El Comité de Derechos del Niño de la ONU la pide desde hace años. Save the Children recoge firmas. Mientras, el Gobierno ha aprobado dos proyectos que recogen algunas medidas sobre el tema
Leonor fue la primera menor considerada oficialmente vÃctima directa de la violencia de género. Fue el primer caso (reconocido) de violencia infantil de género. Leonor murió asesinada por su padre, el 3 de abril de 2013, en Campillos, cerca de Antequera, mientras cumplÃa el régimen de visitas impuesto por un juez a pesar de la orden de protección de la que sà gozaba su madre. TenÃa 7 años, su madre permanecÃa en Mataró, donde vivÃan, y su padre, su asesino, se ahorcó después de matarla.
Su caso, como suele suceder en la violencia contra la infancia, permaneció invisible durante mucho tiempo. A la postre es, sin embargo, fácil de identificar como violencia. Otros no lo son tanto: “La violencia contra los niños es algo dramático de lo que sólo conocemos la punta del iceberg. Existe mucha violencia en el ámbito familiar, en el escolar, en el de las nuevas tecnologÃas… Y buena parte está aceptada socialmente. El padre que le chilla a su hijo que es un inútil está ejerciendo sin darse cuenta una violencia que no aceptarÃa nunca contra él, y que atenta contra la dignidad de la persona”, sentencia Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, un organismo que lleva desde 2010 reclamando una ley integral en España frente a la violencia contra la infancia. Organizaciones como Save the Children llevan también tiempo exigiéndola, a lo que esta ONG suma ahora una campaña de recogida de firmas.
Este viernes, el consejo de ministros aprobaba dos proyectos de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia que abordan temas tan diversos como la adopción o el desamparo e incluyen referencias importantes a algunas formas de violencia, como por ejemplo el reconocimiento explÃcito de que los menores como Leonor sean efectivamente reconocidos como vÃctimas de la violencia de género. ¿Basta? La respuesta de Cardona es negativa: “No es algo que se pueda abordar con parches, sino que debe hacerse de forma integral, con medidas de sensibilización, prevención, estudio y represión de esta violencia y abarcando todos sus aspectos. Igual que una modificación del Código Penal o el Civil no bastaba para frenar la violencia de género, tampoco bastan medidas dispersas para la violencia contra la infancia”.
“Se necesita una ley orgánica, porque aborda un derecho fundamental, y una estrategia integral para coordinar las medidas”, secunda Ana Sastre, directora de Sensibilización y PolÃticas de Infancia de Save the Children, que habla de “elevar el tono” frente a ella. La cuestión, según Sastre, es que faltan datos, estudios, coordinación entre los recursos ya existentes y creación de otros nuevos, prevención y mecanismos de reparación del daño, sensibilización y sensibilidad frente a un problema que “va mucho más allá del maltrato”. La ONU, de hecho, la define de manera amplia como “toda forma de perjuicio o abuso fÃsico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual†y que asegura (en el Informe Pinheiro) que se da en todos los paÃses, independientemente de la cultura, la clase o la educación, y que está socialmente consentida en todas las regiones del mundo. Incluida, sÃ, la garantista Europa.
En España, los datos están dispersos y en algunos casos son, según Sastre, “imprecisos”. El Registro Unificado de Maltrato Infantil habla de 9.060 notificaciones en 2012; las estadÃsticas, de 3.364 menores vÃctimas de delitos contra la libertad sexual en 2013; las estimaciones, de más de medio millón de niños, como Leonor, vÃctimas de la violencia de género.
Existe en este momento en el Congreso una subcomisión para abordar el “problema de la violencia contra los niños y las niñas”. Por eso consideran en Save the Children que es un momento oportuno para retomar la reivindicación sobre una ley integral, aunque, con la próxima disolución de las cámaras, es más que previsible que cualquier medida que esta proponga, más una ley orgánica, tenga que esperar a la próxima legislatura. Mª Luisa Carcedo, miembro del Grupo Socialista de esa subcomisión, se muestra prudente: “Habrá que ver en qué quedan y cómo funcionan los proyectos aprobados por el Gobierno”.
Macarena Montesinos, representante del PP en la subcomisión, resalta cómo estos dos proyectos, “que responden a las demandas de las asociaciones y del propio Gobierno, recogen puntos muy claros que querÃamos que se reforzaran en la lucha contra la violencia a los menores, como el refuerzo frente a los abusos sexuales. Otra cosa es lo que se está trabajando en la subcomisión y las conclusiones que se deriven al final, pero para mà ahora lo que importa es que lo aprobado por el Consejo es una pieza clave en su protección”. Destaca Montesinos, además -y lo ha valorado positivamente Unicef- que ambos proyectos “hacen de España el primer paÃs que incluye en su ordenamiento el interés superior del menor”.
Mientras esta subcomisión prosigue su marcha, Jorge Cardona menciona el modelo noruego, con una estrategia frente a la violencia que implica a diversos ministerios, y relata carencias de la realidad española: “Hoy”, dice, “cuando un niño es vÃctima de un delito va a un juzgado ordinario. No tiene un juez ni un fiscal especializados. En este sentido, está más protegido el niño que ha violado la ley que el niño que ha sido vÃctima de un delito”.
Publicado en El Confidencial el 21 de febrero de 2015
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