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Sanidad en las aulas: niños sin enfermeros (y padres de guardia)

Todas las enfermedades pediátricas están en las aulas, pero allí no suele haber nadie formado para atenderlas. Padres y profesores reclaman desde hace tiempo la presencia de un profesional sanitario

En el colegio de Fernando trabaja ya una enfermera. (Foto: EC)

En el colegio de Fernando trabaja ya una enfermera. (Foto: EC)

A Mª Dolores Campos la voz se le quiebra. “Le dimos un masaje respiratorio, y por fin empezó a moverse. Vio cómo estaba yo, y me dijo: ‘Mami, no llores, no pasa nada'”. No pasó nada, efectivamente. Pero no por suerte o por medios, sino porque la madre de Fernando (4 años) estaba a la puerta de su colegio cuando él se quedó sin respiración, cumpliendo el ‘turno’ que le toca hasta que la sustituye su marido. Y porque ella es matrona y él, médico de urgencias en un hospital próximo, y además llevan siempre consigo material sanitario.

Su hijo, Fernando, padece una enfermedad rara no diagnosticada, no es capaz de deglutir y tiene que alimentarse por un botón gástrico. Si traga algo, y últimamente es aficionado a llevarse cosas a la boca, puede ocurrir lo que efectivamente sucedió hace unas semanas. Un dado se le quedó atrapado, dejó de respirar y cayó inconsciente. Su madre intentó que lo expulsara y también sacarlo con la pala de laringo, y su padre -que llegó en taxi- trató de intubarlo, pero el propio dado lo impedía… hasta que ella, con unas pinzas, lo logró. Fernando, que estaba inconsciente, volvió en sí. Él y su familia están hoy de enhorabuena: esta semana una enfermera ha comenzado a trabajar en su colegio, algo que llevaban reclamando desde que él empezó en la guardería, cuando los servicios de atención temprana insistieron en que tenía que salir de casa, socializarse y, sí, escolarizarse.

La reivindicación de esta familia, sin embargo, no es sólo suya o del colectivo de afectados por enfermedades raras. Belén Domínguez es madre de una adolescente de 14 años, Carla, que lleva 11 conviviendo con la diabetes. Como Mª Dolores, Belén ha sacrificado parte de su trabajo por estar con su hija en un colegio sin enfermero. Aunque ella tiene una ventaja: es docente, aparte de tener cierta formación en enfermería, así que lo que hizo fue aceptar un puesto a tiempo parcial en el centro extremeño en el que estaba Carla. Desde entonces se ha ocupado de su hija “y de todos los niños con diabetes que han venido después”.

Belén comprende a los padres que, como le ocurrió a ella, sienten “miedo” (a que nadie le haga el control de glucemia a sus hijos en el colegio, a que llegue el bajón de glucosa y nadie sepa actuar…) e inquietud por depender de la buena voluntad de los profesores. Y comprende también a los maestros, que se ven ante la necesidad de asumir responsabilidades en materia sanitaria para las que no están formados: “A los docentes nos entra temblor con cada niño que llega con una enfermedad. Al mínimo error, el problema es tuyo. En mi centro hay un chico con alergia que va con la adrenalina a todos sitios, pero ¿quién se atreve a ponerla?”.

La presencia de personal sanitario en los centros en que sea necesario es una vieja reivindicación de los sindicatos de educadores. Es algo que atañe “al propio concepto de un sistema educativo inclusivo, es decir, el que garantiza que todo alumno llegue al máximo de sus potencialidades. Si el alumno puede llevar una vida normal, el sistema tendría que acogerlo”, dice Carlos López Cortiñas, secretario general de la Federación de la Enseñanza de UGT. La realidad es que, hasta la fecha, en la mayoría de las comunidades existen protocolos -no obligatorios- para que los profesores sepan cómo actuar ante dolencias como la diabetes, pero poco más. “Llevamos tiempo diciendo que es un ámbito que está bastante abandonado. Una enfermera no sirve sólo para atender una situación ‘de botiquín’, un accidente, ni a niños con patologías crónicas que necesiten un seguimiento, sino también para toda la formación referida a temas de salud que se incluye en los currículos básicos, o cuestiones como la formación en hábitos saludables o cómo actuar en una situación de crisis”, dice José Luis Cobos, asesor del Consejo General de Enfermería.

Sin embargo, esta figura -“indiscutible”, según Cobos- sólo existe de forma reglada en comunidades como Valencia y Madrid, donde hoy trabajan 164 diplomados universitarios en enfermería en educación infantil, primaria y especial, en los centros en los que hay niños “que requieren una atención sanitaria previsible y estable”, según explica José Carlos Gibaja, director general de Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. “Ha habido otras iniciativas, pero muy tenues y no estructuradas”, prosigue Cobos. Eso a pesar de que, como señala Luis González, secretario de la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), “todas las enfermedades pediátricas están en las aulas”. La atención sanitaria no sólo prevendría crisis, sino que también serviría “para normalizar la situación de los niños. Por ejemplo, hay muchos que no hacen ciertas actividades físicas porque nadie les hace un sencillo control de glucemia”.

“Desde luego, el hecho de que hubiera un enfermero en los centros contribuiría a mejorar la situación, sobre todo cuando se trata de administrar medicación, en lo que hay un vacío legal”, cuenta Javier Korta, jefe de Sección de Neumología Infantil en el Hospital Universitario de Donostia y autor de El asma en la infancia y la adolescencia (Fundación BBVA), que recuerda que por ahora en casos de asma o alergia la situación se parchea con un consentimiento y un informe médico que los padres entregan a principio de curso indicando las pautas de medicación. “Un profesional podría, en el caso de niños con asma, actuar más rápidamente y evitar crisis graves que desemboquen en el hospital, y en alergias, evitar con adrenalina el shock anafiláctico“.

Evitaría, además, el sobreesfuerzo de padres como Cristina, una mujer también murciana con un hijo, Izan (7 años), que padece una fuerte alergia a la proteína de la leche. Cualquier champú, suavizante y por supuesto alimento que la contenga, incluso por mero contacto, puede producirle una reacción. Si llega a sus labios, puede ser aún peor: “Propuse que, para que no hubiera problema, los niños desayunasen en clase, y luego yo limpio todo resto de comida del aula y controlo que todos se laven las manos. Así me quedo yo tranquila y también él, que ya sabe cómo es un shock anafiláctico”.

Publicado en El Confidencial el 18 de abril de 2015

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Moda islámica ‘made in Spain’

“¿Moda islámica? Bueno, yo lo que hago es ropa, más que moda”. Con esa sencillez se expresaba a pocas horas del primer desfile de moda diseñada por musulmanas de España en la madrileña Casa Árabe una de las dos creadoras que han participado en él, Cintia Robles. Sus diseños -largos vestidos, abayas tradicionales, niqabs, túnicas, khimares– poco tienen que ver con los de la otra diseñadora que participó este viernes en el desfile, Nadia Zein, piezas coloridas y exuberantes pensadas para momentos especiales, no para la cotidianeidad. Ambas, sin embargo, surgen de una inspiración común: la constatación de una necesidad entre la cada vez más numerosa población musulmana en España (1.732.191 personas, según el último informe del Observatorio Andalusí).

