución de oficio de los ingresos indebidos”, contraviene “de forma flagrante y palmaria el artículo 222-1 de la Ley General Tributaria”, lo que lleva al tribunal “a la convicción de la ilegalidad de la instrucción“. Señala también que “deliberadamente se quiso perjudicar a la Sra. Cueto”, cuya conducta fue “diligente, imparcial, rigurosa y leal”. Ordena, por tanto, el restablecimiento de esta funcionaria a sus funciones anteriores.

El propio García de Castro dio marcha atrás poco después y en junio de 2011 dictó una nueva instrucción de “matización” en la que “desaparece la alusión, pues nada se dice, de que la devolución se habrá de llevar a cabo previa solicitud del deudor”. Sin embargo, hace unos días, fuentes del sindicato CGT con representación en la Agencia Tributaria de Cataluña aseguraban en la publicación El Temps que tenían “constancia” de que la delegación catalana “no está devolviendo a los contribuyentes sus ingresos de oficio”. Y en la Asociación contra la Corrupción y la Regeneración Social (ACCORS) suscriben que han contrastado que “aquella fue una orden generalizada, no sólo en Cataluña, pero ejecutada de una manera u otra dependiendo de la agresividad del responsable de cada zona”.

Reducción de los ingresos excesivos en Cataluña

Desde la AEAT inciden en que la sentencia se cumplió en todos sus términos y en que la valoración que el TSJC hacía en ella contra la instrucción de García de Castro excedía el objeto de aquel juicio. Señalan, además, que “de los nueve casos que esta inspectora aportó al TSJ, en cuatro se acordó la devolución antes de que el Jefe de Dependencia matizara la comunicación criticada por la inspectora, de manera que su unidad sí entendió que, con la comunicación criticada, podía practicar esas devoluciones”. Añaden, además, que la Audiencia Provincial archivó otra causa de esta inspectora “por las mismas circunstancias” (se trataba de una querella posterior por acoso y prevaricación).

La AEAT asegura que en Cataluña se están haciendo hoy “depuraciones semanales de los ingresos excesivos”, recalca que “en ningún caso la comunicación interna del Jefe de Recaudación pretendía contradecir el mandato legal de devolución de oficio” y recuerda que, “de hecho, un mes después de la primera comunicación, se emitió una segunda para aclarar posibles confusiones al respecto”. Aporta la agencia datos contundentes de la reducción de los ingresos excesivos en Cataluña, que pasaron de 14 millones en mayo de 2011 (antes de la citada instrucción) a poco más de nueve millones en diciembre de ese año, y en agosto de 2013 estaban por debajo de los ocho (reducción total del 44%). No especifica, sin embargo, en qué medida contribuyen a esa reducción las devoluciones de oficio o a petición de los interesados.

“A nivel general, en España, está establecida la devolución de oficio de los ingresos excesivos”, señala Francisco Vázquez, secretario de laOrganización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IEH), que añade que, “sin embargo, esas devoluciones no pueden hacerse con la prontitud que quisiéramos”. “¿Qué ocurre? Existe un programa automático que detecta los ingresos excesivos y alerta a los funcionarios, pero las dependencias de Recaudación, que son las encargadas [él mismo pertenece a una, en Galicia], están muy saturadas. Estamos desbordados. Uno, cuando no puede hacer todo, tiene que elegir. Y tratándose de dependencias de Recaudación, es obvio que la prioridad no está en las devoluciones“, explica.

Vázquez no quiere entrar en lo que pudo ocurrir en Cataluña. “Se ha resuelto por vía judicial”, constata. En la AEAT recalcan que esa sentencia ya fue ejecutada “en sus estrictos términos”, aunque desde ACCORS señalan que una nueva reorganización del área de Recaudación ha hecho que la restitución de Cueto a su puesto de trabajo sea “formal”, pues desempeña otras funciones a consecuencia de esa nueva norma. Y añaden un dato que, sin duda, sí afecta a todos los contribuyentes: la sentencia del TSJC obligaba a imponer las costas a la Administración, “unos 10.000 euros que hemos pagado todos”.

Publicado el 16 de marzo de 2014 en El Confidencial.

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