50 días tras los muros de un CIE

“De nuevo son las 8.30 de la mañana. Nos despiertan con las mismas malas formas con las que nos tratan todo el día, como si fuéramos trozos de algo sin sentimientos. Comienza un nuevo día igual que los otros 50 que he pasado ahí. ¿Por qué?”.

La pregunta la lanza Eron*. 18 años, nacido en Albania. Eron es una de las 8.814 personas que pasaron por un Centro de Internamiento de Extranjeros español (en su caso, el de Aluche, en Madrid) en 2017, según las cifras que ofrece el Informe CIE 2017, del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), presentado el pasado jueves. Entre ellas, el Ministerio de Interior reconoce que se identificó a 48 menores. Las nacionalidades más repetidas fueron la argelina (31%), marroquí (18%) y costamarfileña (13%).

El título del estudio del SJM es expresivo: “Sufrimiento inútil: los nuevos lazaretos”. La RAE define lazareto como un “establecimiento sanitario para aislar a los infectados o sospechosos de enfermedades contagiosas”. En épocas pasadas, con él se designó a las construcciones fortificadas de los puertos en las que se recluía a la tripulación y el pasaje de barcos mientras pasaban la cuarentena. En 2017, los que entran en los modernos lazaretos no llegan en barco, sino en patera o en una lancha neumática, a veces casi de juguete.

De hecho, la mayoría de las personas retenidas en los CIE (85%) lo fue por un expediente de devolución, es decir, fueron interceptados cuando entraban en España de forma ilegal (83%). Pasaron, en su mayoría (80% del total), directamente de la patera al CIE. “Ninguno de los que vinieron en patera ha visto las calles, ni siquiera saben cómo son. Es duro. Hay chicos que aún no han contactado con sus familias. A veces, la gente pierde la esperanza”, cuenta otro interno en las instalaciones de Aluche.

Son muchos menos los recluidos a causa de un expediente de expulsión por estancia irregular en España (9,4%), es decir, los que ya llevan aquí un tiempo. A veces décadas. Es el caso de Fátima, una marroquí de 27 años que vivía desde los tres en España y, tras pasar por el CIE, fue expulsada y separada de su hijo, nacido a este lado de la frontera: “El día que entras en el CIE sientes que eres persona con todos los derechos que tiene cualquier ser humano en un país de la UE. Pero no. Entras y te conviertes en un títere. Luego empiezas a pensar que un juez está a punto de destrozarte la vida. Ninguno de los que han tenido mi caso en su mesa han tenido un poco de amor no para pensar en mí, sino en que mi hijo se queda en un país y a su madre lo mandan a otro”.

Cierran la lista de internos los inmigrantes retenidos allí por haber cometido un delito o infracción o por sustitución de pena (4,7%). Y es que los CIE, según señala el citado informe, han consolidado este año la tendencia de los últimos tiempos: son “herramientas al servicio de la lucha contra la inmigración irregular” para “garantizar la rápida repatriación con las menores garantías”.

Su eficacia en estos procesos de repatriación ‘rápida’, sin embargo, es limitada. Prueba de ello es que por mucho que la legislación asegure que estos centros no penitenciarios están “destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso”, un 61,98% de los inmigrantes que salieron el pasado año de ellos fueron puestos en libertad. Es decir, los 26,63 días que, de media, pasaron encerrados (el máximo son 60 días) no sirvieron para proceder a su salida de España. ¿Cuál es su función, entonces? Se trata de lanzar más bien un mensaje de seguridad a la población española, “para que la opinión pública sienta que se controlan las fronteras”, interpreta el informe.

[Gráfico con las nacionalidades de los internos./ SMJ con datos del Ministerio del Interior]

Los CIE son “zonas grises” que se caracterizan “por la opacidad y la impunidad policial, con condiciones de vida deficitarias, que incumplen incluso su propio reglamento de funcionamiento”, según afirma Mª Carmen de la Fuente, vicepresidenta del SJM. De la Fuente cita como ejemplo los sucesos de finales del pasado año en las instalaciones del proyecto del centro penitenciario de Archidona (Málaga), que se usó, “en fraude de ley” para internar a 577 personas recién desembarcadas en la Frontera Sur. Allí se suicidó uno de los internos, Mohamed Bouderbala.

“Reclamamos el cierre de los CIE y el desarrollo de alternativas a la detención, como la inversión en centros abiertos de estancia temporal”, apunta De la Fuente. Una meta difícil cuando “ningún Gobierno europeo se plantea el tema de la detención; esto va a peor”, según explica José Ignacio García, director regional del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). Mientras, su organización exige al nuevo ministro de Interior Español, Fernando Grande Marlaska, al menos, “unas condiciones dignas”.

Su relato se suma a las preocupaciones que revelan algunos de los autos de los jueces de control de los CIE. El de Aluche, Ramiro García de Dios, habla del “encierro en establecimientos de peores condiciones materiales que las prisiones “, y pide “el cierre de esta barbarie”. Por su parte, el Defensor del Pueblo ha dictado recomendaciones en torno a la necesidad de reformar o clausurar (en el caso del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas) algunos centros, limitar el número de internos por habitación, contar con personal de enfermería las 24 horas o facilitar la información en varios idiomas. Ha denunciado además deficiencias en la asistencia social y jurídica, con limitaciones a las ONG que, como el SMJ, acuden a visitarlos, un acompañamiento esencial para prevenir violaciones de los derechos humanos y dar curso a sus quejas. También para que se conozca fuera qué sucede en esas “zonas grises” del sistema.

“Los internos querían que contáramos su historia. Nos dicen que en los muros del CIE sus voces no encuentran más que su propio eco”, dice Marta Sánchez-Briñas, abogada de SJM. Y sigue ella haciendo que la voz de Eron resuene fuera de esos muros: “Tengo miedo a esta cárcel, pero quizá salir signifique la deportación”. Resuena también la historia del hombre ciego que, en el CIE de Barcelona, tenía que ir siempre acompañado por otro interno, al patio, al comedor, al lavabo. La del chaval marroquí que llegó en los bajos de un camión y que, a pesar del documento oficial que demostraba su minoría de edad, fue sometido a varias pruebas para determinar ese dato y afrontó el anuncio de un vuelo de expulsión. O la de la chica de Guinea Conakry, a todas luces menor y posible víctima de la trata (entre otros indicios, no había sufragado su viaje), a la que nadie quiso hacer esas mismas pruebas. O la del hombre al que se le negó el tratamiento psiquiátrico, a pesar de que se autolesionó al entrar y había informes que señalaban su internamiento previo en un centro psiquiátrico.

Salvo este último, que volvió a Argentina, donde no tenía ya a nadie (su familia residía en España), todos ellos fueron puestos en libertad tras pasar por un CIE. Si se tiene en cuenta la eficacia de los CIE (61,98% de los recluidos salen en libertad), la relativa arbitrariedad de los internamientos (se interna sólo a una cuarta parte de los que entran en España de forma ilegal, 28.572 personas en 2017) y el sufrimiento que generan, al “¿por qué?” que lanzaba Eron cabe añadirle otra pregunta: ¿para qué?

* Los nombres de los internos son ficticios.

Publicado en Cuarto Poder el 9 de junio de 2018.