“Cuando me convertí, hace seis años, me di cuenta de que es imposible encontrar en las tiendas comunes la ropa que necesitamos. Compraba en internet, en tiendas de Arabia Saudí y de Egipto, pero es muy engorroso por las aduanas, el precio, el tiempo que tarda en llegar…”, narra Cintia (36 años). Esta española, nacida en Vitoria (vive en Barcelona), había estudiado diseño de moda, participado en desfiles y trabajado para el grupo Inditex. Mientras estaba empleada se convirtió al Islam, y llegó la familia, trillizos nada menos, y aquello “era incompatible con el trabajo. Y no me veo yendo a una entrevista con el pañuelo. Empecé a hacer ropa para amigas, luego creé el blog, y ahora vendo también en una tienda online y por Facebook…”.

Foto: Colección Nadia Zein (Facebook).

Al escuchar que puede pensarse que su ropa ‘tapa’ la personalidad de quien la lleva, responde: “Es simplemente una cuestión religiosa. Yo antes llevaba minifalda. Ya no. Hay muchos tipos de musulmanas, como de cristianas, algunas se cubren más y otras menos, las hay más practicantes, y sienten esa necesidad de no enseñar su cuerpo”. Nadia Zein, musulmana desde que nació, hace 24 años, en Marruecos, en una familia “muy religiosa” -y educada desde hace 16 en Valencia, donde se formó como técnica superior de moda y vende en la tienda Diseños de Autor-, no siente, por ejemplo, la necesidad de cubrirse con un velo. Pero sí cuenta con amigas que la tienen, y que “además quieren llevar un vestido colorido y diferente, nada recto. O que no quieren llevar una abaya larga a un evento. O que quieren usar un vestido moderno, pero que no enseñe nada, sin escote… Yo intento jugar respetando sus necesidades. Por ejemplo, tengo un vestido que ellas pueden llevar con pantalón y otra mujer, sin él”.

Coinciden tanto Cintia Robles como Nadia Zein en que el mercado está creciendo, especialmente por las mujeres, como la primera, conversas españolas, o como la segunda, hijas de inmigrantes de países musulmanes, muchas nacidas ya en España, y que buscan un estilo cómodo y correcto en cuanto a la religión. “No hay tiendas para ellas”, recalca Zein, cuyos diseños -únicos para cada clienta y hechos a medida-, van de los 300 a los 600 euros. Robles, que vende túnicas por 17 euros y niqabs por 3, ríe: “El recurso más a mano para una musulmana en España son las chilabas marroquíes… Pero no tienen por qué gustarle, como no tiene por qué gustarle un traje hecho en Pakistán”.

Ambas mujeres diseñan, hacen el patrón y cosen, pero de sus manos salen creaciones ‘islámicas’ tan distintas como bien pudieran serlo las de dos diseñadoras de una hipotética ‘moda cristiana’, aunque con algo en común: cubrir una necesidad hasta ahora no satisfecha de algunas mujeres musulmanas. “Se puede abrir un mercado muy grande”, remata Nadia.

Foto: Colección Nadia Zein (Facebook).

Publicado en El Confidencial el 28 de marzo de 2015

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No habrá AVE rentable ni en medio siglo… aunque conviene seguir explotándolo

Fedea presenta dos estudios sobre el AVE y AENA, con conclusiones elocuentes, como la de que, en 50 años, los beneficios de la línea más rentable de alta velocidad no cubrirán ni el 50% de la inversión

“¿Qué hubiera pasado si no se hubieran construido los 2.000 km de alta velocidad que tiene España? Nada. Los pasajeros hubieran seguido yendo en avión”. La frase la pronunciaba esta mañana Ginés de Rus, coordinador del área de Infraestructuras de la Fedea, en la presentación de dos nuevos estudios de esta organización sobre la política española de infraestructuras… o, en sus palabras, la “falta de políticas de infraestructuras” que ha tenido este país hasta la fecha.

Los análisis se centran en dos sistemas sustitutivos, que han propiciado una “duplicidad absoluta, con exceso de capacidad y dimensión” y, en general, baja demanda: el AVE y la red de aeropuertos. En cuanto al primero, realizado por Ofelia Betancor, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Gerard Llobet, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, se centra en la rentabilidad de la alta velocidad española -en la que España es líder en km por habitante-, tanto económica como social.

Salvando las “dificultades” para conseguir algunos datos (manifestaba De Rus que la transparencia no es uno de los rasgos de nuestro AVE), el corredor más rentable, el de Madrid-Barcelona, tiene unos ingresos esperados en 50 años (considerando siempre los supuestos más favorables), de más de 5.094 millones de euros. Los costes variables (en mantenimiento, personal, etc.) superan los 1.630 millones, y la resta de ambos conceptos (más de 3.464 millones) sólo cubrirá -recordemos, en medio siglo- un 45,94% de la inversión, que fue de 7.541 millones.

En cuanto a la cuenta social (que analiza aspectos como los ahorros de tiempo de los pasajeros, el impacto en accidentes y congestión de carreteras, etc.), la relación entre los beneficios sociales, los costes variables y la inversión se queda en un 79,61% excluyendo, además, “los temas medioambientales, aunque consideramos que serían ampliamente negativos”, según señalaba De Rus.

En el resto de corredores, las expectativas son aún peores: la cuenta financiera se queda en que se recuperaría, en el mejor de los escenarios, un 11,37% de la inversión en 50 años en el Madrid-Andalucía; en un 9,6% en el Madrid-Levante, y en un -1,41% en el corredor Madrid-Norte de España, donde los ingresos de explotación no cubren ni siquiera los costes variables, lo que implica que cada año que opera esta línea hay que inyectar dinero o, en palabras de De Rus, que “a los viajeros hay que pagarles para que viajen”.

En resumen, según los autores: “Ninguna línea debería haberse construido”, aunque resulta razonable seguir operando los tramos ya construidos, salvo la línea del Norte de España, que ahora llega a Valladolid. Resumía el problema de la alta velocidad en el país Ginés de Rus: “En el mundo, la línea Tokio-Osaka, la París-Lyon y la Madrid-Sevilla cubren distancias similares. La primera tiene 130 millones de pasajeros al año, la segunda 25 y la tercera, cinco”.

Gestión de aeropuertos

El segundo de los estudios, llevado a cabo por Juan Santaló (Instituto de Empresa) y Pilar Socorro (Universidad de Las Palmas) analiza el proceso de privatización de AENA seguido en España, donde se ha optado por una privatización parcial minoritaria (49%), frente a la privatización separada de los diferentes aeropuertos. ¿Conclusiones? El modelo español impide la competencia entre aeropuertos, aunque ha proporcionado una calidad comparable a la media europea, y a costes competitivos. Sin embargo, la explotación en red da lugar a una “subvención cruzada” de aeropuertos que favorece, a su vez, que haya demasiados. “Seguramente no haya que cerrar todos los pequeños, pero en algún lado está la raya, y algunos probablemente no deberían haberse construido jamás”, aseguraba Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea.

Publicado en El Confidencial el 26 de marzo de 2015

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“El AVE en España ha sido un desastre en términos económicos, no políticos”

España es líder mundial en km de vía por habitante, y colista en pasajeros de una tecnología que sólo da beneficios sociales con alta demanda, según un estudio de FEDEA, del que Germà Bel es coautor

Un panorama, por lo general, desolador. Es la conclusión que parece extraerse del estudio que FEDEA presentaba esta semana sobre La experiencia internacional en alta velocidad ferroviaria. En todo el mundo, la alta velocidad se concentra en Europa occidental y Asia oriental, y sólo dos líneas han proporcionado rentabilidad económica clara: la japonesa Tokio-Osaka y la francesa París-Lyon. Añade el catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona Germà Bel, uno de los dos autores del informe -junto a Daniel Albalate-, que la china Jian-Quingdao va por el mismo camino, aunque recalca el hecho de que esto ocurra en una sola línea en toda China, el país con más kilómetros de red (11.067) y menores costes de construcción (entre 6 y 27 millones de euros por km, frente a los 15 como poco del coste mínimo español, sin contar estaciones y expropiaciones, entre otros, ni los costes de mantenimiento, de unos 100.000 euros al año por km).

