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Las agencias privadas de colocación, aún en la cola del paro

España es un país con un 25,98% de paro, según la última EPA, esto es, con 5.904.700 personas que no cuentan con un salario a fin de mes. Un país con 1.807.700 hogares en los que nadie trabaja, con 2.898.900 personas que pasan los lunes al sol desde hace más de un año, de los que 2.176.600 perdieron su derecho a ganarse un jornal hace ya más de dos. Un Estado que, dicen, está saliendo de la crisis, y en el que sin embargo el Gobierno prevé gastar el año próximo más de 29.429 millones de euros en prestacionespor desempleo. En el que, según diversos estudios, las oficinas públicas de empleo tan sólo participan en un 2-3% de las colocaciones. Con este panorama, las autoridades europeas han reclamado repetidamente medidas para cambiar el mercado laboral y facilitar la entrada o la vuelta de los trabajadores a él. Entre otras iniciativas, figura la Recomendación del Consejorelativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 en España, del 29 de mayo de 2013, en la que se reclama “reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados […] y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013”.

Lo cierto es que va a ser más que difícil que se cumplan los plazos. En 2010, un Real Decreto abrió la puerta, al menos teórica, a que las denominadas agencias privadas de colocación –que regulaba­– trabajaran con las agencias públicas de empleo para “lograr una más eficaz intermediación, proporcionando a las personas trabajadoras un empleo adecuado”, es decir, para colocar desempleados. Pero aún quedaba, y queda, un largo camino. Desde entonces, las más de 850 organizaciones hoy acreditadas como tales –entre las que se incluyen ETT, sociedades limitadas unipersonales, fundaciones, organismos como la Cruz Roja, firmas como Deloitte, consultoras de recursos humanos…–, han estado a la espera de saber cómo se concretaría esa colaboración. En agosto de este año, el Consejo de Ministros aprobó el inicio de la tramitación de un acuerdo marco que sienta las bases de sus respectivos contratos con las comunidades autónomas, y al que ya se han adherido 14 (todas excepto Andalucía, Cataluña y País Vasco). Establece, por ejemplo, los precios máximos por tipo de desempleado que las agencias pueden percibir por trabajador insertado que trabaje durante, al menos, seis meses (ellas deben hacer ofertas a la baja):

El Acuerdo marco también sienta las bases de otros ‘incentivos’ y pagos a los que pueden optar: por cada persona que se les encomiende, con independencia del resultado (no podrá superar el 50% de la cuantía por inserción ni un máximo de 400 euros); por especial dificultad de inserción (discapacidad, riesgo de exclusión), de hasta 1.000 euros; por elmantenimiento en el empleo (seis meses más), de hasta el 50% del pago; y, el más polémico, por resolución de irregularidades, del 15%. Este último se otorgará cuando la agencia informe a los servicios públicos de irregularidades que concluyan en la imposición al parado de una sanción.

Primavera o verano de 2014

El Gobierno inició también en agosto el procedimiento de adjudicación, por el que las agencias podían especificar sus propuestas de colaboración y recibir una puntuación en base a la cual 60 de ellas podrían seguir adelante en el proceso. Hoy el procedimiento está paralizado, porque de las 204 agencias que se presentaron, 70 quedaron excluidas en sus primeras fases y, según fuentes del sector, todas ellas han presentado recursos. Yojana Pavón, presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), que aglutina al 20% de las agencias, habla de un procedimiento “muy irregular”, que en el último momento impuso unas exigencias que amenazan con dejar fuera a las pequeñas entidades, algunas de ellas con amplia experiencia en el sector. Hoy, todos esos recursos están en alegaciones, y el tribunal espera poder resolverlos en unas seis semanas. Luego, continuaría el procedimiento, y quizá para enero comiencen a salir los convenios con las comunidades. “Yo estimo que las agencias puedan empezar a colaborar a partir de primavera”, prevé Pavón, aunque fuentes regionales de empleo retrasan la fecha de las primeras asignaciones de parados hasta el verano.

Un proyecto “poco ambicioso”

Pero el retraso no es el único problema. El Gobierno prevé destinar a la contratación basada en el Acuerdo Marco un total de 200 millones de euros en dos años y su posible prórroga, por otros dos. Una cantidad “irrisoria”, según Marcel Jansen, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Fedea. “En países como el Reino Unido este sistema se autofinancia: lo que se paga a las agencias se ahorra en prestaciones. Desde esta perspectiva no se entiende muy bien que haya un límite a la cuantía. Vamos a tener un ‘proyecto piloto’”. De hecho, si se dividen esos 200 millones por la cantidad media que pueden percibir las agencias por parado ‘colocado’ (1.500 euros) y por los cuatro años de posible aplicación, el resultado es 33.333 personas reinsertadas al año, un 0,5% del paro actual.

“Si es tan limitado, debemos ser muy estrictos respecto a quién se deriva a estas agencias: en Holanda y Reino Unido reciben los casos difíciles”, señala Jansen, que añade: “Además, no podemos ser optimistas respecto a su repercusión en el desempleo. Veo bien que estos cambios se estén introduciendo, pero no hay un compromiso a gran escala, y el ‘vehículo’ parece muy lento. En el fondo, lo que falta en España es un debate en profundidad sobre cómo atacar el paro de larga duración, sobre el futuro de las agencias públicas de empleo y sobre el diseño de políticas activas de empleo”.

Críticas de fondo

Jansen apunta, además, otras preocupaciones: que las agencias dirijan sus esfuerzos a los casos más ‘fáciles’, dejando de lado el resto; el hecho de que quien diseña esta colaboración (el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, y las autonomías) sea el responsable de unas agencias públicas cuya eficacia para colocar parados puede quedar en evidencia precisamente por ella; o la falta de incentivos para las autonomías, porque el ahorro repercute en las prestaciones, que son estatales… Pavón añade otras: “Se está iniciando un buen modelo, pero se ha hecho de forma precipitada para cumplir con los plazos europeos, ha dejado abiertas muchas incógnitas sobre cómo van a trabajar realmente las agencias y se ha realizado con poca visión. Por ejemplo, se tenía que haber tenido en cuenta la situación del mercado laboral, el nivel de empleabilidad de cada persona, porque no es lo mismo conseguir un contrato de seis meses para una persona de 25 años que para uno de 55 salido hace más de dos años de la construcción”.

Hay a quien no le gusta ni la forma, ni el fondo. La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) ha denunciado ante la Defensora del Pueblo el incentivo del 15% que las agencias obtendrán por ‘señalar’ a los parados en quienes aprecien ‘irregularidades’, puesto que “no tienen competencia para hacer estas denuncias, aunque se escuden diciendo que propiamente no lo son”, según explica su presidente, Antonio Valenciano. Pero va más allá: “En general, esta colaboración no es más que una privatización de un servicio público que, si no funciona, es porque no se apuesta por él, cuando lo que habría que hacer sería reforzar las oficinas públicas de empleo. Además, conduce al trabajo precario, un empleo, además, que supondrá un coste para las arcas públicas”.  Marcel Jansen argumenta: “El sistema no se privatiza. El SEPE continúa decidiendo si tienes derecho a prestación, y quién te va a ayudar a insertarte en el mercado. El énfasis debe estar en ofrecer planes individualizados y el sistema público hoy por hoy no es capaz ni tiene recursos para hacerlo”.

Publicado en El Confidencial, el 3 de noviembre de 2013

Posted in El Confidencial, Sociedad.

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