En ese panorama internacional, España es líder: segunda en número de km (2.500) tras el gigante asiático y primera en términos relativos, con 54 km de alta velocidad por cada millón de habitantes (79 si se incluyen los tramos en construcción). Y es, sin embargo, el ‘farolillo rojo’ en cuanto a número de pasajeros por km de red, algo más de 10.000 frente a los más de 150.000 de Japón o los 61.000 de Francia, un país que ha llegado en alguna línea (la de Lyon) a recuperar el 100% de su inversión, y en la mayoría de ellas, como mínimo, el 30-40%, y “aun así han decidido suspender sine die, con una sola excepción, los nuevos proyectos”, recalca Bel.

En España no sólo no se recupera la inversión (ni se recuperará, si atendemos a las últimas noticias sobre el AVE España-Francia), sino que “ninguna línea tiene un retorno social positivo”, según explica este investigador, que aparte de su labor académica fue en su día portavoz de economía del Grupo Socialista en el Congreso (legislatura 2000-2004) y se ha mostrado siempre muy crítico con la alta velocidad en España.

Y es que el estudio no sólo se detiene en la rentabilidad económica, sino que analiza también, revisando la literatura internacional, el impacto y el retorno en la sociedad de la implantación de la alta velocidad. ¿Conclusiones? El AVE no genera más que una “inducción moderada” de nuevos desplazamientos, sustituyendo a otros medios de transporte, puede incluso tener un “impacto negativo” en cuanto a la actividad económica de ciudades pequeñas, puesto que su efecto es de “centralización de las actividades de servicios”, “no genera nuevas actividades ni atrae la inversión”, no tiene efectos más que “marginales” a largo plazo en el turismo (y, en todo caso, aumenta el número de visitantes, pero no el de pernoctas) y produce, teniendo en cuenta los costes públicos, un beneficio “desproporcionado para los usuarios de rentas más elevadas” (que son quienes usan el AVE).

Al teléfono, Bel es aún más contundente: “En España las obras del AVE han creado un problema, el de qué hacer ahora para que se use más, y no una solución. Y lo grave es que se siguen creando problemas: los 1.000 km nuevos de alta velocidad de este año”. En España, añade, su implantación “ha sido un desastre en términos económicos y sociales, de bienestar y de productividad, pero no en términos políticos o administrativos. José María Aznar, en su segunda investidura, dijo que el objetivo era poner las capitales de provincia a cuatro horas de Madrid [Diario de Sesiones del Congreso, p. 29]. Y Ana Pastor ha añadido que el AVE nos hace más iguales a los españoles. Pues bien, felicidades. En ese sentido, la política de la alta velocidad ha sido muy cara, pero también muy eficaz”, señala Bel, que tampoco ahorra críticas a los gobiernos socialistas: “En 2004 fueron a las elecciones con un programa de ‘racionalización’, y sin embargo construyeron 1.000 km más”.

¿Podría implantarse en España un sistema con una repercusión más positiva, en lo económico y en lo social? “El problema es que la idea aquí ha sido tener la infraestructura, y la de otros países, Francia por ejemplo, usarla. Y en España, además, se ha hecho todo con una estrategia de transporte de viajeros a 300 por hora. Sin embargo, hacer una nueva línea de esas características supone un coste que dobla el de transformar una línea convencional para los 200 km/hora, que además permite combinar su uso con el transporte de mercancías, como se ha hecho en Alemania”.

Publicado en El Confidencial el 14 de marzo de 2015

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“En la Comunidad de Madrid se está discriminando de forma bestial a los niños”

Una publicidad institucional lleva semanas hablando de la libertad de elección de centro educativo. Algunos de los padres que no tienen a sus hijos dentro del modelo bilingüe niegan que exista

Alumnos y padres del Ciudad de Zaragoza 'rodearon' el colegio y el instituto en una protesta. (Foto: AMPA Ciudad de Zaragoza)

Alumnos y padres del Ciudad de Zaragoza 'rodearon' el colegio y el instituto en una protesta. (Foto: AMPA Ciudad de Zaragoza)

“No podemos elegir si nuestro hijo será niño o niña. Si será, aunque lo intentemos, del Madrid o del Atlético. Ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación”. Con este anuncio, la comunidad presidida por Ignacio González lleva semanas anunciando el plazo de matrícula en sus centros educativos, que comienza la próxima semana -del 10 al 14 de marzo-,aparte de dar conveniente publicidad a una de las banderas de su Gobierno en la materia: la libertad de elección de centro que se materializó en 2013 en un decreto. Pero la realidad, dicen algunos padres (los de todos los chicos que aparecen en la foto, entre otros) es que esa libertad no existe para todos. No para todos los que han optado por una enseñanza no bilingüe en primaria, y, según dicen, se ven desplazados por los alumnos de los centros bilingües al pasar a secundaria. Al fin y al cabo, el programa bilingüe (en inglés) es la primera gran bandera educativa de la comunidad.

Valla contra valla. El colegio público Ciudad de Zaragoza, en el barrio de la Alameda de Osuna, más que lindar valla contra valla, la comparte con el instituto (IES) Alameda de Osuna. Durante mucho tiempo tuvo adscripción directa a él, es decir, los chavales tenían plaza asegurada directamente al pasar a secundaria si así lo querían los padres. Ya no. ¿Razón? El Instituto se hizo bilingüe, y el colegio no lo es. Y ahora el colegio tiene ‘adscripción múltiple‘ al instituto, es decir, sus alumnos entran por detrás de quienes la tienen única: los colegios bilingües. Los que queden fuera (algo que desde el AMPA temen que suceda ya el próximo año), tendrán que irse al IES Marqués de Suances, en San Blas, a cuatro km: 10 minutos en coche; 30 en transporte público y tres cuartos de hora andando.

El problema de los alumnos del Ciudad de Zaragoza no sólo es la distancia al IES Marqués de Suances. Así lo explica Javier Ybáñez, vicepresidente del AMPA del colegio: “El 70% de nuestro colegio suele optar en secundaria por un bilingüismo en francés, que sí existe en el IES Alameda. Por eso digo que no protestamos contra el sistema bilingüe en sí, sino por el hecho de que haya diferencias de trato; que unos tengan preferencia sobre otros. Por haber optado por un sistema no bilingüe en primaria no puede ser que se nos perjudique. Nosotros lo que defendemos es el derecho a elegir”. Curiosamente, el mismo derecho que dice defender la Comunidad de Madrid. “A los padres del Ciudad de Zaragoza se les ha garantizado de modo explícito y permanente que todo va a seguir igual. La cuestión es que el IES Alameda es bilingüe porque tanto el claustro como el consejo así lo han decidido. Y la adscripción de los colegios bilingües es a institutos bilingües”, recalca Pablo Hispán, Director General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.

Matiza Ybáñez que esa “garantía” de la que habla Hispán sólo se les da año a año y siempre después de las protestas de los padres. Y agrega José Luis Pazos, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Giner de los Ríos, muy crítica con el programa de bilingüismo: “Que la comunidad diga lo que es cierto: los padres no deciden en qué centro escolarizan a sus hijos, sino que tienen una serie de posibilidades de elección, no todas. En el Ciudad de Zaragoza ha saltado ahora, pero es algo que ocurre en todos los centros no bilingües de Madrid: son de segunda línea de escolarización, por detrás de los bilingües, para todos los institutos bilingües. Si estos no admiten más alumnado, se quedan fuera. Es probable que la situación explote en los próximos años”.

En algunos colegios, sin embargo, los padres relatan ya problemas. Habla, desde el ‘otro lado’ (el de los institutos bilingües), Carolina Llobet, presidenta del AMPA del IES Francisco de Quevedo: “Por número de plazas, al final acaban viniendo alumnos de un solo colegio, de adscripción directa y bilingüe. No hay mezcla social y se hacen guetos. Es un problema que nos atañe a todos: nuestros vecinos, nuestro entorno, se está quedando fuera”. Y Ana Serrano, del colegio (no bilingüe) Chile, que se ha quedado sin adscripción directa al Francisco de Quevedo: “Llamé a la comunidad y allí al menos una persona me dijo que el problema está en que no somos bilingües. Que cualquier otro colegio bilingüe tiene más derecho. ¿Y los niños de nuestro colegio no tienen derecho a aprender inglés? ¿No van a ser nadie nunca?”. E Inma Rebate, del colegio Los Almendros (Valdebernardo), en una situación muy similar al Ciudad de Zaragoza (no tiene adscripción directa al Instituto Valdebernardo, sino múltiple): “En el Valdebernardo no entramos, y llegar al otro instituto al que optamos, en Vicálvaro, supone 20 minutos andando, atravesando una carretera. O eso, o se puede coger el autobús que pasa por el llamado ‘súper de la droga'”.

“Está habiendo una discriminación desde el momento en que a los colegios bilingües se les da una adscripción única y a nosotros, múltiple. La libertad se ha quedado en nada. Se está discriminando de forma bestial a los niños por no haber plazas, algo que deberían haber previsto, porque la comunidad sabe el número de niños que salen de los colegios”, concluye. “Existe libertad de elección”, reitera Pablo Hispán, de Mejora de la Enseñanza. “La clave del programa es la voluntariedad. No hay centro bilingüe si no lo han pedido y votado las familias y el claustro. Además, todos los institutos bilingües reciben alumnos de centros que no lo son. El sistema garantiza la decisión de las familias que han optado por el bilingüismo como los de las que no”, añade, explicando que los IES bilingües tienen siempre una ‘Sección’ (en la que los alumnos cursan varias asignaturas en inglés) y un ‘Programa’ (dan cinco horas de inglés y una asignatura en ese idioma).

“A los niños que no dan nivel de inglés los segregan a ese ‘Programa’. No es una opción válida para los padres de nuestro colegio: podemos estar de acuerdo con que se aumenten las horas de inglés, pero no con que se dé ninguna asignatura en ese idioma. Ninguna asignatura es ‘sacrificable'”, asegura Alberto Quiñonero, presidente del AMPA del colegio (no bilingüe) Sierra de Guadarrama. El instituto de esta localidad se ha hecho bilingüe, así que si los padres de ese colegio quieren, como Quiñonero, seguir con un programa no bilingüe, tendrán que desplazarse a Collado Mediano, Villalba o El Escorial. “Los padres del Sierra de Guadarrama queremos que nuestros hijos aprendan a razonar y a entender en su lengua. Y por supuesto queremos que aprendan otra lengua, pero de una forma distinta a la que establece el programa bilingüe”.

Publicado en El Confidencial el 8 de marzo de 2015

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Las familias monoparentales, entre el escepticismo y el rechazo al ‘cheque’ de Rajoy

“Sólo esperamos que cumpla”. “Injusta”. Son algunas de las valoraciones que las asociaciones de monoparentales dan al ‘cheque’ familiar que anunció Rajoy y el viernes validó el Consejo de Ministros

Mariano Rajoy lo denominó ‘cheque familiar’ y fue una de las medidas ‘estrella’ que el presidente esgrimió en el debate sobre el Estado de la Nación para contentar a las clases medias a las que, según él, se les ha pedido “muchos esfuerzos” y “España debe mucho”. “Llega el momento de aliviar su situación”, dijo el presidente. Entre esos ‘alivios’ contabilizó la ampliación de la ayuda de los ‘cheques familiares’ que la reforma fiscal del Gobierno ya destinaba a familias numerosas o con ascendientes o descendientes con discapacidad -1.200 euros al año- a las familias monoparentales con dos hijos.

Rajoy -sin aportar cifras- anunció que así esta medida superaría el millón de familias, y los datos del Ministerio de Hacienda dictan que al menos 186.448 personas declaran el IRPF en situación monoparental -solteros, separados, divorciados, viudos- y con dos hijos menores. ¿Pero qué piensan los beneficiarios? Esta es la respuesta de algunas de las asociaciones en las que se agrupan:

Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Divorciados: “Todo tipo de ayuda sea bienvenida, aunque hay otras cuestiones que nos parecen más importantes, como potenciar la vivienda de alquiler social y la dación en pago”, dice Justo Sáenz, coordinador de esta confederación, que atiende a 1.800 personas al año y cuenta incluso con pisos de acogida en Rentería. Según sus datos, el primer año de divorcio, cerca del 70% de los hombres y del 20% de las mujeres tienen que volver a vivir con sus padres: “La familia monoparental es una de las grandes bolsas de pobreza, con la que la crisis además se ha cebado. No es raro que el paro afecte a ambas partes, y llega un momento en que no pueden pagar la hipoteca. El de la vivienda es su problema más acuciante”, asegura.

El ‘cheque familiar’ a familias monoparentales, es “una medida importante y necesaria, pero se tenía que haber tomado antes. Está forzada por la situación electoral, y nosotros sólo esperamos que Rajoy lo cumpla. También prometió la reforma de la ley del Divorcio, que hemos negociado con Gallardón y Catalá, y ya no hay fechas para llevarla adelante”, concluye Sáenz.

Madres Solas por Elección (Masola): “¿Por qué se nos equipara a las familias numerosas sólo en ese aspecto cuando ya una ley lo establecía hace años?”. La pregunta la lanza Rosa Maestro, fundadora de Masola y madre en solitario, porque así lo decidió, de dos hijas, y se refiere a la ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (disposición adicional sexagésima octava), que recoge, efectivamente, que en el plazo de un mes desde su entrada en vigor deberían haberse hecho las modificaciones legales necesarias para que las familias monoparentales con dos hijos fueran consideradas numerosas. La ley, hasta la fecha, no se ha cumplido, y ahora llega esta medida parcial “tarde, mal… y quizá nunca, porque habrá que esperar a que efectivamente llegue. Me parece que esta migaja entra dentro de la propaganda electoral”, sentencia Maestro.

“Las familias monoparentales con dos hijos tenemos todo tipo de ayudas… pero de las prometidas, nunca de las dadas. Siempre en elecciones nos sacan a la palestra, pero seguimos discriminadas por las leyes fiscales, en la sanidad, donde nos vetan la reproducción asistida, en la educación, en cuanto a la baremación para acceder a institutos, becas, comedores…”, añade Maestro, que no entiende “por qué las ayudas se desarrollan en función del tipo de familia. Habrá que ver quién las necesita realmente en función de la renta familiar”.

Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS): “Estimado señor Rajoy”. Así comienza la carta de respuesta que la presidenta de la federación, Carmen Flores, ha dedicado a la propuesta del presidente. “Es una medida injusta porque es una manera de no reconocer una vez más a las familias monoparentales como familias. El título de familia lo siguen teniendo quienes han tenido hijos dentro del matrimonio. Es también una forma de mirar para otro lado, sin ver que nuestro colectivo está creciendo [la federación lo cifra en 1,7 millones de familias], mientras que otros, como el de las familias numerosas, decrece”, sostiene por teléfono Flores.

La FAMS, de hecho, lleva tiempo reclamando una ley específica que abarque toda la diversidad monoparental como forma de reconocer a estas familias: “A los políticos se les llena la boca citándonos, como ahora, pero lo cierto es que no tenemos paraguas legal”, añade. Un ejemplo: la mujer que llegó a la federación con la negativa en la mano a un alquiler social por formar una “unidad familiar no permitida”. Es textual.

Para Flores, el ‘cheque’ anunciado por Rajoy es, además, “muy discriminatorio. Va a atender a situaciones ‘normalizadas’, pero hay muchas personas, mujeres sobre todo, que no van a poder acceder a él, porque no es un cheque, sino una desgravación, y muchas no tienen ni siquiera obligación de hacer la declaración por bajo nivel de ingresos”.

-Plataforma de Familias Monoparentales de Cataluña: “Estamos dolidas por esta historia. Se está confundiendo a la sociedad”, asegura Isabel Montoya, fundadora de la plataforma. “La dificultad no está tanto en que haya uno o dos hijos, sino en que hay un solo progenitor. Una persona y un salario no dan para más. Y la ayuda debería ser por ese concepto de familia monoparental”, sostiene. Y añade: “Han ido a por las familias con dos hijos sencillamente porque saben que son menos. La inversión que están haciendo a nivel de publicidad se queda en nada”.

Publicado en El Confidencial el 1 de marzo de 2015

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Españoles enfermos pero sin diagnóstico: “Es durísimo. Somos los raros entre los raros”

Cinco años de media para recibir un diagnóstico. A veces, diez. Otras, no llega nunca. “Te llegas a plantear si te tendrás que llevar a tu hija contigo cuando mueras”, dice el padre de una niña afectada

Carlos lleva 9 años sin diagnóstico. No puede hablar ni andar. (Foto: Estudio CmR)

Carlos lleva 9 años sin diagnóstico. No puede hablar ni andar. (Foto: Estudio CmR)

Las historias de Juan Miguel, Carlos y Sofía comparten comienzo: el de unos padres que se dieron cuenta de que “algo pasaba” con su hijo. A los pocos meses de nacer no levantaba la cabeza, o se quedaba demasiado tiempo tumbado, o no abría la mano como otros bebés. De ahí, a un rosario de médicos. De pruebas. De incertidumbre. Hoy, todos ellos saben que su hijo tiene una de las 7.000 enfermedades raras que existen, de esas que afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes (especialmente a niños), pero que, juntas, se estima que pueden alcanzar los tres millones de afectados en España. Al cabo de los años, sin embargo, los padres de Juan Miguel saben poner nombre y apellidos a las tres enfermedades raras que padece; los de Carlos y Sofía, después de casi una década de angustia, no.

Hoy sábado se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Desde la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) han querido conmemorar este día con una vistosa campaña de sensibilización a través de las redes sociales, Hay un gesto que lo cambia todo, y una reivindicación que destacan entre las muchas que aún tienen estas personas: la de que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar un acceso rápido y riguroso a un diagnóstico.

Hoy, la realidad es que el tiempo medio de espera está en los cinco años. Y en uno de cada cinco casos, transcurren diez o más. Sólo por Feder han pasado 3.160 personas, como Carlos y Sofía, que aún están realizando ese “peregrinaje”, como lo llama Juan Carrión, presidente de la federación. Son, según los define, los desfavorecidos entre los desfavorecidos: “Hay quienes llegan a fallecer sin diagnóstico. Desde FEDER solicitamos a los representantes de la administración que se establezcan protocolos y procedimientos de atención integral y especializada en cada una de las comunidades para poder acortar los tiempos de diagnóstico y que se dé una verdadera atención a estas personas”, recalca. Se trata, entre otros aspectos, de que se aseguren todas las actuaciones (análisis genéticos, por ejemplo) necesarias para llegar a un diagnóstico. Por poner un ejemplo: “La cartera básica de la Seguridad Social incluye ahora el cribado neonatal para siete enfermedades congénitas, y esto ni siquiera se cumple en todas las comunidades”.

Son los más desfavorecidos entre los desfavorecidos o, como se define Diana Martínez, la madre de Carlos, “los raros entre los raros”. A sus 9 años, no les quedan pruebas por hacer, salvo una, no cubierta: descifrar su ADN completo y llevarlo a una base de datos mundial por si hay algún otro caso como el suyo. Saben las consecuencias de su mal -Carlos no habla, no anda-, pero no su nombre. Y eso tiene consecuencias: “Te encuentras muy solo, porque no hay ningún sitio al que puedas ir a pedir ayuda. Estás como en un limbo. Y tiene unas necesidades concretas, por ejemplo, necesita un andador de más de mil euros… y como no tienes una enfermedad concreta no tienes derecho a ayuda”.

Como no tienen, o mejor dicho, no saben el nombre concreto de su enfermedad, tampoco saben cuál será el futuro de su hijo. Ni qué salud tendrá en un año. Ni si su otra hija, Carmen, tendrá algún problema si algún día quiere ser madre y resulta que la enfermedad hasta ahora anónima de Carlos es genética. “No sabes nada de nada”, resume Diana con un suspiro, y continúa hablando de cómo los padres de niños con enfermedades raras son trabajadores “incómodos” (a ella le invitaron a irse de su empresa) por tantas horas de médicos. Del “duelo” que los padres tienen que pasar, de nuevo solos, al comprender que su hijo no será nunca ni futbolista ni ingeniero. De cómo en la parte médica se ha avanzado algo y no en la educativa (a ellos les dan una hora de logopedia, “claramente insuficiente”, y hace tiempo les cerraron el colegio en el que estaba Carlos). De esa esa sensación que tiene de que quienes gobiernan piensan: “Mejor que se queden en casa y no incordien”. De cómo Carlos empezó a comunicarse con gestos y, ahora que no pueden pagar un logopeda, ya no los usa tanto.

Olivia y su hermana Sofía, que lleva 9 años sin diagnóstico.  Olivia y su hermana Sofía, que lleva 9 años sin diagnóstico.

Pero ni Blanca ni Enrique Recuero, padre de Sofía, suspiran demasiado. Parecen estar, como dice Enrique, en otra fase: “Conozco a muchos que están en la etapa anterior, de tristeza, de soledad, de abandono… Yo estoy en otra: cabreado. No puede ser que las asociaciones estemos haciendo el trabajo de la administración”. Blanca y Enrique han creado la asociación Objetivo Diagnóstico, que da voz a personas, que, como Enrique, un día escucharon un demoledor “tiene algo grave. Pero no sabemos qué es”. Su hija Sofía (también nueve años) tiene una discapacidad del 97%, que les costó, dice Enrique, muchísimo conseguir. Y eso que ella, Sofía, no hace nada sola: “Es un bebé de 25 kilos”. Un bebé que hace unas semanas, a los 9 años, les dio “una gran alegría”: dio cuatro pasos sola.

Enrique describe punto por punto qué viene después de escuchar esa frase: “Primero, la culpabilidad, porque piensas si has podido hacer algo o si es genético. A nosotros aún no nos han hecho estudio genético. Segundo, angustia, porque piensas que podría tener un tratamiento. Tercero, incertidumbre, porque no sabes dónde vas”. ¿Las reivindicaciones? Igual de contundentes: “Un registro de personas sin diagnóstico (el registro de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III tiene previsto incluirlos), que no se recorte en investigación, que desde el primer momento tengas asesoramiento sobre dónde ir y tus derechos, que haya un protocolo con o sin diagnóstico y que se trate a las personas alrededor del enfermo como a pacientes. Yo soy un enfermo. Yo padezco la enfermedad de Sofía”, dice.

Hay extremos en que la historia de Carlos y Sofía se parece mucho a la de Juan Miguel, un niño de 7 años que padece tres enfermedades raras (en la imagen, junto a su hermana Laura). En su caso, el primer diagnóstico (Enfermedad de Perthes) tardó un año. El segundo (osteodistrofia hereditaria de Albright), tres. Y el tercero (una malformación de Arnold-Chiari tipo 1), cuatro. A Juan Miguel lo ven cinco especialistas. Ha sido operado dos veces. Tiene un ligero retraso cognitivo y problemas de movilidad, y duerme enganchado a una máquina para que le llegue todo el oxígeno que necesita. Como Carlos y Sofía, ha pasado pruebas y pruebas. Su madre, Sonia, sabe que necesitará fisioterapia de por vida, una fisioterapia que le garantizará bien ella, bien alguna asociación. La valoración de su dependencia también le costó “bastante”. Y cuestan cada día los medicamentos. Y las ayudas ortopédicas.

Hoy, Sonia tiene para Juan Miguel diagnóstico pero no pronóstico. Pero lo peor, dice, fue al principio: “Salíamos del médico peor que entrábamos. ¿Tú sabes lo que es ir a una cita y que te digan que no es osteodistrofia… y a los seis meses te digan, con el mismo diagnóstico genético, que sí; y que te pidan después otra analítica que tarda seis meses. No saber qué le pasa a tu hijo es muy duro”, dice. Lo resume también Diana, la madre de Carlos: “Aun con el peor de los diagnósticos, sabiéndolo puedes luchar contra algo. Y sabes qué debes vigilar. Nosotros no, nosotros tenemos que estar a todo”. Valgan las cifras de FEDER: estar sin diagnóstico supone, en un 40,9% de los casos, no recibir ningún apoyo ni tratamiento. En un 26,8%, un agravamiento de la enfermedad. En un 26,7%, recibir un tratamiento inadecuado.

Concluye Enrique: “Yo siempre digo que no tengo meta. Tengo un trabajo: que Sofía y su hermana, Olivia, sean felices. Porque la verdadera meta sería saber que podré morirme tranquilo dejándola. Y la realidad es que te llegas a plantear si te la tendrás que llevar contigo. Porque no hay respaldo para las personas que no son productivas para esta sociedad”.

Publicado en El Confidencial el 28 de febrero de 2015

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Los niños españoles, aún ‘huérfanos’ de una ley integral contra la violencia

El Comité de Derechos del Niño de la ONU la pide desde hace años. Save the Children recoge firmas. Mientras, el Gobierno ha aprobado dos proyectos que recogen algunas medidas sobre el tema

Leonor fue la primera menor considerada oficialmente víctima directa de la violencia de género. Fue el primer caso (reconocido) de violencia infantil de género. Leonor murió asesinada por su padre, el 3 de abril de 2013, en Campillos, cerca de Antequera, mientras cumplía el régimen de visitas impuesto por un juez a pesar de la orden de protección de la que sí gozaba su madre. Tenía 7 años, su madre permanecía en Mataró, donde vivían, y su padre, su asesino, se ahorcó después de matarla.

Su caso, como suele suceder en la violencia contra la infancia, permaneció invisible durante mucho tiempo. A la postre es, sin embargo, fácil de identificar como violencia. Otros no lo son tanto: “La violencia contra los niños es algo dramático de lo que sólo conocemos la punta del iceberg. Existe mucha violencia en el ámbito familiar, en el escolar, en el de las nuevas tecnologías… Y buena parte está aceptada socialmente. El padre que le chilla a su hijo que es un inútil está ejerciendo sin darse cuenta una violencia que no aceptaría nunca contra él, y que atenta contra la dignidad de la persona”, sentencia Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, un organismo que lleva desde 2010 reclamando una ley integral en España frente a la violencia contra la infancia. Organizaciones como Save the Children llevan también tiempo exigiéndola, a lo que esta ONG suma ahora una campaña de recogida de firmas.

Este viernes, el consejo de ministros aprobaba dos proyectos de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia que abordan temas tan diversos como la adopción o el desamparo e incluyen referencias importantes a algunas formas de violencia, como por ejemplo el reconocimiento explícito de que los menores como Leonor sean efectivamente reconocidos como víctimas de la violencia de género. ¿Basta? La respuesta de Cardona es negativa: “No es algo que se pueda abordar con parches, sino que debe hacerse de forma integral, con medidas de sensibilización, prevención, estudio y represión de esta violencia y abarcando todos sus aspectos. Igual que una modificación del Código Penal o el Civil no bastaba para frenar la violencia de género, tampoco bastan medidas dispersas para la violencia contra la infancia”.

“Se necesita una ley orgánica, porque aborda un derecho fundamental, y una estrategia integral para coordinar las medidas”, secunda Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, que habla de “elevar el tono” frente a ella. La cuestión, según Sastre, es que faltan datos, estudios, coordinación entre los recursos ya existentes y creación de otros nuevos, prevención y mecanismos de reparación del daño, sensibilización y sensibilidad frente a un problema que “va mucho más allá del maltrato”. La ONU, de hecho, la define de manera amplia como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” y que asegura (en el Informe Pinheiro) que se da en todos los países, independientemente de la cultura, la clase o la educación, y que está socialmente consentida en todas las regiones del mundo. Incluida, sí, la garantista Europa.

En España, los datos están dispersos y en algunos casos son, según Sastre, “imprecisos”. El Registro Unificado de Maltrato Infantil habla de 9.060 notificaciones en 2012; las estadísticas, de 3.364 menores víctimas de delitos contra la libertad sexual en 2013; las estimaciones, de más de medio millón de niños, como Leonor, víctimas de la violencia de género.

Flor de Torres, fiscal delegada de Andalucía de Violencia a la Mujer y la mujer que peleó para que Leonor fuese considerada como víctima directa de la violencia de género, reclama desde su experiencia también esa ley integral: “Los problemas que tienen tanta envergadura, que engloban tantas situaciones, tantas aristas, si no se contemplan con una visión integral difícilmente pueden combatirse. Creo que la violencia contra la infancia va en el mismo camino que la de género. No podemos legislar en temas penales, civiles, sociales, de forma aislada, sino que todo tiene que venir armonizado por una ley que suponga una reforma a toda la legislación, que coordine todas las instituciones y en la que el único interés perseguido sea el interés superior del menor“.

Existe en este momento en el Congreso una subcomisión para abordar el “problema de la violencia contra los niños y las niñas”. Por eso consideran en Save the Children que es un momento oportuno para retomar la reivindicación sobre una ley integral, aunque, con la próxima disolución de las cámaras, es más que previsible que cualquier medida que esta proponga, más una ley orgánica, tenga que esperar a la próxima legislatura. Mª Luisa Carcedo, miembro del Grupo Socialista de esa subcomisión, se muestra prudente: “Habrá que ver en qué quedan y cómo funcionan los proyectos aprobados por el Gobierno”.

Macarena Montesinos, representante del PP en la subcomisión, resalta cómo estos dos proyectos, “que responden a las demandas de las asociaciones y del propio Gobierno, recogen puntos muy claros que queríamos que se reforzaran en la lucha contra la violencia a los menores, como el refuerzo frente a los abusos sexuales. Otra cosa es lo que se está trabajando en la subcomisión y las conclusiones que se deriven al final, pero para mí ahora lo que importa es que lo aprobado por el Consejo es una pieza clave en su protección”. Destaca Montesinos, además -y lo ha valorado positivamente Unicef- que ambos proyectos “hacen de España el primer país que incluye en su ordenamiento el interés superior del menor”.

Mientras esta subcomisión prosigue su marcha, Jorge Cardona menciona el modelo noruego, con una estrategia frente a la violencia que implica a diversos ministerios, y relata carencias de la realidad española: “Hoy”, dice, “cuando un niño es víctima de un delito va a un juzgado ordinario. No tiene un juez ni un fiscal especializados. En este sentido, está más protegido el niño que ha violado la ley que el niño que ha sido víctima de un delito”.

Publicado en El Confidencial el 21 de febrero de 2015

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El miedo de la plantilla de Sierra Nevada: ¿hay relación entre altitud e infartos?

“Otro compañero ha sido evacuado en helicóptero. Principio de ictus”. El mensaje lo envía el presidente del comité de Cetursa Sierra Nevada

Un peón desbloquea los telesillas en Sierra Nevada. (Foto: CCOO)

Un peón desbloquea los telesillas en Sierra Nevada. (Foto: CCOO)

“Hoy otro compañero ha tenido que ser evacuado en helicóptero. Tenía problemas arteriales, pero ha empeorado con parálisis facial y del brazo derecho. Principio de ictus”. El mensaje, vía What’sApp, llega el lunes por la noche. Es de Miguel Ángel Vargas Roldán, empleado veterano de la empresa que gestiona la estación de Sierra Nevada, Cetursa (con mayoría en su accionariado de la Junta de Andalucía), y presidente de su comité de empresa. Y añade una historia más a la lista de trabajadores de esta empresa que han sufrido problemas cardiovasculares, ictus, hipertensión, en los últimos años: “Los datos que tenemos son de uno o dos fallecidos o con incapacidad permanente reconocida por estas enfermedades al año [la plantilla es de 600 personas en invierno]”, señala Vargas. El pasado diciembre fallecía otro trabajador por infarto de miocardio, y desde 2009 hechos similares han llegado periódicamente a la prensa local.

La plantilla vive toda esta situación con “inquietud, preocupación y miedo”. Su sospecha es que los cambios de altitud a los que se someten los trabajadores cotidianamente pueden estar detrás de estas muertes: sus condiciones de Sierra Nevada son únicas, puesto que se desplazan cada día desde los 600 metros en los que están sus hogares a los 2.200 (en unos 35 o 40 minutos) o los 3.300 (en 20 minutos más), e incluso, según el tipo de trabajo, hay empleados -socorristas, maquinistas- que pueden estar constantemente cambiando de altitud. Como señala Vargas, “en otras estaciones, los esquiadores acaban donde empiezan en Sierra Nevada”. Y a esta altitud se suman las condiciones meteorológicas, también extremas: “Hoy mismo la sensación térmica en Borreguiles [2.625 m] era de 45 bajo cero”.

Desde hace más de una década ha habido movilizaciones y concentraciones en las que exigen que se estudie su caso y se adopten medidas de prevención que vayan más allá del electro que, según Vargas, les hacen cada año. Por ahora han conseguido, según asegura, que a los trabajadores de más edad o con problemas cardiacos los destinen a puestos de menor altura.

En cuanto al análisis de su caso, hace tres años se anunció que la Junta y Cetursa realizarían un estudio de riesgos laborales -a través del Instituto Andaluz de Prevención– que no ha llegado hasta este 2015. Este informe reconoce la ‘exposición a hipoxia hipobárica intermitente crónica’ (esto es, la exposición a un descenso en el aporte de oxígeno a los tejidos por la menor presión) como un “problema de salud laboral que afecta desde hace bastantes años a una gran empresa pública de Granada” y añade que hasta la fecha ha sido poco estudiado, pero entre sus conclusiones sólo admite que trabajar a una altitud de 2.600 metros aumenta el riesgo de problemas de consciencia (letargo, confusión) y ataxia (falta de coordinación) y desecha el que más preocupa a los empleados: la hipertensión. Es más, concluye que “trabajar a más de 2.600 metros disminuye el riesgo” de sufrirla.

El trabajo se basa en más de 200 entrevistas a los trabajadores, teniendo en cuenta sus patologías, las diagnosticadas y las que ellos mismos perciben. Y este es, precisamente, el punto de crítica: “Tiene mucho de encuesta, cuando lo ideal sería que a los empleados los hubieran controlado desde las 7 de la mañana, desde que salen de su casa, con un aparato para medir su tensión, por ejemplo”, señala José Carlos Sillero, asesor sindical de CCOO en Cetursa y secretario de salud laboral de FSC-CCOO de Granada. La petición radica, en suma, en un estudio in situ de cómo estos cambios de altitud afectan a su organismo, puesto que, como reconoce el propio informe de la Junta, existen contados estudios al respecto, y menos a largo plazo.

Sierra Nevada es la estación de mayor altitud de España. (Foto: CCOO)Sierra Nevada es la estación de mayor altitud de España. (Foto: CCOO)

El doctor Antoni Ricart de Mesones, vicepresidente del Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya y jefe de sección de Medicina Intensiva en el Hospital Universitario de Bellvitge (Hospitalet), afirma que en lo referente a infartos e ictus “habría que buscar otros factores de riesgo (sedentarismo, dieta), con mayor peso que la altura. Los eventos coronarios no son frecuentes en altura, más bien al contrario”. Sin embargo, en el caso de la hipertensión, “sí puede haber algo. Con la exposición a la altura, la primera respuesta fisiológica es aumentar el caudal cardiaco, lo que comporta un aumento de la presión arterial, que puede ser entre un 10 y un 20% más elevada que a nivel del mar”.

Un trabajo previo (de 2008), hecho por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña, CCOO y UGT señalaba que, entre los trabajadores que hacen labores el el exterior en las estaciones españolas y conocen su tensión, la hipertensión afecta a más del doble de los empleados de Sierra Nevada (14% diastólica – 16% sistólica) que del resto de estaciones españolas (5%-7%), y recogía su preocupación por los cambios de altitud, un “factor de riesgo a tener en cuenta”. Siete años después, Sillero sigue pidiendo en nombre de estos trabajadores “un estudio en profundidad. Y que la empresa se siente a hablar: la Comisión de Seguridad y Salud no se reúne desde hace un año. Aquí la salud es lo último”, denuncia.

Este periódico ha intentado hablar con algún responsable de Cetursa, sin resultado. Quizá porque la plantilla acaba de anunciar movilizaciones por la “preocupante gestión tanto económica [denuncian una pérdida patrimonial de 27 millones de euros en cuatro años] como laboral, pues peligra su viabilidad y el trabajo de personas que están poniendo su puesto por encima de su propia salud e incluso de su vida”. No descartan realizar una huelga a partir del 1 de marzo, aunque han pedido la “mediación” de la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Publicado en El Confidencial el 15 de febrero de 2015

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Hassanna Aalia: “España me niega el asilo por sus intereses económicos en Marruecos”

Condenado a cadena perpetua en Marruecos, Hassanna Aalia es ahora un ilegal en España. A la espera del recurso ante la Audiencia Nacional, habla de su caso y del Sáhara

Hassanna Aalia tiene 26 años. Pocos como para acarrear una década, desde 2005, en la que no recuerda un solo año sin pasar por una cárcel marroquí. Pocos como para relatar sin alterarse cómo en alguna de esas estancias en prisión le mantuvieron colgado de los tobillos. Pocos como para cargar a sus espaldas con una condena a cadena perpetua por la organización del campamento de Agdaym Izik, en el que, según Marruecos, murieron 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. La condena la dictó un tribunal militar, con él en rebeldía (se encontraba, y se encuentra, en España), sin derecho a defensa ni a recurso.

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denunciaron aquel juicio por carecer de garantías, y la ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, informó favorablemente para que España le concediese el estatuto de refugiado. Fue en vano. Interior se lo denegó en enero, y la pasada semana se cumplió el plazo para que saliera del país. Hoy es un ilegal. Javier Canivell, responsable del equipo jurídico de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR)-Euskadi, que ha asumido su defensa, explica sus próximos pasos: recurrir a la Audiencia Nacional en cuanto se les asigne procurador, pedir medidas cautelares y, si es necesario, recurrir al Supremo y a Europa, al Tribunal de Derechos Humanos. Estos últimos días, Hassanna Aalia ha recibido el apoyo público de 50 eurodiputados, políticos en España, activistas -con huelga de hambre incluida-, unas 150 organizaciones… Mientras, él dice que seguirá luchando por su pueblo y por los derechos humanos. Desde el País Vasco, donde vive, habla con El Confidencial del Sáhara Occidental, recuerda el libro de familia español de sus padres y abuelos, defiende la lucha (pacífica) y da su versión de lo sucedido en aquel campamento de Agdaym Izik y de su condena:

PREGUNTA: Es activista desde los 17. ¿Qué le llevó a ello?

RESPUESTA: Nací en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado. El pueblo saharaui vive desde 1975 separado en dos partes: el campamento de refugiados y la zona ocupada, donde está el ‘muro de la vergüenza’, el segundo más grande del mundo. Cualquier niño que nazca allí empieza pronto a tener preguntas: ¿por qué tenemos una cultura, un idioma, diferentes de los colonos marroquíes? ¿Por qué nos tratan diferente? ¿Por qué tenemos a nuestras familias en la otra parte? Y también empieza a sufrir por sus familiares desaparecidos o presos. A mí me pasó desde niño. En 2005, cuando se inició la lucha pacífica que sigue hasta hoy, estuve en las primeras manifestaciones. Desde entonces siempre he militado como activista de los derechos humanos.

P. ¿Cuántas veces ha estado detenido?

R. No me acuerdo, pero muchas. No creo que haya pasado un año en el que no haya estado detenido. Y he sido torturado. He sido maltratado.

P. ¿Qué torturas?

R. Te pegan, muchas veces te cuelgan de los pies y también te quitan la ropa, te dejan sin ella noches y días, con el frío… En fin, torturas.
Aalia, ante el campamento de Agdaym Izik.Aalia, ante el campamento de Agdaym Izik.

P. ¿Qué sucedió en Agdaym Izik en 2010?

R. El 10 de octubre se formó un campamento de 20.000 personas para conseguir derechos sociales y políticos. Montamos jaimas, un símbolo de nuestra cultura que también ataca Marruecos. Había mujeres, hombres y niños reivindicando estos derechos de una manera pacífica, y fue muy importante para nosotros: por primera primera vez en la historia del pueblo saharaui hemos conseguido vivir libremente en la zona ocupada. Duró 28 días y fue el inicio de la Primavera Árabe, como dijo Noam Chomsky.

P. ¿Cómo acabó?

R. El 8 de noviembre los militares y la gendarmería intervinieron contra la población. Antes, el 24, asesinaron a un niño de 14 años… Utilizaron armas en contra del alto el fuego firmado con el Frente Polisario. Hubo manifestaciones en El Aaiún, concentraciones, asesinaron a otras personas, entraron en las casas de los saharauis torturando allí a las propias familias, hubo meses de miedo, tortura y maltrato y hubo más de 200 presos en la Cárcel Negra de El Aaiún. A mí me detuvieron tres días y un tribunal civil me condenó a cuatro meses. Después salí varias veces del país, estuve en el Foro Social Mundial, también en Bilbao, tres meses… pero siempre volvía con visado, de forma legal.

P. Y llegó su condena.

R. Había viajado a Bilbao para un proyecto de activistas saharauis jóvenes en materia de derechos humanos. Al cabo de un mes y algo, en 2011, salió la busca y captura del tribunal militar, y en enero de 2012 presentamos la solicitud de asilo. En febrero de 2013 el tribunal militar me juzgó en rebeldía y me condenó a cadena perpetua. Fue un juicio ilegal, sin garantías y denunciado por AI, Human Rights Watch e incluso la UE y observadores internacionales. Nos acusaron de organizar el campamento, de secuestrar a los 20.000 saharauis que estaban en él, cuando no hubo ni una sola denuncia, y de asesinar a 11 militares, de los que no aparecieron ni los nombres, ni las autopsias… Nada. Y como armas presentaban cuchillos de cocina, móviles, walkie-talkies. Todo está en los informes de los observadores. Fue un teatro. Creo que con el juicio querían lanzar un mensaje de miedo a la población saharaui que lucha, para acabar con la resistencia pacífica.

P. ¿Qué teme si vuelve?

R. Me espera la cadena por vida, las torturas. E incluso pueden llegar a asesinarme como a Hassanna Luali, un preso político que estaba muy enfermo y al que no le dieron la asistencia médica.

P. ¿Por qué cree que el ministerio de Interior no le ha concedido el asilo?

R. Ha sido una sorpresa para mí, porque el caso es muy claro. Creo que detrás hay muchos intereses económicos que España tiene con Marruecos, y que no deberían estar por encima de los derechos humanos. España puede tener acuerdos con Marruecos, pero no por encima del pueblo saharaui. Mi abuelo, mi padre, todavía tienen el libro de familia de España.

P. ¿Sigue vigente esa deuda de España hacia el pueblo saharaui de la que tantas veces se habla?

R. Sí, y además España sigue siendo potencia administradora del territorio. Y todavía tiene el deber de que se celebre un referéndum por la autodeterminación. Otros países no abandonaron sus colonias hasta que arreglaron lo que tenían que arreglar, pero España salió y firmó un acuerdo ilegal, el Tripartito de Madrid.

P. Entiendo que usted defiende en todo caso la lucha pacífica.

R. Como activista de los derechos humanos creo en la lucha pacífica, pero en este momento estamos en un punto crítico. Muchos jóvenes en ambos lados están llamando a la guerra. Incluso el Frente Polisario, y eso me preocupa más, porque hemos sufrido mucho por la guerra y hemos perdido a muchas personas. Lo que queremos es la vía pacífica y el referéndum para que el pueblo decida.

P. Más allá de los pasos legales que ahora va a dar, ¿cuáles son sus planes de futuro?

R. Tengo muy claro, desde los 17, que voy a defender a mi pueblo, voy a defender los derechos humanos. No pararé.

Publicado en El Confidencial el 9 de febrero de 2015

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